La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un procedimiento disciplinario a la Jueza Letrada de 6º turno de Rivera, luego que su esposo fuera enviado a prisión por robar y ocasionar daños en equipos informáticos del Centro de Justicia de la capital departamental. Asimismo, se resolvió suspenderla en el ejercicio de su cargo como jueza de Familia Especializada y ordenó la retención de la mitad de su sueldo por un plazo de seis meses.
Un informe del Colegio de Abogados de Rivera sobre el funcionamiento del juzgado a cargo de la magistrada señala suspensión intempestiva de audiencias, existencia de atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias. La División Informática del Poder Judicial reportó que varios equipos informáticos de los juzgados de Rivera fueron vandalizados y se detectó la falta de memorias y/o discos. Por este hecho, la fiscal Stella Alciaturi solicitó la formalización del hombre, de iniciales H.G.B.A, que convivía con la jueza, según la investigación.
En las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior se ve al imputado ingresar por la puerta principal, con llave en mano, dos veces el domingo y una el lunes, al Centro de Justicia, antes del personal administrativo, según informó Subrayado.
En tanto, en un allanamiento a su domicilio, se incautaron tres placas madre de mini PC y teléfonos celulares, entre los que se encontraba el móvil de su pareja.
La SCJ consideró que, con todos estos aspectos, existen elementos suficientes para afirmar que “la Sra. Magistrada habría incurrido en injustificadas dilaciones u omisiones” y que surgen pruebas que “aparentan ser verosímiles respecto al incumplimiento de parte de la Dra. S. de sus obligaciones como magistrada”, en particular “suspensiones excesivas de audiencias y dilaciones indebidas en el dictado de sentencias”, afirma el Poder Judicial en un comunicado.
Respecto de los hechos investigados en sede penal y en uso de sus potestades disciplinarias, la SCJ fundó su decisión “en la verosimilitud de estas acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas puede resultar perjuicio para el interés público o descrédito en la Administración de Justicia y por asumir conductas irregulares que comprometieran el decoro de su ministerio”, agrega la comunicación de la SCJ.
