Aunque todavía estamos en pleno embate de la pandemia, y la incertidumbre es el común denominador, hasta para naciones con mucha mayor “espalda” financiera e infraestructura que el Uruguay para hacer frente a las consecuencias de la catástrofe mundial, cada vez con mayor énfasis y perentoriedad debemos analizar alternativas enmarcadas en el plan de acción que debería instrumentarse desde “el día después”, el que a la vez, además de evaluarse en base a los avatares que acarree la epidemia, también es condicionado por el “día antes”, es decir cómo se encontraba el país antes de que se desatara la plaga.
En este marco debe evaluarse positivamente que la Intendencia Departamental de Paysandú haya presentado su proyecto de Bonificaciones Tributarias por Emergencia Sanitaria COVID-19, que deberá ser aprobado por la Junta Departamental y promulgado por el intendente Mario Díaz.
La iniciativa contempla que una vez transcurrida Semana de Turismo, empresas y particulares que podrían ser incorporados al plan de bonificaciones podrán contactarse con la comuna para que sus casos comiencen a ser considerados.
Díaz anunció que “hemos presentado este proyecto al Centro Comercial e Industrial de Paysandú, al Pit Cnt, a las tres bancadas de la Junta Departamental y a Adeyom”, con la salvedad de que pese a que la Junta Departamental no se está reuniendo la vigencia es retroactiva al 13 de marzo, “y en este período en el que la Junta esté cerrada podremos avanzar en el estudio de los casos que se presenten, de las empresas de todo tipo, tomando determinaciones, que quedarán activas una vez la Junta lo considere”.
El principal requisito es que, al término de la emergencia sanitaria, las empresas reincorporen “al 80% o al 100% del personal enviado al subsidio por desempleo para poder recibir la exoneración de tributos y tasas de la Intendencia. Apostamos al trabajo, queremos que esto sea un elemento que recupere rápidamente el flujo de empleo en el departamento”, expresó el jerarca, a la vez de explicar que también habrá exoneraciones en caso de personas que sean afectados por la epidemia a través del desempleo o despidos, con única propiedad.
Por supuesto, se trata de un paliativo para el desenvolvimiento empresarial o familiar ante la emergencia, pero no es la respuesta contundente ni mucho menos la solución para la economía, desde que responde al plano tributario municipal, que no es el gran costo que tienen empresas y familias, a la vez que implica un renunciamiento fiscal de entidad por ahora difícil de estimar.
Es sí una actitud plausible ante las necesidades de empresas y ciudadanos del departamento, como así también va a ser necesario hacerlo a nivel nacional para recomponer el tejido socioeconómico seriamente afectado por la semicuarentena que se trazó como estrategia el gobierno ante la crisis sanitaria, y eventualmente mantener cierta actividad económica para que no resulte tan bajo el piso desde donde encarar la recuperación.
Bueno, el día después representa a esta altura una gran incógnita, porque dependerá de la extensión de esta cuarentena voluntaria, la forma gradual en que se vaya saliendo de las restricciones y las medidas que podrán adoptarse en lo nacional y global para reactivar la economía malherida, porque hay que tener en cuenta que la pandemia se nos vino encima cuando nuestro país presenta la situación más vulnerable en más de una década, debido a la tendencia declinante que se acentuó en los últimos gobiernos del Frente Amplio.
La magnitud de los problemas con que se entregó el gobierno del país al nuevo gobierno queda de relieve en los números por una serie de datos que se han divulgado en los últimos días, pero que solo confirman lo que todo ciudadano bien informado ya estaba en condiciones de evaluar.
La tendencia declinante de la economía en el último cuatrimestre de 2019 se confirmó en enero y febrero, donde el déficit fiscal alcanzó rotundamente el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (entre 2.500 y 2.800 millones de dólares anuales), acompañado por altos valores de desempleo, cierres de empresas, envío al Seguro por Desempleo y caída general de la economía, a la vez de dejarse incólume el elevado gasto público.
Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) han confirmado que durante 2019, y en forma creciente, han aumentado sensiblemente los índices de indigencia y de pobreza en el Uruguay.
Esto forma parte del “día antes” a que nos referíamos, que condiciona al máximo el “día después” que debemos afrontar con menguados recursos y demandas sociales exacerbadas ante la crisis, lo que deja expuestas en toda su magnitud cuales son las consecuencias de haberse actuado en forma desaprensiva y prescindente en tiempos de la bonanza –que venía del exterior–, al gastarse todos los recursos extra como si hubieran caído del cielo, y encima incorporar costos fijos al Estado.
Lo resume claramente el director ejecutivo del instituto Ceres (Centros de Estudios de la Realidad Económica y Social), Ec. Gustavo Tolosa, cuando señala al suplemento Economía y Mercado, de El País, que tras la pandemia, “empresas y hogares quedarán con un patrimonio más debilitado, lo cual les generará por un tiempo considerable, dificultades de acceso a crédito, y la necesidad de cautela y austeridad para restablecerlo.
Eso quitará dinamismo a la actividad económica. Dadas las pérdidas totales que muchos sufrirán habrá muchos desalentados para realizar emprendimientos, restándole vigor a la economía. El mayor endeudamiento estatal implicará mayores intereses de deuda que quitarán espacio fiscal y quizá menor margen de financiamiento”.
Pero el mayor endeudamiento es inevitable, porque se necesita un shock en la economía, inyectar recursos para dar inicio a un circuito de reactivación y reciclaje de dinero que haga viable recuperar fuentes de trabajo y proyectar la producción en un mundo en el que aparece un horizonte recesivo creciente.
De lo que se trata es de tener inteligencia, visión y disposición para canalizar estos recursos hacia los sectores clave con especial incidencia para la dinamización económica. Y ese es sin duda uno de los mayores desafíos que tiene el gobierno y el Uruguay todo.
