Es indiscutible a estas alturas que el futuro del transporte liviano será eléctrico, o al menos mixto, con un fuerte componente eléctrico (como estiman algunos de los más importantes fabricantes automotrices internacionales). Y en una región en la que nunca son fáciles los cambios estructurales, el país viene dando pasos bastante firmes. En estos días, sin ir más lejos, se anunció desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, junto a empresas públicas como UTE y el Banco de Seguros, un nuevo plan que tiene el objetivo de promover la incorporación de vehículos eléctricos de pequeño porte, en concreto motos y triciclos de carga, para uso familiar o comercial, a través de una serie de beneficios. Se trata de una experiencia piloto que se pone en marcha en los departamentos del norte del país (y tal vez allí radique parte de la explicación de por qué se apuesta en este plan a los vehículos pequeños).
Los números que se han dado a conocer sobre el avance de la electrificación de la movilidad en Uruguay hablan de un crecimiento sostenido. De hecho se espera que este año se alcance un récord en cuanto a la comercialización de unidades, sumando vehículos particulares y para el transporte de mercaderías y pasajeros en el país. Las estimaciones hablan de entre 500 y 600 vehículos totalmente eléctricos, de decir, sin tomar en cuenta los vehículos híbridos, según se daba a conocer durante el Segundo Foro de Movilidad Sostenible, el pasado mes de noviembre.
Pero también en este año se habrá visto un crecimiento en materia de infraestructura, ya que UTE anunciaba en esta instancia que a fin de año tendrá instalados 122 puntos (35 nuevos que se suman a los 87 preexistentes) de carga en todo el país, seis de los cuales corresponden a cargadores de corriente continua, o rápida.
“Hoy en el país la flota de vehículos eléctricos está compuesta por 34 ómnibus, 74 taxis y alrededor de 650 automóviles y camionetas particulares o pertenecientes a empresas”, exponía entonces Silvia Emaldi, la presidenta de UTE, empresa que posee 95 unidades “que en cinco años han recorrido más de dos millones de kilómetros por todo el territorio nacional”.
Esos 35 nuevos puntos se ubican en la zona sur, Este y litoral, por lo cual se firmó un acuerdo con Ancap, para la instalación en estaciones de servicios, y con nueve intendencias para hacer lo mismo en espacios públicos. La presidenta dijo que la aspiración es que a partir del año próximo haya “un punto de carga cada 50 kilómetros” y anunció que el próximo paso será la instalación de cargadores “en grandes superficies y centros comerciales, además de continuar con su multiplicación en edificios particulares y de oficinas”.
En el mismo sentido el director nacional de energía, Fitzgerald Cantero, decía que el objetivo es terminar el quinquenio “con al menos un ómnibus eléctrico en los 17 departamentos que todavía no cuentan con este modo de transporte”, es decir, quitando a Montevideo y Canelones, que ya tienen.
Es decir, hay una apuesta, y es claro que el Gobierno asume el desafío de acompañar estas transformaciones con políticas de apoyo. Y un ejemplo de ello es el recientemente anunciado programa titulado “Subite”, que tiene el propósito de facilitar, a través de beneficios, la adquisición de vehículos eléctricos.
La iniciativa del Ministerio de Industria tiene en este caso el apoyo de UTE y el Banco de Seguros y se trazó el objetivo de beneficiará la adquisición de –al menos en esta etapa– hasta 1.000 motos eléctricas y 100 triciclos de carga.
Este programa alcanzará a beneficiarios de los departamentos al norte del río Negro: Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó, a quienes se ofrece “el reintegro del 10% del valor de compra del vehículo (con topes de 250 dólares para motos y 450 para triciclos) y un descuento en la factura de UTE (monto único de $ 2.022 por concepto de energía para el suministro asociado al vehículo). Además, a través de los Certificados de Eficiencia Energética, el beneficiario recibirá un reintegro por concepto de ahorros energéticos una vez transcurridos los primeros 12 meses desde la adquisición del vehículo, que se calcula en función del uso dado al vehículo. Finalmente, también será acreedor de un seguro obligatorio del BSE por un año”.
Sobre lo tentador o no que resulten estos beneficios, entenderá cada uno de acuerdo a su realidad, así como en lo atinente a las prestaciones y durabilidad de los vehículos, que se puede consultar en el listado disponible en la página del MIEM (www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria), donde figuran además los precios, apartado en el que las opciones van de los alrededor de 1.300 hasta más de 10.000 dólares.
El listado, una planilla Excell, también incorpora datos relacionados con la venta de estos vehículos y con el servicio que cuentan localmente, sobre lo que ciertamente conviene asesorarse adecuadamente antes de concretar la compra, como con cualquier vehículo, por supuesto.
Y esto forma parte de una discusión tan antigua como la de qué fue primero, si el huevo o la gallina, y de allí lo del título por supuesto. Seguramente cuando llegó el primer automóvil a Paysandú no existiría un taller mecánico, o una estación de servicio, y en caso de una avería habrá tenido que viajar –el mecánico o el vehículo– unas cuantas horas en tren, y la nafta era por esos tiempos un producto que se despachaba en farmacias.
Pero hoy no, la vida actual demanda otros tiempos de respuesta, y si bien es loable que se desee promover la electrificación, el esfuerzo debe estar acompasado, si no se quiere tener una fila de 200 motos y triciclos haciendo fila para recargar en un único punto, o esperando turno en la cuadra del mecánico (o electricista) que sepa cómo repararlos. Contar con estas seguridades, de tener cerca un punto de recarga y un entendido que pueda solucionar cualquier problema, animará más que el pago anual del SOA (unos 2.000 pesos en promedio).