A pesar de lo expresado por el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, en el sentido de que “el 17 haremos un gran paro general con argumentos sólidos”, con referencia a la medida de fuerza de este jueves, ello evidentemente es desmentido por una plataforma con argumentaciones político-ideológicas que trata de apoyarse en elementos coyunturales.
Estamos ante una central sindical dominada por los dirigentes de gremios estatales, que precisamente no han sufrido las consecuencias de pérdida de empleo y de ingresos, como ha ocurrido en el sector privado, sobre el que ha recaído el precio del ajuste impuesto por las circunstancias socioeconómicas que se arrastran desde la prepandemia, y que por lo tanto solo reivindica sus antecedentes puestos de manifiesto sobre todo durante las administraciones de los partidos tradicionales, catalogados como enemigos de clase.
Por supuesto, con su nunca desmentida dosis de surrealismo, la plataforma se centra en “propuestas” como que el desempleo se combate por la vía de la inversión pública (¿?), soslayando olímpicamente que los recursos del Estado no brotan de entre las piedras, sino que se generan por el trabajo del sector privado o por endeudamiento, lo que al fin de cuentas es lo mismo porque la deuda se paga con el dinero que aportan empresarios y trabajadores.
Ergo, más allá de la coyuntura específica que presenta la pandemia y sobre todo las medidas que se adoptan para evitar la difusión de la patología, desde el punto de vista de la “propuesta” del Estado como fuente de empleo tenemos la dificultad adicional de que el nuevo gobierno asumió no solo en medio de un fuerte desempleo y caída creciente de la actividad económica, sino también con un déficit fiscal agudo, del orden del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), lo que indica que se ha estado gastando más de lo que se recauda, y este desnivel se ha traducido en deuda que se debe pagar en los próximos años con el esfuerzo del sector privado.
En suma, la “solución” del Estado no es tal, sino sumar más del mismo problema, pese a los eslóganes que exponen los dirigentes de los gremios que son en esencia los verdaderos “dueños” y beneficiarios de las empresas públicas, donde no peligran los puestos de trabajo estatales ni tampoco sus ingresos, sino que por el contrario, son los únicos que han estado seguros durante la pandemia que destruyó miles de puestos laborales en el ámbito privado, motor de la economía.
Es cierto en cambio que –como señala la plataforma– los uruguayos estamos viviendo momentos muy duros, con “casi 110.000 trabajadores que están en el seguro de paro y muchas empresas que toman el atajo del despido, coartando toda posibilidad de volver al trabajo”. Pero ello naturalmente en el sector privado, porque dentro del Estado no hay ningún peligro de perder el trabajo y en cambio se sigue pidiendo recuperación del salario real, pese a la realidad que golpea a los trabajadores privados, que con sus aportes sostienen la inamovilidad y las remuneraciones intocables del ámbito estatal.
Esta es la explicación que no da la central sindical, que no considera que deben compartirse ajustes también en el Estado.
Y si bien la pandemia ha sido el convidado de piedra que ha precipitado este complejo panorama socioeconómico, el déficit fiscal, la pobreza, el desempleo, la falta de rentabilidad de las empresas no comenzaron el 1º de marzo de 2020 con el nuevo gobierno, sino que se habían ido agudizando en los últimos años, porque el gobierno del Frente Amplio se había quedado sin margen de maniobra, encerrado en su propio exceso de gasto público y falta de inversión de riesgo.
Es decir que más que mirar la foto del momento, para hacerse una composición de situación tenemos que ver la película, para acertar en el diagnóstico y consecuentemente con las posibles soluciones para no partir de parámetros equivocados o desvirtuados por objetivos ajenos al interés general.
Así, tenemos que, de acuerdo al reciente informe de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), 560.000 personas eran pobres en Uruguay en 2019, de los cuales 207.000 no eran considerados como tales en las estadísticas gubernamentales. La cifra, que comprende el año mencionado, se desprende de una investigación del centro que abordó el tema con una metodología más allá de la franja de ingreso de las personas, según informa El Observador. El estudio determinó que había 207.000 personas que tenían ingresos algo superiores a los que establecía la línea de pobreza y que igualmente vivían en condiciones de pobreza, pese a no ser considerados pobres.
La pobreza en 2019 fue de 8,8% según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero según los datos del Ceres la tasa llegaba al 15%, antes que impactara la crisis del COVID-19, computando ingresos y también carencias de bienes y servicios básicos.
Es decir, según los datos oficiales, en 2019 había más de 300.000 personas pobres, con ingresos menores a los que establecía la línea de la pobreza. Pero había más de 200.000 personas con ingresos algo superiores, que vivían en condiciones similares.
El Ceres realizó este estudio en base a la Encuesta de Hogares del INE, pero no se limitó a los ingresos de personas y familias sino que consideró variables de calidad de vida, como si vive en hacinamiento, sin baño o sin cocina, sin calentador de agua, la ocupación laboral y la educación.
El análisis establece que la generación espontánea de más de 300 ollas populares generó sorpresa en la opinión pública por la “tendencia a la baja” de la pobreza en los últimos años. El estudio concluye que “la delgada línea de la pobreza” es una buena herramienta para medir y comparar, pero es un sistema que no permite ver “la dimensión real de un drama social complejo”.
Pues este escenario, del que veníamos dando cuenta desde esta página desde hace ya tiempo, es indiscutible, pese a que el gobierno del Frente Amplio insistía en que se había sacado de la pobreza a amplios sectores de la población, cuando se ha tratado lisa y llanamente de asistencia social apoyada en transferencias de recursos desde el Estado, con dinero de todos los uruguayos.
Por lo tanto, no puede extrañar que con la caída de actividad quedara expuesta esta precariedad de miles de familias que han seguido en situación marginal, porque hay una gran diferencia entre asistencia a término y lo que debería ser la puesta en marcha de políticas sociales en serio, sin pensar en las próximas elecciones, con respuestas sustentables en el tiempo. Esa sería la única forma de ayudar realmente a mejorar la situación de decenas de miles de familias, en lugar de mantenerlas expectantes a la espera de dádivas estatales para retener un voto cautivo.