El futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, fue contratado por un bufete de abogados, como experto, para presentar un informe sobre la legislación vigente en Uruguay, relativa a la promoción de inversiones, bastante tiempo antes de ser designado para el cargo que asumirá con el gobierno de Luis Lacalle Pou. Por tratarse de un asunto que dirime un tribunal internacional, se presenta en calidad de tal. Punto. Hasta ahí, la información pura y dura.
La historia comenzó a mediados de 2010, bajo la presidencia de José Mujica, cuando se divulgó la ubicación de yacimientos de entidad para la extracción de hierro, con la participación del Estado uruguayo en las utilidades del emprendimiento, en tanto dueño del mineral.
La minera Aratirí estaba radicada en el país desde 2007 y desde entonces realizaba prospecciones desde Valentines hasta Las Palmas, es decir, entre los departamentos de Durazno, Treinta y Tres y Florida. La amplia franja, que involucraba a más de 100.000 hectáreas, era el área de búsqueda por parte de esta empresa multinacional. Por esos años, las autoridades gubernamentales aseguraban que los riesgos de la explotación minera eran mínimos y que con controles eficaces, cualquier daño se minimizaba. Por lo tanto, calificaron el proyecto como totalmente viable.
También se mostraban convencidos del alto impacto en el desarrollo local tanto de Valentines, como de Cerro Chato y ponderaban al recurso minero como finito, porque una vez agotado el material, la empresa se retiraba.
A pesar de que el único nombre que aparece sobre la polémica mesa es el del futuro jerarca, debemos recordar que Fernando Puntigliano –quien venía de la titularidad de la Administración Nacional de Puertos y después fue jerarca de la Intendencia de Montevideo– era el Country Manager de Aratirí, por esos años.
Puntigliano calculaba volúmenes de producción en torno a 18 millones de toneladas anuales con destino a la industria siderúrgica en China. Pero existía, además una posibilidad de abastecer al mercado argentino. La salida del mineral se haría por una terminal portuaria en un terreno ubicado en Rocha. Por esos años, calculaban la inversión del puerto en 700 millones de dólares y otros 22,5 millones para la expropiación de terrenos. En el año 2011, comenzaron las movilizaciones de vecinos residentes en la zona e integrantes de la sociedad civil organizada, contrarios a la instalación del proyecto minero a gran escala por considerarlo “una de las actividades extractivas más contaminantes del planeta”. Obligaba al desplazamiento de familias asentadas en la zona por varias generaciones, la desviación de cursos de agua, la destrucción del suelo y la afectación al turismo.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, el subsecretario Edgardo Ortuño y el director de Minería, Pier Rossi, concurrieron a la Comisión de Industria del Senado, con el objetivo de exponer sobre las futuras modificaciones que se realizarían al Código de Minería. Mientras el país ajustaba su legislación –en 2010 regía el Código Minero de 1982– continuaban las negociaciones con la empresa de capitales indios. El cambio principal –entre otros– se encontraba en el Canon Minero e implicaba una transformación al sistema Ad valorem, es decir, a través de la facturación de lo que vende o exporta. En 2015, el Poder Ejecutivo envió otra modificación a la ley y argumentó que lo hacía a fin de evitar que caducara el plazo para firmar con Aratirí. Pero los años pasaban y los precios que rigen en el mercado internacional iban en picada. En tanto, la empresa solicitó modificaciones a la instalación del puerto de aguas profundas por la “dureza del suelo”.
El gobierno lo negó y el proyecto comenzó a ir para atrás. Además, cuando Aratirí manifestó interés en la inversión, el hierro estaba a 187 dólares, pero se desplomó a 73 y para que sea rentable la extracción, la propia empresa aseguraba que debía ubicarse en torno a 90 dólares.
El último cambio a la ley, que se hizo en 2015, era para evitar lo que ocurre precisamente en Washington: un juicio internacional donde el Estado uruguayo tiene que argumentar que no es un estafador. La empresa aseguró que invirtió 300 millones de dólares en investigación.
A mediados de 2018, la empresa formalizó una demanda internacional contra Uruguay por 3.536 millones de dólares por daños y perjuicios e incumplimiento del Tratado de Protección y Promoción de Inversiones. A partir de entonces, el Estado comenzó a trabajar en su defensa. En setiembre de ese año declaró “confidencial” toda la información que surja de la demanda arbitral. Ahora pretende hacerse un escándalo de una negociación que concluyó en marzo de 2016, con la caída de los precios del hierro.
Parece una costumbre que las empresas se equiparen a Estados soberanos ante tribunales internacionales, pero la legislación existente ya anunciaba que las concesiones de prospección y exploración no generan derechos de explotación. Por lo tanto, los gastos de investigación y demás, corren por su estricta cuenta. Para la concesión, hay que firmar un contrato. Y para la firma de un contrato, hay que cumplir los plazos. A pesar del aplazamiento por un año, Aratirí no cumplió los requisitos. Las modificaciones a la ley, en 2015, se hicieron para conveniencia de la empresa, pero como el proyecto quedó en el papel, entonces, no hay nada. Todos especularon: lo hizo el gobierno y lo hizo una empresa sin antecedentes. Conviene, ahora, no desviar la atención para saber por qué estamos en Washington.