(MEF-EL PAIS)
El gobierno de José Mujica finalizó su mandato con un déficit de 3,4% y la actual administración esperaba dejarlo en 2,5%, sin embargo, el gobierno de Tabaré Vázquez cierra con un déficit fiscal de 4,7% del Producto Bruto Interno (PBI).
De acuerdo al informe publicado el viernes por el Ministerio de Economía y Finanzas, el resultado global del sector público no financiero cerró con un déficit de 2,9% del PBI. El informe toma en cuenta los ingresos obtenidos por la ley que atiende la situación de los llamados “cincuentones” y deja afuera los intereses del Banco Central. Según el analista económico de Subrayado Nicolás Lussich, si se agregan los intereses del Banco Central el déficit sube 0,5 puntos porcentuales, y si se quita el ingreso extraordinario de la solución votada para los “cincuentones” –producto de una ley aprobada en el Parlamento, no de un beneficio estructural– se agrega 1,3 puntos más al déficit, llegando así al -4,7% final. Eso equivale a U$S 2.665,5 millones.
Ese dato es el más alto para un año calendario desde el 6,2% del PBI que marcó en 1989, y determinó que el gobierno entrante de Luis Alberto Lacalle Herrera hiciera un ajuste fiscal. Esa comparación ha sido cuestionada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.
En el gobierno electo de Lacalle Pou, omite utilizar la palabra ajuste y habla de ahorro en el gasto. El objetivo de este ahorro es alcanzar los U$S 900 millones en el primer año, es decir 1,6% del PBI.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que “el resultado fiscal del sector público no financiero se ubicó en 2,9% del PBI en 2019”. Es una variación de 0,9 puntos del Producto respecto a 2018.
El MEF antes informaba el resultado “global del sector público consolidado”, que incluía al Banco Central (BCU). Desde julio excluye al BCU y lo informa por separado tal como indica el manual de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), una suerte de guía mundial. El resultado del BCU fue deficitario en 0,5% del PBI (frente al 0,9% del Producto en 2018). Por lo que el resultado global del sector público consolidado da un déficit de 3,4% del PBI (en 2018 había sido 2,9% del Producto).
Según Astori la comparación con 1989 no procede porque “ese análisis es de una superficialidad total”. En entrevista con El País publicada el pasado 27 de diciembre, Astori afirmó que “hace 30 años Uruguay tenía debilidades de todo tipo en materia macroeconómica y así nos fue cuando vivimos la gran crisis de principio de siglo. ¿Qué sentido tiene comparar el resultado fiscal de hoy con el de hace 30 años? Ningún sentido, porque son países distintos de los que estamos hablando”. También cuestionó que “el tema fiscal se analiza con un sentido de urgencia y gravedad, y por favor quiero que me entiendan bien, que no tiene correspondencia con la realidad”. Señaló que “Uruguay tiene que tener una trayectoria más tranquila hacia un mejor resultado fiscal”.
FALLAS EN EL SISTEMA
(EL OBSERVADOR)
Más de 2.000 personas cambiaron de mutualista ayer, en el primer día de la apertura del corralito mutual, luego de dos años sin que los usuarios pudieran cambiarse de prestador de salud. Ante la importante demanda de usuarios que pretendieron hacer uso del derecho a cambiar, se registraron demoras y el sistema informático se cayó, por lo que debió ser reformulado.
Según informó el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado la demanda fue sorpresiva y generó que determinados parámetros del sistema debieran ser reformulados. Se informó que el sistema cayó unos minutos, lo que ocasionó demoras temporales que fueron atendidas y luego funcionó con lentitud, hasta que se hicieron los cambios y el sistema de Movilidad Regulada (MORE), siguió funcionando normalmente.
“Pedimos disculpas a las instituciones y a los usuarios que debieron esperar más de lo razonable para poder ejercer su derecho al cambio de institución. Les informamos que con los nuevos recaudos tomados logramos mejorar los tiempos para realizar cada trámite”, señaló el comunicado.
Hasta el 28 de febrero los usuarios tendrán la posibilidad de cambiar de prestador de salud sin tener que informar sobre los motivos a las autoridades sanitarias, después de dos períodos en los que –desde febrero de 2017– el gobierno decretó el cierre del corralito mutual por la proliferación de afiliaciones irregulares, de las cuales una treintena terminó en la Justicia. Hay cerca de 1,7 millones de personas en condiciones de cambiar de mutualista, dejar o pasarse al servicio de salud del Estado. “No somos futurólogos, pero en los últimos períodos el porcentaje de personas que decidieron cambiar de prestador estuvo en el entorno de 4%, así que es posible que ese dato se mantenga”, sostuvo Jorge Basso, según un comunicado del MSP. Los trámites para el cambio de mutualista deberán hacerse ante la institución en la que se desea ingresar con el documento de identidad.