Desde diciembre se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el proyecto de reforma de la Ley de Usura, promovido por partidos menores de la coalición de gobierno, como es el caso del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, pero que es vista con buenos ojos por los otros partidos de gobierno y eventualmente desde el Frente Amplio, según se indica.
Al respecto, el diputado Daniel Peña, autor de la iniciativa, indicó al semanario La Mañana que “luego de que los bancos compraran la mayoría de las financieras, integraron las operaciones de venta de las mismas a su unidad de negocio. Eso hizo que la tasa media bancaria se elevara casi al triple y que por ende aumentara la tasa de usura, incrementándose los intereses a la gente”.
Amplió que “cuando nosotros convocamos al Banco Central del Uruguay (BCU) a la comisión para trabajar en esta iniciativa, le planteamos al presidente del organismo, Diego Labat, que nos parecía que la Ley de Usura no permitía que los bancos incluyeran dentro de su unidad de negocio los resultados de las financieras de su propiedad. Las autoridades del BCU comentaron que estaban de acuerdo con nuestra visión y que la ley era bastante clara al respecto”.
Aclaró el legislador que a raíz de este planteo, el BCU anunció a los bancos y las financieras que a partir de enero de 2022 no va a permitir más esta operativa, lo que determinará la imposibilidad de computarlo para el cálculo de la tasa media bancaria, “que es la madre de todos los males”, según el diputado Peña.
Reveló que por esta causa la baja en la tasa de interés va a estar en el entorno del 40 por ciento, nada menos, aunque los bancos privados y las financieras ya presentaron un recurso contra el decreto del Banco Central, mientras a su vez Peña tiene la expectativa de que su iniciativa pueda fusionarse con la de Cabildo Abierto sobre el mismo tema, para agilizar el tratamiento en comisión del Senado.
Los proyectos tienden a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directos con abusos en la aplicación de tasas de interés, que son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Otro de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó al respecto que “se termina pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene gollete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
La iniciativa de Daniel Peña, del Partido de la Gente, procura dar lugar a una herramienta legal que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
El legislador subrayó que “el objetivo que yo persigo con el proyecto es bajar la tasa de interés que pagan los uruguayos. Lo que nosotros consideramos es que el cálculo que hoy acepta el país, en base a lo que se cobra por interés, raya la usura. No solo eso, sino que la ley acepta como norma lo que se cobra, pero estamos convencidos de que eso es usura y que no se debería permitir”.
La regulación del sistema financiero es una inquietud que el diputado tiene desde hace largo tiempo, sobre todo, porque “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada, la de menos recursos y más necesitada.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Esto significa que acceden con el salario al crédito bancario, pero después, ante cualquier atraso, ingresan a financieras donde la ley hoy permite que haya hasta un 240% de interés anual en pesos en créditos al consumo.
Asimismo, el legislador calificó esa ganancia como “totalmente extralimitada” y “fuera de lo normal”, sobre todo, si se considera que la inflación actual del país es del orden del 10%. “Si el Estado permite esto, directamente estamos avalando el robo a mano armada a la gente que más necesita”, lamentó.
Incluso reveló que “miles de usuarios nos cuentan constantemente que reciben llamadas telefónicas de estudios de abogados que a través de mentiras, intentan cobrarles de todos los modos posibles, diciéndoles cosas inciertas y fuera de lugar, aprovechándose de una posición dominante y acosando gente que en muchos casos termina muy mal”.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que debe asumir quienes están en el sistema, que hace precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
Por otra parte, los intereses exorbitantes no sólo se ven en los préstamos al consumo de las financieras, también son aplicados a la totalidad de las tarjetas de crédito sobre el saldo pendiente de pago.
En este contexto el planteo principal de este proyecto de ley es “atar” la tasa de usura a la inflación, porque “no podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente, tiene que ser reducida drásticamente”, destacó Peña.
Lo que es de recibo, además, hasta por el viejo dicho de no matar la gallina de los huevos de oro: el objetivo no debería ser “exterminar” al deudor en su vida financiera, sino darle aire para que pueda pagar sin atosigarlo con los intereses y costos sobre costos que hacen que la deuda resulte impagable.
Ese debería ser el aspecto a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, con acuerdos en el marco de un equilibrio imprescindible que tenga en cuenta todo el amplio espectro del escenario, para no generar distorsiones, para que no pagar no resulte un buen negocio y que no lo subsidien los buenos pagadores del sistema.