Un funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos, quien resultara lesionado en un acto de servicio, aguarda desde el año 2017 por una respuesta y reclama por el subsidio transitorio de incapacidad parcial (STIP).
El dirigente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), Alejandro Álvarez, explicó que dicho beneficio lo recibe un trabajador “cuando no hay un nexo causal en la patología o lesión que adquiere, sino que resulta de un accidente. En este caso, el bombero resultó lesionado al asistir a un incendio. Por lo tanto, le corresponde porque se lesionó trabajando”.
Definió que el tiempo transcurrido desde el siniestro, “es una falencia. No se reconoció aún el acto de servicio y permanece en junta médica hasta que lo pasen al STIP. Esta situación le perjudica el sueldo y es la segunda vez que no le pagan el subsidio, que es un 65% del sueldo”, dijo Álvarez a EL TELEGRAFO.
Explicó que la demora “no tiene en consideración la situación sanitaria del país. El funcionario reclama algo que le corresponde y su caso es más crítico, porque lo dejan sin dinero para enfrentar su situación. Está en riesgo de perder su casa porque no puede afrontar la cuota, entre otras situaciones personales provocadas por este atraso administrativo”.
Consultado sobre los escenarios posibles para mejorar el entorno del funcionario, dijo que “lo más justo es que lo saquen del STIP y vuelva a trabajar. O le otorguen una jubilación por acto de servicio. Pero el tema que hoy vuelve a platearse es la suspensión del salario por una falla administrativa. El trabajador no puede viajar a Montevideo a una evaluación, por la suspensión de las juntas médicas ante la pandemia”. Álvarez destacó que “como sindicato estamos muy preocupados por este funcionario, así como otros que están en la misma situación”.
A nivel del Ministerio del Interior, hay más de 1.200 funcionarios que se encuentran en juntas médicas. “Un porcentaje importante de ese total puede estar trabajando porque hay muchos que tienen el alta médica de su médico tratante, pero no de la junta nacional. Entendemos la situación sanitaria del país, pero este atraso no es de ahora y se debe buscar una forma de agilizar. Si los funcionarios presentan el alta, la junta nacional puede llamar a una junta especial para que los trabajadores se reintegren porque hay quienes quieren volver a trabajar”.
El dirigente señaló que “hay voluntad de muchas partes en resolver el problema, pero los atrasos son administrativos. Por estos casos, el sindicato ya presentó denuncias en Asuntos Internos del ministerio, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y en el Ministerio del Interior”.
