A punto de caer otro bastión del centralismo

Cuando se habla de la colocación de productos en el extranjero se refiere a barreras no arancelarias a los obstáculos que se ponen para dificultar el acceso a determinado mercado. Muchas veces estas barreras suelen estar atadas a justificaciones sanitarias, pero en el fondo no esconden más que una forma de proteccionismo, aunque también tiene mucho de práctica recaudatoria. Pero qué ocurre cuanto esto se da dentro de un país, incluso dentro de un país unitario (en el sentido de que no se trata de una federación o confederación de varios estados). Eso, que ha ocurrido históricamente e Uruguay, dificultando artificialmente la posibilidad de vender en Montevideo productos elaborados en el interior del país, hoy parece tener los días contados, y en estos días hemos estado viendo algunos síntomas de ellos.
No es un tema nuevo en realidad, pero el Congreso de Intendentes desde el pasado período de gobierno está trabajando en la instrumentación del Sunae, Sistema Único Nacional de Alimentos y Empresas, para cuya aplicación estaría faltando la puesta en funcionamiento de un software específico que el Congreso encomendó a una firma.
Pero, ¿en qué consiste el Sunae? Muchos lo comparan con el avance que significó el Sucive en la pacificación de la “Guerra de las Patentes”, que enfrentaba a las diferentes intendencias. En este caso provocará que haya un solo registro para los productos alimenticios y que estos puedan venderse en todo el país, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que para ingresar a Montevideo los productos elaborados, registrados y habilitados en los demás departamentos deben llevar a cabo una nueva tramitación frente a la intendencia capitalina.
Recientemente todo este asunto cobró mucha notoriedad por el caso de Julia Olarte, una emprendedora trinitaria, fabricante de los alfajores Cuatro de Julia, que se volvió bastante emblemático.
El 7 de mayo, a través de su cuenta en la red social Twitter anunciaba que ya no podría vender su producción en Montevideo. “Hola alfajoreros. Viernes negro para mí. Así como he compartido las buenas del emprendimiento, hoy toca una mala. No estaré más en los locales de Montevideo. Si bien tengo bromatología de Flores, para el local y los alfajores, no es suficiente para estar en la capital. Si les digo que no he parado de llorar, ¿me creen?”, tuiteaba entonces.
Su situación se agravaba porque en ese entonces había invertido en la compra de un horno para dar un salto en su capacidad de producción, y al frenarse las ventas en el principal mercado en volumen que tiene este país, la situación se le volvía angustiante. “Hasta ahora me marchaba todo viento en popa, me animé a comprar el horno. 20 cuotas de $7.500 (ya pagué 1). Siento que se me viene el mundo arriba. Sin dudas que es un golpe muy duro, pero como estoy enamorada de mi emprendimiento y quiero seguir haciendo lo que me gusta, le voy a buscar la vuelta”, afirmaba. Y agregaba que “intenté hacer el trámite de bromatología pero con los requisitos que piden es inaccesible. Sabía que esto me podía pasar, era un riesgo que corría… hoy me tocó. Y la verdad es que se siente horrible”.
Y este relato, que tantas similitudes tiene con los de muchos de los emprendedores del interior del país, motivó entre otras cosas un comentario de la referente del programa Sembrando, Lorena Ponce de León, quien incluso después de eso se reunió con el Congreso de Intendentes para interesarse por el avance del trámite del Sunae.
El nuevo episodio que ha tenido esto es la resolución de la Intendencia de Montevideo por la que esta semana decidió bonificar en hasta un 100% los cargos de Tasa Bromatológica que deben abonar los productos elaborados en los demás departamentos para comercializarse en la capital. Y aunque la resolución firmada por Carolina Cosse aclara que no se exceptúa “a los beneficiarios del cumplimiento de los deberes que correspondan ante la intendencia de Montevideo, ni de los controles que esta deba realizar en el marco de sus competencias”, de todos modos es una señal del rumbo que van tomando las cosas.
Es que todo esto de las tasas bromatológicas quizás en algún remoto momento pudiera justificarse –erróneamente– en la diferencia de posibilidades entre Montevideo y los demás departamentos a la hora de evaluar las características de un producto determinado, desde hace ya un buen tiempo no tienen el mínimo sentido. Bastaría, en todo caso, con que desde la Intendencia de Montevideo se solicitara, si tuvieran dudas, acceder a la tramitación realizada por la empresa en su departamento de origen, para corroborar que esto estuviese en orden. Hoy eso se puede hacer en cuestión de minutos.
Pero es más, hoy la capacidad de análisis en el Interior del país es similar o incluso hasta superior a la de Montevideo. Sin ir más lejos la Licenciatura en Análisis Alimentario, que ofrece la Universidad UTEC, se cursa solamente en el Interior, en la ciudad de Paysandú, y el equipamiento que esta institución posee es el que la Intendencia Departamental emplea para llevar a cabo los análisis bromatológicos a los alimentos que se producen localmente. Mal podemos entonces hablar de diferencias a favor de Montevideo en este aspecto.