Cuando se han cumplido nueve meses del gobierno de la denominada coalición multicolor, en un año que ha tenido como convidado de piedra nada menos que a la pandemia –un componente inesperado que ha dado vuelta todas las previsiones y trastrocado prioridades– sin dudas hemos asistido a una gestión en la que si bien el conductor del gobierno es el presidente Luis Lacalle Pou, la cogestión es ejercida por los partidos socios de la coalición, y por supuesto, hay temas en los que hay miradas distintas y ello se pone de manifiesto en ocasiones en las sesiones parlamentarias.
Uno de los temas en los que precisamente surgieron como estas diferencias, es el referido a las modificaciones promovidas por Cabildo Abierto en la Ley Forestal, que implica en buena medida un cambio en las reglas de juego para un sector de actividad que ha volcado importantes inversiones en los últimos años, y en el que paradojalmente –o no tanto– se han juntado votos de Cabildo Abierto con el Frente Amplio para aprobar en Cámara de Diputados la norma.
Ambos extremos del espectro político han coincidido por lo tanto puntualmente en una iniciativa en la que sin embargo hay motivaciones distintas en juego: desde Cabildo Abierto, el liderazgo en el tema ha sido el de diputados que han priorizado temas de corte ecologista, y en el caso de la coalición de izquierdas, evidentemente ha primado la visión de combatir o complicar al nuevo gobierno, desde que se manifiesta preocupación por un tema de forestación, soslayando olímpicamente que durante los quince años de gobierno del Frente Amplio se defendió a capa y espada el rubro forestal. A la vez propició ahincadamente la inversión en la tercera planta de celulosa, con notorias concesiones a UPM para que concretara el emprendimiento.
Debe tenerse presente que si bien el ejercicio del gobierno en coalición es una práctica habitual en numerosos países, por regla general esta modalidad de gobierno responde a sistemas en los que el cargo de jefe de Estado puede ser el de un primer ministro, un canciller, y también los hay de corte parlamentarista, donde el primer ministro o el canciller caen al depender del apoyo parlamentario que tenga, y nadie se rasga las vestiduras por ello.
En nuestro país, en cambio, históricamente han coexistido partidos fuertes, tanto en el régimen presidencialista como en el colegiado, con respaldo parlamentario propio en carácter mayoritario o eventualmente con el apoyo de legisladores de otros partidos, permanente u ocasional.
Este escenario cambió radicalmente a partir de 1971, cuando se creó la coalición de izquierdas Frente Amplio, con la integración en un frente común de vertientes diversas, que van desde la izquierda radical tradicional hasta la de partidos de esencia socialdemócrata y asimismo de dirigentes escindidos de los partidos tradicionales.
En aquel entonces, se nuclearon en esta oferta electoral, bajo el lema del Partido Demócrata Cristiano (PDC), corrientes como el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros partidos y grupos de izquierda radical y movimientos de tendencia socialdemócrata, centroizquierda, entre otras etiquetas, además de disidentes de los partidos Nacional y Colorado.
Con el tiempo, superando diferencias, se generó una creciente acumulación de fuerzas con respaldo electoral que permitió al Frente Amplio llegar al gobierno hace dieciséis años.
No ha sido fácil precisamente cobijar bajo un mismo lema a grupos con diferencias significativas, como es el caso de la creencia cristiana en conjunción con el Partido Comunista, lo que se vio en el ejercicio del gobierno.
En fin, de lo que se trata, aunque sea a los tumbos, es de procesar los disensos en aras de un objetivo supremo y cuando se trata de partidos diferentes, llegar por lo menos a una expresión común en determinados temas fundamentales, como se hace en las naciones democráticas en las que los electores confían el ejercicio del gobierno sin mayorías absolutas.
En el gobierno de coalición de partidos que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou y que sustituye a la coalición de izquierdas que ha gobernado el país por espacio de los últimos quince años, nos encontramos con que no existe una conducción orgánica como tal, y si bien se gobierna a través del Poder Ejecutivo y el Parlamento, es preciso contar con una coordinación previa, una mesa representativa de los partidos integrantes de la coalición que formulen aportes para que las eventuales diferencias se procesen en ese ámbito y se llegue a los tiempos de decisiones con los acuerdos necesarios.
Hasta ahora este aspecto no se ha instrumentado más allá de los contactos informales que se dan entre los más connotados dirigentes partidarios, incluso en contacto directo con el mandatario y el secretario de la Presidencia, y ello puede derivar en un desgaste de interlocutores y en sorpresas para el tratamiento de determinados puntos cuando se llegua a la instancia parlamentaria, lo que obligaría a negociaciones en plena marcha y eventuales disidencias que son incluso el lastre de toda coalición de partidos.
El tema de la modificación a la Ley Forestal es precisamente un punto que fue traído por un partido al Parlamento sin contactos previos. De haber existido una mesa coordinadora ésta hubiera sido el ámbito natural para tratar previamente el planteo.
Por lo tanto, es de recibo, más que nunca, la solicitud efectuada por el Partido Colorado mediante una carta al presidente Luis Lacalle de la instalación de un ámbito superior de coordinación política que asegure el mejor cumplimiento del Compromiso por el País, documento que fuera firmado por todos los partidos de la coalición.
“Advertimos la necesidad de un ámbito político de diálogo, que aborde el accionar y a la vez canalice las iniciativas particulares para lograr consensos sólidos que a todos nos representen”, sostuvo la carta firmada en su momento por el secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, y la presidenta de turno Agustina Escanellas.
El mismo reclamo es formulado por Cabildo Abierto desde hace meses y entre estos dos partidos se cuenta con un amplio número de legisladores que resultan vitales para poder gobernar con mayorías parlamentarias.
Precisamente la postura de Cabildo Abierto con la Ley forestal pone de relieve que este partido puede oficiar de péndulo en las mayorías parlamentarias, ya asociándose a la coalición que integra como al Frente Amplio, y este es un factor ambivalente debería contar para que desde el oficialismo, desde la Presidencia, se instrumente esta mesa coordinadora para cubrirse por lo menos en teoría de estas disidencias y sorpresas parlamentarias.
