Un año después, en circunstancias diametralmente diferentes como lo han sido la llegada del coronavirus a Uruguay y la situación actual en que hemos pasado a tener nefastos récords de casos nuevos, activos y fallecimientos, el gobierno toma nuevas medidas de disminución de la movilidad que involucran –entre otras– el cese de actividades presenciales en el sistema educativo y oficinas públicas.
De acuerdo a lo anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou luego de la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes, las medidas tienen como objetivo principal tratar de impedir la saturación del sistema de salud.
Para esto, se definió el cierre de oficinas públicas hasta el 12 de abril (salvo servicios esenciales), la suspensión de la presencialidad en todos los niveles del sistema educativo, la continuidad de disolución de aglomeraciones, suspensión de espectáculos públicos, el cierre de los centros termales de Salto y Paysandú, además de medidas sanitarias como la incorporación de 129 camas de CTI atendiendo las realidades regionales. Se agregan algunas medidas de índole económica como la duplicación de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y de tickets alimentación y la reinstalación del tributo COVID-19 por dos meses a los salarios públicos más elevados.
El sustento de todas estas medidas es la necesidad de aplanar la curva de contagios y descomprimir la presión sobre el sistema de salud, que en las últimas semanas ha venido advirtiendo y reclamando una urgente disminución de la movilidad para evitar entrar en la fase dramática de comenzar a decidir quién tiene acceso a una cama en CTI y quién no tiene acceso y eventualmente pueda morir, como ha pasado en otros países.
La disminución de la movilidad también viene siendo solicitada desde febrero pasado por el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach) del gobierno. La semana pasada este grupo, que asesora directamente al presidente Luis Lacalle Pou, divulgó un documento firmado por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini que señalaba que era “esencial tomar un conjunto de medidas que apunten a la disminución sustancial del número y duración de los contactos entre las personas”.
Advertían también que nos encontramos en el momento más alto de trasmisión comunitaria del virus y que a pesar de la vacunación en curso en todo el país “es esencial mantener por varios meses más” el uso de tapabocas, distanciamiento físico sostenido, higiene de manos así como “disminuir muy significativamente contactos, interacciones, mantener ‘burbujas sociales’, pequeñas y sin mezclar, evitar reuniones con no convivientes, y asistir a eventos sociales”. Esto último ya había sido incluido en un documento con recomendaciones divulgado el pasado 7 de febrero.
Por su parte, Lacalle Pou recordó que hace un año el gobierno decidió no confinar a los uruguayos y optó por la libertad responsable, a pesar de la presión de otros ámbitos. “Libertad que, una vez más, venimos a defender”, señaló, hoy en un contexto con mayor número de casos y con una nueva cepa proveniente de Brasil capaz de incrementar la capacidad de contagios, estimados en 2,5 veces más que los que causan las cepas anteriores presentes en el país.
Se trata de una afirmación de profundo contenido ideológico, en la que el gobierno sustenta sus decisiones y con la cual se podrá o no estar de acuerdo pero que marca –en el acierto o el error– el rumbo tomado por el país en esta materia.
Es una responsabilidad que asume el gobierno luego de considerar, según expresó el presidente, los aspectos sanitarios, económicos y sociales de la situación generada por el estado actual de la pandemia y los escasos márgenes de maniobra.
El concepto de “libertad responsable” –resumido en la ya famosa metáfora de las perillas– puede ser analizado desde diferentes ángulos y discutirse, por ejemplo, cuál es su límite y donde empieza el bien común o de qué manera se antepone el bienestar colectivo en una crisis sanitaria.
No obstante, lo que resulta indiscutible es que hablar de “libertad responsable” y sustentar en ella la gestión de la crisis sanitaria nos pone por entero en el terreno del sentido común.
En general se entiende que la expresión “sentido común” describe las creencias o proposiciones que se alimentan por la sociedad y es aquello a lo que nos referimos cuando queremos hablar sobre el conocimiento que todos compartimos. Serían algo así como conclusiones básicas y evidentes a las que todos llegaríamos casi automáticamente sin analizar demasiado, cosas que todo el mundo debería tener claro.
Repasando algunas acepciones se lo describe como “la facultad para orientarse en la vida” (Bergson), “una facultad que posee la generalidad de las personas, para juzgar razonablemente las cosas” (Trout y Rivkin), “el don provisto para saber distinguir todo lo que nos rodea: el bien, el mal, la razón y la ignorancia” (Yash, Hipat Roses e Imeld).
Aristóteles lo atribuía a nuestra capacidad de percibir de manera casi idéntica los mismos estímulos sensoriales cuando estos hacen diana en nuestros sentidos y para Descartes el sentido común es un puente entre el ser racional e inmaterial que según él gobernaba el cuerpo, y el mundo físico. La filosofía pragmatista lo considera un conjunto de creencias sobre aspectos prácticos y básicos del día a día y que resultan útiles para desenvolverse en ellas.
Hay muchas otras aproximaciones –filosóficas, epistemológicas, psicológicas, etcétera– a la dilucidación de qué es el sentido común, lo que evidencia que la complejidad del asunto. Es evidente que el sentido común nos dice que el agua moja y que el sol puede quemar o que si viene un auto directo a nosotros debemos tratar de salir de su trayectoria de alcance. Son todas cuestiones que sabemos por experiencia y por ser conocimientos adquiridos o construidos culturalmente… ¿pero qué pasa con una pandemia que nos azota por primera vez con una fuerza que por generaciones no la habíamos vivido? En definitiva, el concepto de sentido común es complejo y problemático porque no podemos dar por sentado que al vivir experiencias parecidas todos sacaremos las mismas conclusiones de ellas. Por otra parte y suponiendo que nuestro sentido común pueda funcionar muy bien, existen otros muchos legítimos intereses –y seguramente los más fuertes son de índole económica y de subsistencia– en pugna para nuestras decisiones cotidianas, las cuales deberían tener al menos la sensatez de tratar de minimizar el riesgo.
Esto quiere decir que no podemos dejar de tomar las medidas básicas de prevención que hemos aprendido por fuerza de los hechos en el último año. Actuemos responsablemente en ese sentido y hagamos lo que sea indispensable hacer sabiendo que vivimos en una situación riesgosa para nuestra salud y la de los demás. Lo demás, seguramente admite una pausa en beneficio de todos.