El mes de mayo se cerró con seis homicidios en las cárceles y marcan una constante sobre la situación de violencia interna y hacinamiento. Y no es porque ahora surgió en un video presentado por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien además tuvo un cruce de palabras con el anterior secretario de Estado y actual senador Eduardo Bonomi.
Las estadísticas así lo indican. Es otro ejemplo de “dato mata relato”. Hasta noviembre del año pasado y, de acuerdo al informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en Uruguay había 11.574 internos o 328 cada 100.000 habitantes. Es el índice más alto de América Latina, después de Brasil.
También en 2019 se habían registrado las cifras más altas de muertes violentas dentro de los recintos con 31 casos y solo superado por 2016, con 32. La tasa de homicidios fue similar a 2018, con 186,5 cada 100.000 o 18 veces más que la tasa nacional. Todo esto sin sumar la cantidad de suicidios que no son reportados en cifras pero fue de 83,9 cada 100.000 o 4 veces más que la cifra nacional.
El panorama, que no es visto integralmente, es nada más que el reflejo de la violencia que vive la sociedad. Porque afuera, tanto como adentro, hay problemas de convivencia que el contexto de encierro solo empeora y dificulta aún más.
Y porque una mayor condena a prisión tampoco ha sido una respuesta para quitar la delincuencia de las calles. El drama social coexiste desde todas las administraciones y no hubo formas de atención a otros dramas sociales, antes de terminar en el delito y, por ende, en una cárcel. Porque, ni desde dentro ni desde fuera, hubo un enfoque que tuviera en cuenta las adicciones, enorme problema dentro de las cárceles.
Sin embargo, pasaron años enfocando su discurso a los excluidos. Una vueltita por estos ámbitos nos muestra que la reinserción social ha sido escasa. Y si el argumento es que hay que ponerlos a trabajar, la respuesta se devuelve en forma de pregunta: ¿quién está hoy mismo, dispuesto a darle trabajo a un preso? El sistema ya vimos que no pudo resolverlo. Es más, incrementa sus plazas carcelarias y crece. Y en Uruguay, al menos, cada dependencia estatal que crece se vuelve ineficiente, insostenible y nunca habrá recursos que alcancen.
Un ejemplo es la administración anterior de dicho ministerio, que en un período de diez años (2005 a 2015) incrementó su presupuesto en 600 millones de dólares y continuó con recursos por encima de otras carteras en los años siguientes.
Estados Unidos ya se dio cuenta del problema y encaró una transformación que es aplaudida por jueces y fiscales. La realidad, ya mostrada en las cintas de Hollywood, señala cárceles enormes, sucias, con presos uniformados, escasas actividades sociales o educativas y nula salud mental. A diferencia del modelo europeo, donde las cárceles se achican –incluso las que son de máxima seguridad– o cierran, ante un descenso del delito.
El video en cuestión dura 11 minutos y allí aparecen presos durmiendo en el piso, instalaciones eléctricas en mal estado, basurales e inundaciones en las celdas. Según Larrañaga, hay 1.900 reclusos en esas condiciones.
En ese marco, el ministro presentó el “Plan de dignidad carcelaria 2020-2025”, que incluye un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, un programa contra las adicciones, la ampliación de un polo industrial y la instalación de un sistema de videovigilancia.
Sin embargo, todo esto que dijo el ministro, lo había alertado Petit a finales del año pasado, cuando dijo que el 73% del total de los presos viven en unidades que no le permiten su rehabilitación. Allí también aseguraba que las cárceles del Interior tenían mayores problemas de hacinamiento que las que se encuentran en el área metropolitana.
O como lo dice en su reporte, entregado en abril a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón: “No mejorará la seguridad pública sin una inversión fuerte en el sistema penitenciario y una mejora continua de la reforma penitenciaria”.
“Lo que pasa en las cárceles pasará en las calles. Sus problemas y sus violencias, lejos de disiparse, volverán a reventar en las calles si no son tratados mientras se puede”, resume Petit.
En cuanto a los aspectos educativos, alcanzan solo con algunos números: dos de cada 10 presos no sabe leer o lee con dificultad. El 77,7% de los analfabetos tiene entre 18 y 37 años. De ese total, los varones son el 97,24%.
Otro nuevo enfoque del “dato mata relato”, porque en los últimos años se abrieron los recintos –fundamentalmente de la capital y zona metropolitana– a las oenegés para que encaren una tarea social y de reinserción. El punto central es cuánto espacio dejaba el Estado para asumir sus obligaciones, como por ejemplo la educación en las cárceles. Porque no es posible que “en el país de Varela” coexistan esos niveles, donde algunos ni siquiera finalizaron Educación Primaria. Y fundamentalmente si hablamos de personas jóvenes.
La atención sanitaria revela una pobre atención odontológica, preventiva y psicológica, si bien destaca algunas experiencias en el Comcar y Punta de Rieles. En cuanto a la salud mental, dice Petit que “muchos de los internos llegan al sistema siendo portadores de patologías diversas de salud mental, habitualmente no tratadas, no diagnosticadas, subvaloradas en su entorno y que incluso pueden estar vinculadas a su transgresión. La privación de libertad agrava esas patologías y dispara las situaciones latentes, llegando incluso a psicosis, provocando que muchos internos no puedan ni adaptarse a la vida en prisión ni convivir con otras personas”.
Este aspecto genera otros: 8 de cada 10 tiene consumo problemático de drogas, el 10% fue diagnosticado con algún tipo de discapacidad y 7% presenta riesgos de autoeliminación.
Y porque todo lleva a las dificultades de reinserción social. En este sentido, el comisionado fue tajante: “Es particularmente llamativa la ausencia de despliegue de programas del Ministerio de Desarrollo Social, máxime teniendo presente que la población privada de libertad y su entorno constituyen un conjunto altamente vulnerable y apto para una intervención estratégica de resultados directos”.
Por eso, para todo lo demás existe el chisporroteo. Ese “sub Estado que vive fuera del tiempo”, tal como lo define Petit, no está resumido en 11 minutos. Se ve en las calles, en la falta de convivencia y en el incremento del delito.
