Es sabido, porque se ha repetido con insistencia, que el presente gobierno tiene el desafío de apretar el cinturón y dejar atrás un déficit fiscal que supone una pesada carga para los contribuyentes, que son, al final del día, los que soportan en sus espaldas el funcionamiento del aparato estatal.
Se vendrán, de aquí al próximo presupuesto quinquenal, numerosas discusiones y movilizaciones en reclamo de mejorar o conservar una parte de esa frazada, que siempre es corta, pero que esta vez lo será aún más, considerando los problemas que ha desencadenado la pandemia que transita el mundo, y cuyas repercusiones recién estamos empezando a ver.
De hecho ya estamos comenzando a ver reclamos y protestas por anuncios de futuras decisiones, aún no del todo resueltas, por parte de quienes ven a lo lejos que pueden verse perjudicados.
Parte de lo que estará en discusión de cara a ese presupuesto es la asignación de recursos que se volcará al Interior del país, y a modo de ejemplo consideraremos solo algunas de las facetas que se relacionan con cómo llegan recursos a los diferentes departamentos. Si cosas hay que reconocerles a los gobiernos anteriores es el aporte en tiempo y forma de las partidas correspondientes a los gobiernos departamentales, algo que ahora no extraña, pero que no siempre fue así en la historia de este país. Las partidas a los gobiernos departamentales solían llegar con retraso y muchas veces –no en todos los departamentos, que quede claro– se traducían en problemas para el pago de los salarios a los trabajadores y, ni qué hablar, en postergaciones de obras.
La asignación de fondos a las intendencias es algo que el gobierno tiene previsto revisar, según lo que comentó el pasado mes de febrero el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, y exintendente de San José, José Luis Falero.
“A partir del próximo presupuesto analizaremos la situación, que como es de público conocimiento el país hoy necesita que todos hagamos un esfuerzo. En la medida de las posibilidades intentaremos que ese esfuerzo que tenga que ver con partidas hacia los gobiernos departamentales, sea el menor posible y que eso no afecte el acercamiento de la obra pública fundamentalmente al Interior del país, que es un tema que para el Partido Nacional es indispensable”, dijo.
Estas transferencias no son en realidad otra cosa que impuestos municipales que son recaudados directamente por el gobierno nacional, por lo que esta “revisión” que se pretende no debe darse, como tantas veces a lo largo de la historia, a costa de ralentizar las inversiones del “resto del país”, como lo es para Montevideo todo el territorio que excede el área metropolitana.
Otro aspecto que va a estar en debate es la política de resignaciones fiscales. Si bien no se trata de inversiones que hace el estado directamente, a través de estas resignaciones el estado deja de percibir algunos ingresos a cambio de algunos requisitos a los emprendimientos que aplican a este régimen. Ello permite orientar políticas de desarrollo a través de las empresas que se amparan en el régimen de Promoción de Inversiones.
Este régimen tiene como uno de sus principales objetivos incentivar la localización de inversiones en zonas de menor desarrollo relativo, tanto en el interior del país como en Montevideo. Según la Unidad de Apoyo al Sector Privado, Unasep, para los proyectos de inversión recomendados en el período comprendido entre enero de 2008 y agosto de 2014, “surge que si bien el 43% de los proyectos recomendados se ubican en el interior del país, el monto de inversión asociada a los mismos alcanza el 61% del total. Fueron los departamentos costeros de Maldonado y Canelones quienes más se beneficiaron de esta política.
Esto quiere decir que la política funciona, por lo que sería interesante ajustar los criterios para que sea más atractivo radicar inversiones al norte del río Negro.
Otro ejemplo de políticas de descentralización que han funcionado es la aplicada por la Universidad de la República, después de duras discusiones hemos visto como la mayor institución universitaria del país ha llevado a cabo una vigoroso proceso de radicación de carreras (y de recursos humanos y materiales) en el interior del país, que es digna de considerar como algo realmente histórico para el desarrollo de los diferentes departamentos.
Son 126 las ofertas de enseñanza en las distintas regiones para el año 2020, con tres centros regionales (en el Litoral Norte, Noreste y Este).
No menos importante ha sido la creación de la segunda universidad pública, la Universidad Tecnológica, UTEC (también conocida en Montevideo, tal vez algo despectivamente, como la “Universidad del Interior”) que ha llevado variadas e innovadoras carreras a los diferentes departamentos.
A esto hay que sumarle las políticas relacionadas con la conectividad vial, que pese a las mejoras de los últimos años, aún sigue teniendo un atraso histórico respecto al área metropolitana y toda la costa del Río de la Plata. Lo mismo puede decirse del acceso a los servicios de salud, en específico a la disponibilidad de médicos especialistas y a tratamientos de cierta complejidad (basta recordar la novela por la instalación del IMAE).
De vez en cuando la división que tiene nuestro país entre la capital (ahora asimilada al “Área Metropolitana”) y el Interior quedan de manifiesto en asuntos tan baladíes como una humorada en un programa de radio. Quienes hemos elegido transcurrir nuestra vida, desarrollar nuestras actividades y criar a nuestros hijos del otro lado –de este lado– del río Santa Lucía, no debemos perder de vista ni resignar las verdaderas discusiones importantes, en las que suelen decidirse nuestra suerte y en las que solemos perder, por estar lejos.
