El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, presentará el informe especial elevado al Parlamento sobre “Cárcel, dignidad y derechos humanos”. El documento enfatiza que, según las normas nacionales e internacionales, el objetivo del sistema carcelario es “dar tratamiento” para favorecer la reintegración social, y que cuando eso no ocurre “existe trato cruel, inhumano o degradante”.
El documento, que se dará a conocer hoy jueves a través del canal de YouTube del Parlamento, analiza la evolución del concepto de trato cruel inhumano y degradante desde su incorporación en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y su aplicación a la realidad penitenciaria. El informe, señala que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones Unidad en 1966 y ratificado por Uruguay, en consonancia con la Constitución del Uruguay y otras normas legales, donde “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma penitenciaria y la readaptación social de los penados”.
Según afirma el Comisionado, “la noción de tratamiento dentro de la ejecución penal, refiere a dos cosas: a condiciones de vida con acceso a aquellos bienes que permiten el desarrollo humano o sea educación, cultura, trabajo, salud, deporte y también la atención específica a problemas concretos, asistencia a la adicciones, atención de salud mental, atención sanitaria”. Prosigue el Comisionado que “cuando no hay tratamiento, hay trato cruel, inhumano y degradante, porque la persona cuando no puede desarrollarse no queda igual, se degrada, empeora, cae, y es responsabilidad del Estado tener políticas que eviten eso dando rehabilitación”.
El documento señala que: “Tratamiento refiere a un conjunto racional y planificado de acciones orientadas a determinada finalidad, en este caso reparadora o integradora. Nada más lejos del tratamiento que una cárcel sin actividades”.
Asimismo, se afirma que “el respeto a la dignidad es la presencia de tratamiento, y el tratamiento es el ejercicio de los derechos” y que en pleno siglo XXI, “el sistema penitenciario debe tener un nivel de acceso a oportunidades y servicios sociales, laborales, educativos y culturales, similar al existente en la sociedad exterior. Estar forzado a vivir en privación de libertad en un contexto violento, amenazante, inestable, conflictivo o pobre en oportunidades, constituye un trato cruel, inhumano o degradante y podría incluso significar tortura”.
De acuerdo a lo manifestado por Petit, este marco normativo de derechos humanos es la base para avanzar hacia una política pública que involucre a todo el Estado en el tratamiento carcelario. “Es un gran desafío para todos los poderes del Estado. No avanzar en ese camino nos condenará a seguir teniendo un sistema gigante, poco rehabilitador y con una gran reincidencia, o sea un gran generador de delito. Innovar, seguir reformando, avanzar en política pública en esto, es una de las llaves para proteger la vida de todos los ciudadanos”, indicó.