Mediante la Ley de Urgente Consideración el gobierno creó el Ministerio de Ambiente, el que asimilará las funciones que en esta área estaba ejerciendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Para algunas organizaciones esto no es suficiente, ya que entienden que hay temas relacionados con la preservación y el cuidado ambiental que se mantienen por fuera y en Ministerios que entienden sobre intereses opuestos, como el de Ganadería, Agricultura y Pesca en cuanto a la regulación del uso de agroquímicos. De todos modos no puede dejar de interpretarse la creación de esta nueva Secretaría de Estado como una intención por jerarquizar esta temática en nuestro país y por eso es que, a la postre, todos celebran este paso.
Sin embargo esta intención de jerarquizar los temas ambientales son se acompasan en los hechos con las acciones de distintos organismos y entidades estatales.
Referimos, por supuesto, a la serie de acciones, que ha tenido como protagonista a organismos y entidades estatales, en las que se han provocado destrozos en árboles. En algunos casos con serios agravantes.
Esto no es de ahora, en realidad desde hace ya algún tiempo que en Guichón los vecinos organizados en defensa de los bienes naturales hicieron sentir su voz ante el uso de agroquímicos y medios mecánicos para retirar palmeras que se encontraban cercanas a las vías del tren, en el marco de una limpieza que se realizó para mejorar la visibilidad. Ya en el año 2017 se había producido un episodio de este tipo que motivó las protestas, pero no fue más allá de eso, tanto no fue más allá que en enero de este año se repitió con similares consecuencias: el destrozo de decenas de palmeras, algunas de muchos años, que si se hubiesen retirado de forma planificada, se podrían haber trasplantado y conservado.
Pero cual si fuera un deja-vu, el destrozo de palmeras por parte de la empresa que cumple tareas para AFE en la zona de Guichón volvió a ser noticia el pasado mes de julio; en este caso, se argumentó, por encontrarse cerca de un paso a nivel. Fue la tercera intervención no planificada y el tercer destrozo de palmeras sin posibilidad de recuperación.
En mayo se comenzó a preparar el terreno para la construcción del nuevo edificio de UTU en la ciudad, el que se ubicará en el predio de las escuelas 33 y 107, y, como no podía ser de otra manera, la limpieza comenzó con una máquina arrasando el arbolado del lugar, en este caso con muchos árboles nativos que habían sido plantados por diferentes generaciones de alumnos de las instituciones. En pocos minutos “la piqueta fatal del progreso”, como bien la bautizó Víctor Soliño, se llevó por delante años y años de esfuerzos por promover la educación ambiental y de cariño por la flora nativa.
No menos grave es el caso de las palmeras, una especie que es emblemática, y literalmente emblemática, ya que forma parte del estandarte de la ciudad de Guichón, pero que además goza (o debería gozar) de una protección establecida por ley, en tanto especie prioritaria para su conservación.
El último episodio data de la semana pasada. Parece que como no fue suficiente la repercusión de todos los episodios anteriores había que seguir destrozando árboles y le llegó el turno a los que se encontraban en el predio donde se comienza a edificar el nuevo local del polideportivo de la ANEP. Indiscutiblemente se trata de una obra de suma importancia para la comunidad en general y para la comunidad educativa sanducera en particular. Pero no por ello se puede avalar que una vez más las máquinas se lleven todo por delante.
Se puede argumentar que resulta más barato de esta forma, porque se ejecuta el mismo plano en todas las construcciones previstas en el país, o que los traslados de los árboles requieren ser llevados a cabo en una fecha determinada del año y eso provocaría retrasos en los programas de obra.
No se trata de pretender que un gobierno que asumió hace apenas 6 meses actúe como el Rey Midas y con un solo dar un toque –o, como en este caso, manifestando su voluntad– transforme la realidad de prácticas que llevan toda una historia detrás, pero lo que sí se podría haber hecho –y corresponde hacer de aquí en más–, es planificar las obras en función del patrimonio natural que configuran los árboles más añosos. No es descabellado pensar la arquitectura respetando al menos a los ejemplares más valiosos, y de hecho es una práctica corriente en muchos países. Por supuesto que no siempre se podrán salvar todos los ejemplares, y algunos –quizás la mayoría—haya que derribarlos, pero se salvarán muchos otros que pasarán a ser parte del diseño respetuoso de la naturaleza, en tanto otro tanto podrían ser trasplantados.
El 27 de agosto asumió su cargo el ministro Adrián Peña, quien afirmó en la ocasión que la creación de este ministerio es una nueva oportunidad para comenzar a trabajar en políticas de Estado en materia de ambiente. “Hoy es tiempo de dar una señal más potente, marcamos un compromiso mucho más fuerte como nación”, expresó. Señor ministro aquí tiene por dónde empezar.
Es preciso que el Estado (cuando menos el Estado) se comprometa a que antes de iniciar cualquier obra verificará que los trabajos afecten lo menos posible árboles nativos o de especies o ejemplares que por determinada razón sea de interés su conservación y que si ocurre que sí pueden verse afectados, se proceda a su remoción y traslado a un lugar pertinente, con los cuidados del caso.
