En medio de la incertidumbre generada por la pandemia, y aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que al fin de cuentas no eran tales, y que además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.
Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos laterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
En el caso de Uruguay, una acertada descripción del panorama surge a partir de conceptos vertidos a El País por el economista Néstor Gandelman, al hacer referencia a que amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte han quedado expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor como consecuencia de la gestión de los gobiernos de izquierda durante quince años.
“La informalidad es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo. Es una debilidad social por el atraso que conlleva en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks. En el extremo, impide atemperar golpes como el que estamos sufriendo. Desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la medida en que lo hace el resto de la economía”, apunta el economista, quien da en el clavo en uno de los aspectos claves en cuanto a los flancos débiles que implica tener una economía informalizada en una serie de áreas.
Por supuesto, estamos ante una problemática válida en toda circunstancia, pero que resulta acuciante cuando queda expuesta en toda su magnitud en coyunturas como la actual, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, de las células del tejido socioeconómico, resultan sin cobertura en una emergencia de consecuencias imprevisibles.
De ahí que los esfuerzos en épocas normales deben centrarse fundamentalmente en captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad, que sin dudas es un aspecto en el que se ha estado enfatizando en los últimos años, con resultados que se habían expuesto en su momento como satisfactorios, porque se había logrado bajar un 40 por ciento prácticamente crónico en nuestro país hasta porcentajes del orden del 22 por ciento, con algunos altibajos, de acuerdo a cifras de organismos del Estado y sobre todo del Banco de Previsión Social (BPS).
Sin embargo, el escenario que ha quedado visible por la crisis de la pandemia es distinto al que se presentaba, o por lo menos desnuda que el informalismo estaba a la vuelta de la esquina, que la regularización estaba prendida con alfileres, en el mejor de los casos, porque las necesidades de asistencia por el Estado en estos grupos ha sido mucho mayor e inmediata de lo que se podía suponer.
Al respecto considera Gandelman que más allá de entredichos sobre la realidad y lo que se decía por integrantes del anterior gobierno, que dio lugar a cruces con las autoridades actuales, no es menos cierto que “tenemos la confirmación de la vulnerabilidad que como sociedad aún tenemos tanto en niveles de pobreza como de informalidad. Dentro del concepto de informalidad se incluye tanto a empresas como trabajadores que operan fuera del marco legal y regulatorio. La informalidad denota dos aspectos, uno relacionado con incumplimiento y evasión de las reglas establecidas y otro con la precariedad en que las actividades son conducidas”.
Sin dudas que en términos absolutos, la informalidad o el informalismo es un elemento no solo irregular, sino indeseado, porque por un lado, desde el punto de vista de los trabajadores y empresas implicadas, conlleva no tener acceso a los beneficios de cobertura y derechos inherentes a la seguridad social y solidez institucional de empresas, en tanto que por el lado del Estado, es decir del propio país, es un elemento de debilitamiento institucional por una menor recaudación de organismos previsionales, de la percepción de tributos y cargas sociales, y por ende de extensión de cobertura para evitar que por ejemplo, situaciones como la pandemia haga crujir la capacidad de respuesta del Estado y actores de la economía ante lo inevitable.
Asimismo, y no menos importante, la actividad informal significa una competencia desleal en el mercado, porque quienes están en esta situación pueden competir con menores precios contra quienes operan dentro de la legalidad, cumplen con sus obligaciones y están al día con impuestos y cargas sociales.
La respuesta a esta situación, más allá de aspectos culturales e idiosincrasia, entre otros factores, debe pasar por una combinación de instrumentos adecuados para sancionar a los omisos, establecer controles adecuados y en forma complementaria y combinada, hacer más atractiva la integración al circuito regular de los infractores.
Este último elemento resulta fundamental para que la integración se formalice en forma más estructural y sólida. Pasa por potenciar los beneficios de estar en la formalidad, con todas sus implicancias, pero requiere asimismo la contrapartida de una mayor eficiencia y menores costos del Estado, para pesar menos sobre los sectores reales de la economía y requerir menos recursos para sostener su aparato burocrático improductivo.