“Falta de previsión y coordinación agravaron la situación”, así titularon varias organizaciones sociales una declaración que hicieron pública a raíz de los recientes incendios que afectaron parte de los departamentos de Río Negro y Paysandú.
En la declaración exponen que el origen accidental de los incendios no es “razón suficiente para explicar la amplitud y gravedad del siniestro y evidenciaron la falta de previsión y coordinación de las autoridades competentes para enfrentar una contingencia que era completamente previsible”. Argumentan que “Si la causa de esta situación fuera el incendio de una camioneta cargada de pinturas en la ruta, junto con la ola de calor y la sequía, como registra el informe del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), tales circunstancias podrían haberse superado fácilmente si existiera en el área una brigada contra incendios lista y preparada para enfrentar contingencias absolutamente previsibles como las mencionadas”.
Expresan que con las dimensiones que la actividad forestal ha cobrado en el país (“hoy existen en el territorio nacional 1.065.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos y pinos, con una densidad de hasta 1.400 árboles por hectárea”) constituye “un riesgo por la generación de incendios que debió ser previsto desde hace años y haberse definido los recursos y las medidas necesarias”.
Plantean que, en cambio, en esta emergencia “han sido mayoritariamente vecinos de las zonas afectadas y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil”, además de las “brigadas departamentales de bomberos, quienes han tenido que hacerse cargo en lo fundamental de una situación para la cual no estábamos preparados”.
También señalan que “ha llamado profundamente la atención también la falta de preparación y prescindencia ante los hechos de las empresas forestales presentes en la zona (Montes del Plata, Forestal Oriental y la Caja Notarial), que deberían ser las primeras en tener medidas previstas y en actuar frente a lo que las involucra directamente”. De la responsabilidad de estas mencionan “la ausencia de mantenimiento de los cortafuegos, las franjas del terreno que separan los macizos forestales para impedir que el fuego avance”.
Afirman que “en lugar de estar limpias, esas áreas estaban cubiertas de hojas y ramas que facilitaban la combustión”, lo que, sostienen, “evidencia la omisión de las autoridades y de las empresas, que tal vez se descansan en tener sus plantaciones aseguradas”.
Las organizaciones firmantes exigen “que las autoridades asuman la responsabilidad y una revisión exhaustiva de las medidas para evitar que se repitan situaciones como las vividas en los últimos días”. Reclaman además “la presencia de una brigada permanente de bomberos en cada zona y la realización de simulacros de acción conjunta del estado, empresas y pobladores para estas contingencias”.
También afirman que “los costos de las compensaciones por los daños sufridos, así como de los recursos para ejecutar los planes preventivos necesarios (dotaciones locales de bomberos, reservas de agua, etcétera), no deben salir del erario público, sino de las empresas que operan en la región”, ya que a su juicio, “de lo contrario, estaríamos otorgándoles nuevos subsidios a costa de todos los uruguayos”.
La declaración está suscrita por Paysandú Nuestro, Gensa, Grupo Amigos de los Humedales, Colectivo de Guichón por los bienes naturales, Cooperativa Tierra pa Todos de Guichón, Calagüi, Cooperativa de Apicultores de Guichón, Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), Comisión departamental por los Derechos Humanos, Iglesia Valdense e Intersocial de Paysandú.
