La edila nacionalista Adriana Uría hizo referencia en la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental a la campaña llevada adelante por el Frente Amplio y el Pit Cnt para recolectar firmas para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), entre los cuales se incluyen normas para permitir la legítima defensa de la familia cuando delincuentes ingresan al hogar.
La representante del oficialismo fustigó el intento de dejar sin efecto lo previsto en la referida ley en este aspecto, que “es un artículo muy importante”, y su derogación “a quien más afecta es al trabajador” que queda a merced de los delincuentes.
Subrayó que la derogación “es en defensa de los malhechores” y que la LUC contempla esta realidad para adecuarse a lo que sufre el “ciudadano agredido” y consideró que quienes promueven esta derogación en los hechos “son cómplices” de los violentos que acechan al ciudadano indefenso.
El tema fue retomado en el período posterior a la sesión, cuando se abre el debate sobre puntos que se exponen en la media hora previa.
Por su lado Martín Osores, del Frente Amplio, recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recomienda inversiones públicas en infraestructura para proporcionar empleos con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia.
Señaló que el actual intendente sanducero, Nicolás Olivera, formuló promesas en la campaña preelectoral en el sentido de promover fuentes de empleo, en un departamento que tiene un desempleo del orden del 13 por ciento, cuando la media del país es del 10,5 por ciento.
Indicó que “no todo es culpa de la pandemia” y que el intendente cuenta con recursos para hacer obras, así como el gobierno nacional. A su vez David Helguera, del Partido Colorado, dio cuenta de un problema que consideró “grave y permanente”, sobre la demora en poder retirar cuerpos del Instituto Técnico Forense, cuando se está ante casos de muerte dudosa, como dispone la Justicia. Indicó que ha recibido llamadas de familiares de difuntos que reclaman por la demora de horas y hasta días en poder retirar los cuerpos.
La situación de trabajadores de una cooperativa social que trabaja en el descacharre a efectos de prevenir el dengue, fue motivo del planteo del edil frenteamplista Washington Gallardo. Dijo que al mes de julio se le deben a casi una decena de personas los salarios de seis o siete meses, sobre lo que responsabilizó al Ministerio de Salud Pública y concretamente en Paysandú al director departamental de Salud, por lo que según el edil urge una solución.
Por su lado el representante nacionalista Humberto Biglieri hizo referencia a la rápida respuesta que ha tenido la administración de Nicolás Olivera a la inquietud, que había planteado ya durante la Administración Caraballo, sin que su planteo fuera atendido, en el sentido de reparar o reconstruir la rampa de la antigua autobalsa.
Subrayó que tras esta obra se está utilizando este elemento por Prefectura y para llevar embarcaciones al río, sobre todo los fines de semana.