En Uruguay hay aproximadamente 3.000 personas víctimas de la trata y las cifras corresponden a 2018, de acuerdo a la última recorrida efectuada por la referente nacional de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Karina Núñez. La Organización de Naciones Unidas definió que Uruguay es origen, tránsito y destino de la trata de personas hacia Europa, principalmente España e Italia con fines de explotación sexual o comercial y otros países de América.
El colectivo que lidera Núñez se conformó por primera vez el 1º de mayo de 2018, a partir de la publicación de su libreta de trabajadora sexual en su muro de Facebook, “donde invité a las compañeras que tenían la libreta por la ley de trabajo sexual. En aquel entonces, el ministerio de Trabajo había presentado una propuesta, donde creaba la figura del encargado de whiskería. Implicaba que a los dueños de los locales –en su mayoría integrantes de redes de trata o narcotraficantes– se les daba un título oficial y avalado por el ministerio. Las trabajadoras sexuales pasaban a ser subordinadas”.
Comenzaron 64 y hoy son 135 mujeres que integran Otras. “Con los datos a marzo de 2019 a nivel nacional, son 12.358 mujeres que tienen la libreta en el Registro Nacional de Trabajadoras Sexuales que lleva el Ministerio del Interior”, señaló a EL TELEGRAFO.
“Después está el registro de ASSE, que es donde nos hacemos la libreta, que entre 2016 y 2018 tiene un promedio de 722 ingresos anuales. Y a partir del coronavirus tendremos más mujeres en el ejercicio de la prostitución, pero no trabajadoras sexuales”, precisó.
Consultada sobre la diferencia entre un término y otro, explicó que “una cosa es ofertar el cuerpo para prostituir a cambio de dinero y otra cosa es tomar la figura jurídica de la Ley 17.515 para el ejercicio del trabajo sexual. Las personas que ejercen la prostitución no son punibles y las trabajadoras sexuales, si nos agarran sin libreta la primera vez, después nos sancionan y podemos ir hasta 6 meses a prisión. Es decir, somos una figura jurídica punible. A quienes ejercen la prostitución se las notifica, pero no tienen pena”.
DENUNCIAS DE TRATA
A Uruguay llega un alto porcentaje de mujeres provenientes de países caribeños, por redes de trata de personas directamente para su explotación sexual. “Las denuncias nos llegan desde el territorio por las compañeras y son más que nada quejas por la forma en que las víctimas actúan dentro de los recintos de trabajo sexual. Las compañeras lo catalogan como desleal”.
En sus recorridas, “empezamos a indagar y nos encontramos conque, en la mayoría de los casos, son mujeres extranjeras que trabajan un par de días o un par de semanas. Van a Montevideo con el dinero que hacen y vuelven a los dos o tres días”, a las localidades del Interior. Según Núñez, las extranjeras “no son cuidadosas al momento de negociar con el cliente, por eso las compañeras no las visibilizan como víctimas de trata, sino como una competencia desleal. Así, se suma otra carga más a estas mujeres que hace que no se animen a conversar con su núcleo cercano”.
LA DIFERENCIA
Las personas que ejercen el trabajo sexual de forma libre y que están contempladas en la Ley 17.515 y vigente desde el año 2002, “somos aquellas mujeres que, de forma voluntaria, llegamos a cualquiera de los espacios para ejercer el trabajo sexual, con nuestra libreta en mano y accedemos a las pautas que tiene cada local. Trabajamos bajo esos parámetros. Pero si hay algo que no nos gusta, como por ejemplo cuánto pagamos por habitación o cuánto nos pagan por copa, o si no nos gusta tener horarios, agarramos nuestras cosas y nos vamos. A la hora que sea y en el momento que sea”.
Sin embargo, “las mujeres que pertenecen a las redes de trata, en primer lugar no pueden decidir hacia dónde van, en segundo lugar tienen que aceptar cualquier tipo de cosas porque tienen que generar un plus de dinero para llevar. De donde llegan no se pueden mover y tienen que aceptar lo que les imponen”.
EL INGRESO
Las formas por las que ingresan a las redes de trata en el contexto uruguayo, “son por deudas contraídas al momento de salir de sus países de origen, tanto por traslado, locomoción, alojamiento y comida o pasajes”, detalló.
“Primero se endeudan con el pasaje. Cuando están en Uruguay, donde la realidad no es la que le pintaron, las tienen a todas amontonadas porque no hay salida laboral. Además, en Uruguay está permitido el trabajo sexual, e ingresan al oficio para poder pagar las deudas. En ese parámetro, encontramos a mujeres universitarias que hicieron carreras en sus países y terminan en el trabajo sexual”, dijo Núñez.
Consultada sobre el comportamiento de algunas mujeres que salieron en defensa de la dueña de la whiskería de Guichón, formalizada con prisión preventiva por el delito de trata de personas, señaló que “habitualmente se comportan así aquellas que tienen el síndrome de Estocolmo, pero no son todas”. En tal sentido, reconoció la existencia “de tráfico y consumo de drogas en el local, pero no tengo el nexo real o la certeza para decir que es un caso de trata, porque no tuve la posibilidad de conversar con nadie”.
Sin embargo, recordó que entre 2018 y 2019 mantuvo un diálogo con la dueña, quien le solicitó vínculos con mujeres a fin de que concurrieran a su local a trabajar. Núñez relató que al enterarse “de que no pagaba la mitad de la copa a las trabajadoras”, cortó la comunicación.
UNAS 3.000 VÍCTIMAS
El primer estudio realizado en 2014, asegura la existencia de unas 3.000 personas víctimas de trata hasta el 2018, “cuando hice la última recorrida”. En cuanto al comportamiento de las comunidades, Núñez precisó que “estamos bastante xenófobos. Estas personas no llegan a Uruguay porque sea la panacea de su salvación, sino que llegan porque no les queda otra. Están en un país en el que no quieren estar y atraviesan por situaciones que no quieren pasar. Hacen el trabajo que ni siquiera el más pobre de los uruguayos haría y a pesar de todo eso, tienen que quedarse igual”.
Incluso, aclaró que “las mujeres que realizan el ejercicio del trabajo sexual son muchas menos que aquellas que se encuentran en situación de servidumbre, obligadas a trabajar por 24 o 48 horas corridas en chacras, embarradas hasta las orejas y que tienen que soportar que las violen o las manoseen”.
OTRA REALIDAD
La activista consignó que las mujeres ingresadas “en las primeras tandas eran obligadas a quedar embarazadas para lograr la ciudadanía. No podían juntar los 80 o 100.000 pesos que debían por el pasaporte, traslado y estadía. No sé cuántas personas son en total. Yo contacté a 32 y cuando las conocí estaban en proceso de gestación de esos niños y niñas, que son uruguayos”.
Reflexionó que “las trabajadoras sexuales que ejercemos en forma independiente, nos vemos relegadas. Aunque no estamos en las redes de trata, no nos queda otra que frecuentar esos círculos. Por eso es necesaria la modificación de la Ley de Trabajo Sexual”.
SITUACIÓN SOCIAL
La contingencia sanitaria replegó el trabajo sexual y esta población atraviesa, también, por dificultades económicas y sociales. “Hay compañeras en Paysandú que reciben canastas de la Intendencia y con eso la van llevando. Cruz Roja también les entregó y reciben donaciones de ropa y comestibles con Yeni Galli través del 098509039”.
Finalmente informó que el grupo que encabeza “se conformó con la idea de dejar el ejercicio del trabajo sexual. Ya tenemos una compañera que logró insertarse laboralmente y quienes no pudimos todavía, tampoco promovemos la prostitución ni hacemos apología de nuestro trabajo”.