Gimnasios tienen el protocolo aprobado pero no autorización para funcionar; “es una decisión política” dijo Lourdes Rapalín

Lourdes Rapalín, presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines.

El sector de gimnasios y afines recibió como “golpe de gracia” la decisión de extender la prohibición de funcionamiento en la medida que, justamente días antes, había recibido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la confirmación de que había sido aprobado su protocolo sanitario, un trabajo de nueve meses.
Lourdes Rapalín, presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA), directora de los centros de estética Bethel Spa (uno de ellos en Almirón) y suplente del diputado Álvaro Dastague, dijo a EL TELEGRAFO que “tenemos la aprobación del protocolo sanitario de acuerdo a notificación que nos enviara Presidencia. Por lo tanto no hay razón para no reabrir nuestros establecimientos. Ahora es una cuestión política. Quien tiene toda la potestad es la Secretaría Nacional del Deporte. La misma que define que habilita el fútbol y el básquetbol, pero restringe a todos nuestro sector, que tiene cerca de 40.000 fuentes laborales”.

La propia Secretaría Nacional del Deporte confirmó que aun cuando está aprobado el protocolo sanitario para gimnasios y afines, la reapertura “queda supeditada al momento en que se produzca el levantamiento de la suspensión que rige sobre actividades deportivas en gimnasios o clubes deportivos y deporte amateur. Las medidas se extenderán hasta el (domingo) 16 de mayo de 2021”.

Rapalín hizo hincapié en que el sector se encuentra ”muy golpeado realmente. Ya es la tercera vez que cerramos y eso ha hecho desaparecer establecimientos, pone en la línea final a otros y además hace que algunos gimnasios –especialmente en el interior del país– han comenzado a desmantelarse, vendiendo sus equipos. Para un sector que vive el mes a mes, que está integrado por emprendedores, no por grandes empresarios, este golpe es difícil de asimilar”.

“Ni siquiera se habilitó la actividad al aire libre”, agregó y advirtió que “todos quienes sí hacen actividades al aire libre no están autorizados, sino que se encuentran en la informalidad. De los que pagamos un presupuesto fijo de alquiler, leyes sociales, todo lo que haya que pagar para estar abierto al público y además dan fuentes de trabajo, ninguno está haciendo actividad al aire libre, porque tenemos mucho que perder. Es mucho el riesgo. No vamos a cometer ese error. Quienes están trabajando en la informalidad, por el contrario, no tienen riesgos. Pero tampoco sabemos si están en condiciones técnicas y profesionales. Simplemente son personas que aprovecharon una situación y empezaron a hacer este tipo de actividades”.

En el país hay 1.985 gimnasios y afines registrados, pero no incluyen unipersonales ni monotributistas “por lo que el número real debe ser mucho mayor. En total estamos hablando de 40.000 personas que viven directamente del sector”, reafirmó.

Pero ese número puede reducirse porque “lamentablemente, es una realidad que una parte significativa del sector no podrá volver. No se vuelve y la situación es muy complicada. Desde la Cámara estamos tratando de dar un apoyo en todo lo que podemos. La realidad es que no somos grandes empresarios, somos todos emprendedores. Entonces es muy difícil tener espalda para sostener todo un año, como lo hemos venido sosteniendo”.

PROYECTO DE LEY

Lourdes Rapalín, quien previamente ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto para la regulación de acoso en las instituciones de enseñanza y de prevención y sanción de violencia y acoso psicológico laboral, tiene ahora entre manos una iniciativa para declarar esencial la actividad física, con lo que no se podría en el futuro cerrar en forma total al sector.

“El proyecto de ley se redactó en el Directorio de CUGA, es un trabajo en conjunto. Como diputada lo voy a presentar para que ingrese a la Comisión de Deportes, para ser considerado con celeridad. Lo más importante es que no va a ingresar solo con mi firma, sino también con la de diputados del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que se comprometieron a apoyarlo. Irá con firmas de todos los partidos políticos, porque la actividad física y la salud es algo que nos importa a todos. Cuando llega una enfermedad no pregunta a quien votamos”, explicó.

UN PROTOCOLO MUY TRABAJADO

CUGA, que en Paysandú tiene una filial que coordina Gonzalo Sueldo y cubre además la parte del litoral, trabaja desde agosto pasado en el protocolo sanitario, “en conjunto con el Ministerio de Salud Pública trabajamos desde hace varios meses. Por entonces, no se hablaba de aforo, sino de distancias. Fue en diciembre que surgió un aforo del 30%. En enero el Ministerio de Salud Pública aprobó el protocolo remarcando que había una orden desde el Ejecutivo en ese sentido. Nuestro aforo contempla entonces el 30%, que los usuarios no estén más de una hora, que se habiliten los vestuarios. Está aprobado. Pero aun así, no estamos habilitados”.

Rapalín dijo entender que “hay un poco de miedo de la parte del Ministerio de Salud Pública. Nos han comentado que hay muchos gimnasios que no están habilitados. Pero si eso es así, ahí deben jugar un papel importante las departamentales, que son las que deben encargarse de controlar. Los de CUGA tienen todas las habilitaciones, por lo que se le podría poner en un lugar visible un sello que determine su afiliación. Sería una especie de certificado”.
Con eso en consideración Rapalín subrayó que “hoy no hay trabas para que podamos abrir, excepto claro, la de la Secretaría Nacional del Deporte”.

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