Las empresas líderes siempre captan mayores mercados. Este axioma que se visibiliza con claridad en el ámbito privado se confirma con una empresa pública, cuando tiene mejores posibilidades para atraer a nuevos usuarios.
Eso, precisamente, está confirmado con Antel. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, informó que al 20 de enero, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos había ganado 1.500 clientes y perdido 40. Y eso ocurrió en sólo ocho días, porque la portabilidad numérica rige desde el pasado 12 de enero.
Los atrasos generados en las primeras horas ante la falta de capacitación de los funcionarios, se regularizaron con el paso de los días y sumaron nuevos usuarios. Los planes y paquetes de gigas encuentran en el ente a un serio competidor y los resultados están a la vista. Y esto es así, porque los agoreros del desastre anunciaban una emigración masiva desde Antel hacia las empresas privadas, donde los cálculos “más optimistas” aseguraban que las pérdidas totalizarían más de 30 millones de dólares.
Los sondeos estimaban una voluntad de cambio en torno al 5%, e incluso algunos estudios efectuados desde la oposición apuntaban que en las próximas dos décadas, Antel perdería entre 123 y 425 millones de dólares. Claro que, en un escenario con estas características, no había forma de responder a las razones por las cuales el Estado quería perjudicarse a sí mismo y favorecer a las empresas multinacionales.
Incluso el argumento sobre lo “obsoleto” del sistema ante la generalización del uso del WhatsApp, que también fue usado para confrontar por la elección de una compañía, pero manteniendo el número en propiedad, tampoco fue de recibo.
Quedó expuesto que para la población es muy importante mantenerlo como una identidad y poder elegir, sin que se desmantele una empresa pública que continuará con sus buenos aportes a rentas generales y que, desde allí, se definan las políticas sociales.
Con las cartas vistas, hubo referentes por el Sí que mutaron su discurso y explicaron que no quisieron decir lo que, en realidad, dijeron. Porque el archivo de videos, entrevistas y redes sociales es muy vasto.
Por ejemplo, el vocero de la campaña por el voto rosado, Rafael Michelini, preguntó en el programa “Esta boca es mía”: “¿Nosotros queremos un mercado solo dominado por Antel? ¿No es mejor que haya competidores?”. Porque “lo que no quiero es que el mercado esté en una sola empresa”.
En pocos meses, el cuestionamiento pasó sobre las vinculaciones con las multinacionales de dos jerarcas del gobierno ligados a la comunicación, a manifestar una precaución porque las cuestiones del mercado iban a concentrarse en una sola empresa. Por otro lado, eran visibles las muestras de apoyo a la portabilidad numérica de algunos defensores del voto rosado que –precisamente–, denostaban los seis artículos correspondientes a este tema, contenido en los cuestionados 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que irán a consulta popular el 27 de marzo.
Ante la evidencia del error en el anuncio del peor escenario privatizador de las telecomunicaciones uruguayas, comenzó a ganar las portadas la afirmación basada en las decisiones “improvisadas” y en que ahora irán por la producción de contenidos de esa empresa, en el marco de un concepto más vasto. Una perspectiva a largo plazo que –claramente– no fue explicada en esta campaña donde se exponen 135 artículos a un referéndum.
Al menos en comunicación, si es que de eso están hablando, habrán de ponerse de acuerdo para que el mensaje llegue con claridad a la ciudadanía y, en el caso de no sostener un razonamiento con la realidad –como ocurre en este caso– que el cambio de estrategia para su defensa no vuelva tan evidente la falta de argumentos.
De lo contrario, el destinatario final del mensaje dudará ante su veracidad. Porque ahora parece que el riesgo es que la empresa estatal se fortalezca y que las multinacionales ayuden a regular el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, muy confuso para el lector y televidente de cualquier noticia que escuchó antes y después con los resultados de una medida en marcha.
Algo similar ocurre con la cuantificación de los distintos delitos y las acaloradas discusiones sobre la incidencia de la pandemia por la baja movilidad, o las diferencias existentes entre los números que maneja el Ministerio del Interior y la Fiscalía.
Las diferencias, ya conocidas por los operadores del Derecho, pero no así por el público en general, se encuentran entre el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, utilizado por el Ministerio del Interior desde 2010 y al que acceden la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía. Y el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay, desde 2018, que está disponible en forma exclusiva para la Fiscalía.
Esta última, inmersa en su etapa de investigación, contabiliza como homicidios a los casos caratulados como homicidio doloso, mientras que para su registro en el Ministerio es necesario una decisión judicial, además de la investigación. Entre ellos, se encuentra la legítima defensa o algún caso referido al accionar policial o la muerte de un vecino, confundido con un delincuente cuando se encontraba en la azotea.
La secretaría de Estado contabiliza a los homicidios con intenciones de matar y su observatorio de criminalidad permanece sin variaciones desde el gobierno de José Mujica. Incluso a cargo de Javier Donnángelo, quien desde entonces cumple funciones como director de Estadísticas del Ministerio del Interior.
El tiempo y la experiencia indican que los anuncios son necesarios. De lo contrario, se reclamarían por la falta de transparencia. Es un continuo retorno al viejo refranero que aseguraba el castigo por remar y también por dejar de hacerlo.
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