El pasado 30 de diciembre la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) comunicó a 120 funcionarios contratados para los 8 centros CAIF que administra la Intendencia Departamental –junto al Centro Siempre de Jardines del Hipódromo, para padres que estudian o trabajan– que no se les renovarían sus contratos de trabajo que vencían al día siguiente, o sea el 31 de diciembre. Esos CAIF y el Centro Siempre atienden a 1.300 familias y son administrados por la IdP desde el año 2008 y 2018 respectivamente. La intención comunicada al personal cesante es que la Intendencia dejará esa función y pasará la administración a privados. Se espera que en enero se haga un llamado público abierto para cubrir las 120 vacantes. Es la primera vez que dichos contratos de trabajo no se renuevan.
De acuerdo con lo informado por el intendente departamental Nicolás Olivera, como consecuencia de decisiones adoptadas con anterioridad a la asunción del actual Gobierno Departamental, el próximo 31 de diciembre vencerían un cúmulo de contratos que vinculan a la Intendencia con un número determinado de funcionarios, entre ellos los que integran equipos de gestión de los Centros CAIF. “La decisión de este Intendente y de este equipo, no ha sido rescindir contratos al 31 de diciembre, sino que estos contratos vencen en una fecha que han determinado otros que no somos nosotros”, explicó el jerarca local. Olivera garantizó que el “servicio no se resentirá en modo alguno, concurrirá la misma cantidad de niños, que recibirán cuatro horas diarias de atención, habrá la misma cantidad de personal técnico y no técnico, todo eso se mantendrá”.
Asimismo incidió que “salvo el departamento de Rivera, que administra un CAIF, no hay otro departamento –excepto Paysandú– que haga esa tarea en todo el Uruguay. Se administran 8 centros CAIF y un Centro Siempre, desde hace muchos años. Pero eso trae problemas financieros a la Intendencia, y debemos tener en cuenta que administramos dinero que no es nuestro, que es de la gente y que los recursos los debemos utilizar muy responsablemente”. A modo de ejemplo el jerarca señaló en todo el país se pagan 20 horas semanales de prestación efectiva a las maestras y educadoras de los centros CAIF, pero en Paysandú se pagan 30 horas semanales, por lo que no se encuentra sentido a pagar 30 horas semanales cuando –a su entender– se trabajan 20; aunque cabe aclarar que las restantes 10 horas las cumplen en el Centro, y se destinan para planificación. Por otra parte, las fundaciones y oenegés están exoneradas de impuestos que la Intendencia debe pagar, por lo que hacerlo en forma directa es más caro que a través de una oenegé o fundación. En palabra de Olivera “ese dinero no va a los niños que son el objetivo principal de los CAIF”.
Atento a la importancia de los centros CAIF involucrados y al impacto que estos tienen para la niñez sanducera, la decisión del Intendente Departamental llama la atención tanto en la forma como en el fondo, sin perjuicio de que algunos de los fundamentos de la misma puedan resultar comprensibles y eventualmente compartibles. Es claro que la fecha del 31 de diciembre no fue fijada por la actual administración por lo que no se le puede imputar esa fecha de finalización, como tampoco se le puede responsabilizar de las renovaciones que durante varios años se han realizado de los contratos involucrados.
No podemos dejar de mencionar que dichas renovaciones contractuales han sido llevadas a cabo tanto por administraciones departamentales del Partido Nacional como del Frente Amplio, a través de una práctica irregular que se extendió porque como sucede muchas veces, “nadie le puso el cascabel al gato” y tampoco nadie quiso asumir los costos políticos de decisiones que distan mucho de ser agradables.
Lo que está mal hecho está mal hecho y en todo caso el razonamiento correcto debería ser el opuesto: precisamente porque el fin perseguido es tan loable es que no se puede recurrir a modalidades contractuales irregulares que atentan contra la fortaleza del propio proyecto. Culpar a la actual administración por no renovar contratos de trabajo cuyos plazos fueron fijados y renovados por otras administraciones nos recuerda la antigua costumbre de matar al mensajero si el mensaje no era del agrado del destinatario. Esta situación tiene varios responsables y sería bueno que los mismos asuman sus respectiva cuotas partes de responsabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, creemos que el intendente Olivera se equivocó en la forma de realizar la comunicación de una decisión tan importante. En un departamento cuyo desempleo en los últimos cinco años ha crecido notoriamente y que ha sufrido cierre de empresas como el caso de PILI, la rescisión de contratos de trabajo es siempre una noticia de un fuerte impacto negativo tanto en el aspecto social como en lo económico y humano, más aún en la situación creada por el coronavirus COVID-19. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay situaciones acuciantes y cuentas a pagar (luz, teléfono, alquiler, etcétera) que no saben de esperas ni de quitas. Si bien los 120 trabajadores podrán presentarse al llamado que realizará la institución que asuma la administración de dichos centros nada garantiza que así sea, ya que ni siquiera se han divulgado las condiciones y requisitos del mismo.
Ante la importancia y complejidad del tema cabe preguntarse… ¿el mismo no fue discutido durante las reuniones de transición entre el intendente Mario Díaz y el intendente Olivera o la de sus respectivos equipos? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué no se les comunicó a los trabajadores y a los familiares de los niños los cambios planificados en otra forma y con mayor anticipación? Resulta claro que ha existido un fallo injustificable en la forma en la cual la IDP ha comunicado una decisión tan trascedente. Se trata de un aspecto que la actual administración departamental deberá sin dudas mejorar de manera urgente. En la misma línea, no resulta lógico ni tampoco aporta a la tan reclamada transparencia en materia de asuntos públicos que la licitación para contratar una organización que se encargue de la gestión que venía realizando la IdP sea realizada en plazos tan cortos y en esta época del año, todo lo que atenta contra las garantías administrativas de posibles interesados en presentarse, al tiempo que daña la imagen de la propia Intendencia y de sus procedimientos.
Sin perjuicio del legítimo derecho de los trabajadores a manifestarse en contra de la decisión de la IdP (derecho que se encuentra amparado nada más y nada menos que por la (Constitución Nacional) los gritos de “hijo de puta” que fueron dirigidos al Intendente Olivera en la puerta del Palacio Municipal constituyen un triste episodio inédito para nuestro departamento y que no aporta nada a esta delicada situación. No es la hora del insulto y la crispación, sino la de buscar soluciones que permitan mejorar la gestión de todos estos centros, racionalizando sus gastos y brindando seguridad a los niños y a sus familias, así como a los trabajadores involucrados.