El viejo dicho de tirarse al río y pretender salir seco viene como anillo al dedo para situar el grado de delirio en que se sitúan algunos actores, sobre todo del ámbito político-sindical alineados históricamente con los postulados de izquierda, en cuanto a propuestas y reclamos que se formulan en plena pandemia, con un recrudecimiento de los casos de COVID-19 a nivel mundial –Uruguay no escapa a esta realidad, desafortunadamente– al punto de que la canciller alemana Angela Merkel advierte que “lo peor está por venir”.
No es a esta altura un secreto para nadie acotar que el problema del COVID-19 no es su letalidad, que es muy baja comparativamente con la de otras enfermedades, sino su gran contagiosidad y capacidad de mutación, y por ende la amenaza que conlleva para grupos de riesgo, como las personas de más edad o que padecen determinadas comorbilidades.
Por añadidura, y sobre todo, las formas de contención que hasta ahora han surgido como posibles barreras contemplan evitar la transmisión de persona a persona, lo que implica distanciamiento social y restricciones de actividades, así como la aplicación de los protocolos por todos conocidos, con una consecuencia directa sobre la economía, más allá de que se espere que den resultado las campañas de vacunación apenas iniciadas en algunos países.
Estas medidas restrictivas han significado la pérdidas de millones de empleos en todo el mundo y una gran incertidumbre sobre la evolución de la economía global, que enfrenta un período de caída en el intercambio comercial al que por ahora no se le ve la salida.
Sin embargo, en nuestro país hay grupos que por motivaciones político-ideológicas promueven que solo se trata de falta de voluntad de los gobernantes, y que es posible evitar el deterioro del empleo, del salario, o la afectación económica directa simplemente con una decisión voluntarista del gobierno que sea, en este caso del “neoliberal” que preside Luis Lacalle Pou.
Así, tenemos que el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, está denunciando pérdida salarial tras conocerse el porcentaje de aumento para el sector público y subrayó que hasta ahora no hay ninguna fórmula para la recuperación de lo que se pierde.
Estas reflexiones surgieron tras publicarse el decreto del Poder Ejecutivo que fija el incremento anual que tendrán los trabajadores del Estado para este año.
Este aumento es correspondiente a la diferencia entre la variación del índice de Precios al Consumo (IPC) durante el año 2020 (9,41%) y el centro del rango meta de inflación fijada para el año 2020 por el Comité de Coordinación Macroeconómica (5%).
Fernando Pereira señaló que estos porcentajes constituyen una pérdida de salario real: “El gobierno anuncia un ajuste de 4,41%, mientras que la inflación llegó a 9,41%. Esta es la primera vez en 16 años que va a existir caída salarial, de 5% para la totalidad de los funcionarios del Estado”, expresó en redes sociales el sindicalista.
“Hasta ahora no hay ninguna fórmula para la recuperación de lo que se pierde, que son 18 jornales anuales”, añadió.
En la nube de algodones que parece vivir el dirigente sindical quizás no se da cuenta que mientras los estatales enfrentan esta pérdida de salario real en pandemia, al menos conservan sus empleos inamovibles sin ninguna amenaza de perderlos, mientras miles y miles de trabajadores del sector privado han perdido sus empleos, están trabajando menos horas y consecuentemente perdiendo jornales y a la vez todavía muchos otros permanecen en el Seguro por Desempleo, como ocurre en todos los países del mundo. Y las empresas que dan trabajo genuino sufren a la par la caída de sus ventas, el cierre de comercios y la baja demanda de sus productos a menos precio, teniendo igual que “bancar” los salarios de sus empleados porque pagar los despidos significa ir a la quiebra, en muchos de los casos.
Este duro precio pagan los trabajadores privados, como así también las empresas, los cuentapropistas y quienes integran el tramado socioeconómico en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, dependiendo del tamaño de las economías y de las espaldas que tengan los estados en cuanto a fondos de respaldo para atender las erogaciones extra por subsidios y ayudas a empresas desde que empezó la pandemia, a la expectativa de una normalización sin que sigan destruyéndose puestos de trabajo reales y empresas en el sector privado.
Lamentablemente, en Uruguay no solo no contamos con espalda financiera, fondos de reserva ni nada que se le parezca, sino que al final de la anterior Administración –en manos de los que ahora quieren dar cátedra de cómo manejar la economía– el país quedó fuertemente endeudado y con un déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI.
En este contexto debemos situar el “reclamo” del dirigente sindical, como si en Uruguay y el mundo no hubiese ocurrido nada extraordinario que justifique esta pérdida, como así también las “recomendaciones” del exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori respecto a que el Estado uruguayo debe gastar más en asistencia ante la pandemia.
Así, el exministro de Economía y Finanzas y exvicepresidente de la República en una entrevista este martes a radio Sarandí afirmó que “el gobierno tiene que gastar más y no tiene que asustarse de gastar más”.
“Considero totalmente insuficiente los recursos que se han dedicado al trabajo contra este flagelo en particular que tenemos, que es el de la pandemia. Incluyo por supuesto todas las repercusiones económicas y fiscales que tiene la situación que le ha tocado vivir al gobierno. Vamos a entendernos, desde el principio, cosa que no pienso ahora, nosotros tenemos que el gobierno encaró bien el tema sanitario, y a pesar de que no se nos reconoce, varios de nuestros compañeros y compañeras salieron a decirlo y manifestaron el acuerdo de cómo se había encarado el fenómeno”, dijo Astori.
Sin embargo, evaluó que desde el punto de vista de los recursos “el gobierno hizo poco. Parto de la base de que nosotros tenemos que tener cuidado en las cuentas públicas y en lo posible trabajar para ir reduciendo el desequilibrio en las mismas, pero hay momentos en la vida de los países, y el mundo lo está demostrando, que el desequilibrio en las cuentas públicas no puede transformarse en uno de los principales frenos para atacar una realidad que necesita un gasto mayor”.
Consideró que el gobierno lo que hace es “privilegiar ante todo el resultado fiscal”, lo que “le impide que realice la tarea que debe realizar a través del gasto público”.
Es decir, recomienda más gastos, con dinero que no hay, y en medio de una gran incertidumbre y caída de actividad, quien no pudo o no quiso –por otras prioridades– reducir el déficit fiscal a la mitad, como había prometido hacerlo para el término de su mandato, cuando no había crisis por la pandemia, y aún después de que el país disfrutó de ingresos excepcionales durante una década por las condiciones excepcionalmente favorables del comercio exterior, y dejando un país endeudado y con caja deficitaria.
Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, o como ha señalado el senador nacionalista Jorge Gandini, “Astori nunca tuvo miedo de gastar lo que no había, endeudando al país. No le pegó a una sola proyección. El déficit 2014-2019 fue de U$S 11.000.000. Con plata ajena es fácil ser guapo”.
