En los últimos días se ha divulgado en Uruguay un informe titulado “Aportes económicos y oportunidades de la población migrante y refugiada en Uruguay – Aproximaciones y recomendaciones”, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas (NU), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y cuya autora es la abogada y académica Valeria España.
1. Migrantes
De acuerdo con este documento, “la migración en Uruguay, de acuerdo con los datos establecidos en el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, asciende a 108.300 personas. Mientras que la población solicitante de refugio y refugiada, de acuerdo con datos recabados por Acnur, asciende a 25.406. (…) En la actualidad, la migración está vinculada preponderantemente con la búsqueda directa o indirecta de oportunidades laborales dignas. Incluso en los casos en que el empleo no es el impulsor principal del traslado inicial, generalmente aparece en algún momento del proceso de migración”.
2. Migración laboral
La publicación destaca que “La migración laboral se define como el movimiento de personas desde el país de origen a otro país con el objeto de trabajar. Los términos trabajador migrante y trabajadora migrante designan a todos los y las migrantes internacionales que tienen empleo o que están desempleados y buscan trabajo en el país en que residen”. Según las últimas estimaciones realizadas por la OIT en base de la definición arriba, las personas migrantes representan el 3,9 por ciento de la población mundial total (de 15 años de edad o mayores). Sin embargo, la proporción de personas trabajadoras migrantes en el total de trabajadores es mayor (4,4 por ciento). (…) La mayoría de las personas trabajadoras migrantes del mundo, según las estimaciones mencionadas, se desempeñaban en el sector de los servicios: 106,8 millones sobre un total de 150,3 millones (71,15 por ciento). La concentración en la industria, incluidas las manufacturas y la construcción, era de 26,7 millones (17,8 por ciento) y en la agricultura, de 16,7 millones (11,1 por ciento)”.
3. COVID-19
Según el informe, “La crisis sanitaria desatada por la propagación del virus del SARS-COV-19 (COVID-19) y su impacto en aspectos esenciales para el bienestar de las personas, como la salud, el cuidado, el trabajo y la movilidad, es destacable en la historia por su tamaño y alcance. (…) Un análisis realizado por Acnur sobre las secuelas de la crisis COVID-19 evidencia una participación desproporcionada de la población refugiada en situaciones de vulnerabilidad en comparación con la población local. (…) El riesgo de trabajo infantil y forzado también aumenta considerablemente. Desalojos, situaciones de calle, albergues o viviendas hacinadas, y empleo informal de sobrevivencia, exponen refugiados y migrantes a un mayor contacto epidemiológico”.
4. Uruguay
Entre las conclusiones de este trabajo, se expresa que “en Uruguay, una proporción significativa de las personas en situación de movilidad se encuentran en edades activas y con niveles educativos altos. El adecuado reconocimiento de este potencial favorece a los Estados y a las comunidades, e impacta positivamente en las estructuras etarias poblacionales, en una mejora en relación de activos y pasivos, en el crecimiento económico mediante la inyección de capital humano y diversificación de la oferta de trabajo. Según se ha evidenciado a lo largo del presente estudio, pese al calificado nivel académico de las personas en situación de movilidad, las barreras en los procesos de regularización, documentación y revalida de títulos o saberes, impiden el acceso al empleo con mejores condiciones, acorde a sus grados de formación. La inserción laboral es un aspecto fundamental del proceso de integración de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas. Se configura como la puerta de entrada al ejercicio de otros derechos, tales como el derecho a la salud, educación, inclusión habitacional y el acceso a recursos sociales. (…) Por otro lado, el subempleo de personas calificadas y el poco aprovechamiento de las experiencias exitosas de emprendimiento tienen impactos económicos para el país. De ser capitalizadas, estas personas podrían estar aportando tanto a nivel sustantivo como a nivel tributario, contribuyendo al círculo virtuoso de la economía uruguaya. Orientar y buscar las sinergias necesarias con las comunidades de acogida, potenciar al máximo las capacidades, los conocimientos y talento del capital humano, independientemente del origen nacional, debe ser una prioridad para el desarrollo y prosperidad de cualquier país”.
Dr. Rodrigo Deleón
