La iniciativa “Después de la LUC: Reforma de las Empresas Públicas”, que cuenta con la adhesión de 22 profesionales, propone seis líneas de acción a implementarse para impulsar una agenda pro inversión. El plan para reformar las empresas públicas también implica un cambio cultural, que salga de la sociedad civil e interpele a la clase política, para así generar mayor competitividad y un país menos caro.
“Comenzamos el año pasado a reunirnos por este tema. Salió de Ceres pero luego se abrió y hay implicadas un montón de personas de diversas áreas, de la academia, del sector privado, profesionales independientes, y nosotros, que somos una asociación sin fines de lucro”, comentó a EL TELEGRAFO Lucila Bonilla del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).
La economista afirmó que la idea es colocar el asunto en “agenda” porque se trata de “una de las reformas estructurales clave que el país necesita”. “Debe surgir y tomar impulso desde la sociedad civil; es algo que el sistema político no ha logrado canalizar en mucho tiempo”, ahondó. “Nos motivó también que ahora tenemos una LUC (Ley de Urgente Consideración) que toma temas que van en el sentido correcto, pero todavía falta mucho para poder llegar a una reforma”.
Bonilla aseguró que en las empresas públicas se halla “una riqueza gigante” y que todos consumimos bienes y servicios de ellas, “las que no han tenido cambios en su legislación desde hace muchísimos años”. “Creemos que tanto el sector privado como los consumidores se tienen que empoderar más con este tema, y reclamarlo. Porque del sistema político solamente no va a salir”.
“Con una reforma de las empresas públicas, que las haga más profesionales y eficientes, podemos ganar en competitividad y en beneficios para nuestros consumidores. Es algo clave. Somos optimistas que pueda haber una verdadera demanda de parte de la sociedad civil”, continuó la economista de Ceres.
LAS PROPUESTAS
El documento se sustenta en seis propuestas concretas con las que buscan “profundizar los cambios y transitar hacia una reforma sustantiva”:
1. Fortalecer los directorios de las unidades reguladoras y de las empresas públicas, exigiendo perfiles con competencias específicas, mejorando las remuneraciones, estableciendo mayores impedimentos para participar en cargos electivos, así como limitar la “puerta giratoria” hacia la actividad privada.
2. Definir criterios claros para la fijación de precios por parte de los reguladores, para lo cual es necesario que cuenten con metodologías transparentes y plazos predecibles.
3. Introducir los mecanismos que aseguren la separación de las finanzas de las empresas públicas de forma de evitar subsidios cruzados desde los negocios que operan en mercados monopólicos hacia los que operan en competencia.
4. Analizar de forma explícita los subsidios existentes en los mercados que operan cada una de las empresas, discutir su pertinencia y que sean aprobados a través del Parlamento con un financiamiento a cargo del presupuesto nacional.
5. Revisar el objeto de las empresas públicas y modernizar sus cartas orgánicas, poniendo énfasis en la separación de roles entre el directorio y la gerencia, el establecimiento de metas explícitas de rentabilidad y políticas de distribución de dividendos (teniendo en cuenta el diseño de la futura regla fiscal).
6. Fortalecer el gobierno corporativo de las empresas públicas con la creación de un organismo especializado dentro del Estado que se encargue de monitorear permanentemente el desempeño de los directorios.
Los 22 profesionales que firman el documento son: Agustín Iturralde, Aldo Lema, Alfonso Capurro, Alejandro Perroni, Álvaro Forteza, Ana Inés Zerbino, Bruno Gili, Daniel Ferrés, Florencia Carriquiry, Ignacio Munyo, Javier de Haedo, Jorge Ottavianelli, Juan Manuel Mercant, Leandro Zipitría, Lucila Bonilla, Marcel Vaillant, María Dolores Benavente, Marta Jara, Néstor Gandelman, Pablo Regent, Pablo Rosselli y Tamara Schandy.
