Pedro Dávila Collazo, dirigente del Partido Nacional, consideró que “resulta lastimoso ver y leer cómo parte del sistema político y de los grupos de poder, haciendo de las suyas, en forma directa e indirecta, agitando, cuando debemos entender entre todos, que estamos ante una muy delicada situación de salud, que involucra a todos los habitantes de este bendito país”.
“En función de ello debemos pensar y actuar conforme al interés general, regulado en el artículo 7 de la Constitución de la República. A pocos días del inicio de este período de gobierno, no parece oportuno, ni adecuado agitar, cuando el gobierno anterior, durante los meses de enero y febrero de 2020, no adoptó ninguna medida sanitaria, sabiendo que esta situación rondaba la región; simplemente se esperó la entrega del bastón de mando”, reflexionó.
Apuntó que “en el marco de una pronunciada crisis económica, política, social, de valores, de inseguridad, y con magros resultados en gestión del Estado Uruguayo, se instala el coronavirus”, el que “deja al desnudo falencias en la logística y en los recursos humanos, tan necesarios para la atención de la salud pública”.
Acotó que “sin embargo, fueron períodos de mucha plata para aplicar al sistema de salud, pero no se hizo, y a raíz del coronavirus advertimos la crisis. Hoy, sin agitar, sin partidismos políticos de esta situación debemos salir todos juntos los uruguayos, lo que debe tratar de lograrse con el menor perjuicio posible”.
Expresó su “reconocimiento de relevancia al personal de la salud que viene trabajando incansable y responsablemente, codo a codo con las autoridades con decisiones sensatas, para mitigar esta situación sanitaria”, en tanto las autoridades –como corresponde– no están escatimando esfuerzos y trabajan hasta 16 horas por día, para delinear estrategias y que no perdamos vidas humanas, como pasó con la gripe H1N1, en el año 2009. Y además compatibilizando una serie de situaciones, entre ellas, que la gente tenga para comer, cubrir lo básico, y así frenar esta pandemia”.
CUARENTENA GENERAL Y SITUACIONES
Asimismo señaló que “es fácil reclamar cuarentena general, cuando las personas están en la zona de confort y tienen asegurado su sueldo a fin de mes, o cuando hay sueldos considerables; pero ¿qué hacemos con aquellas personas que deben salir a hacer la diaria, para sus necesidades básicas, con los independientes y de similares características? De ahí es que las medidas deben ser ponderadas y no al grito, o al impulso de la brutal ferocidad. Deben ser adoptadas con sentido común, gradual y exhortando a las personas a cuidarse; Paysandú lo viene haciendo bien, hay un gran apego a cumplir las medidas sanitarias, impuestas por las autoridades”.
“Sabido es que el 65 por ciento de la economía de este país, no tiene sueldos fijos, y no tienen zona de confort. Parecería fácil pedir la cuarentena general obligatoria, ¿y el interés general? Entonces es fácil hablar, y escudarse bajo redes sociales y escribir cualquier cosa”, opinó.
Subrayó que “no parece sensato que quienes hoy realizan reclamos inoportunos, ayer agitaron –vulnerando el aislamiento social– impulsando a un grupo de trabajadores en tierras olimareñas, agolpándose en masa, juntos, en ómnibus, congregando a grupos de personas, violentando las exhortaciones del aislamiento, faltando a la solidaridad con los demás habitantes de este país”.
“La pregunta no se hace esperar. En esta situación que mencionamos, ¿haríamos funcionar al derecho penal? Inicialmente parecería que sí. Habría desacato, porque se habría violentado lo regulado en el numeral 2, del artículo 173 del Código Penal”, reflexionó.
NORMAS APLICABLES
Apuntó que “en el marco de situación del coronavirus se inserta el derecho, y en particular el derecho penal, y se comienza a evaluar cuál puede ser el delito que una persona pudo haber cometido, si vulnera las disposiciones sanitarias. En este contexto se considera lo regulado en el artículo 224 del Código Penal Uruguayo que establece: ‘El que violare las disposiciones publicadas por la autoridad competente, para impedir la invasión de una enfermedad epidémica o contagiosa, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión, en caso que la persona fuere consciente de portar la enfermedad’”.
“Y ante esta situación de hecho, se comenzó (al grito) a pedir al gobierno que se decretara la cuarentena obligatoria. Y, por otro lado algunos legisladores ya delinean un proyecto de ley para modificar el precitado artículo 224 del Código Penal y agregarle sanciones económicas, cuando se vulneren situaciones como éstas; o como la persona que viajó por Europa y fue al casamiento de 500 invitados; a sabiendas’”.
“Es en esta consideración es que nos permitimos sostener que el derecho penal debe usarse en última instancia, y previamente acudir a cualquier otra forma de solución”, expresó.