De acuerdo con lo informado por nuestro diario, en las últimas horas la Intendencia de Paysandú resolvió extender por diez días, el plazo para la demolición de tres viviendas en el barrio Curupí cuya fecha vencía en el día de ayer, a fin de ejecutar las disposiciones legales establecidas en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial que prohíbe el afincamiento en terrenos inundables.
La resolución mencionada está amparada en las facultades que la legislación vigente otorga al intendente, en especial la actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio del departamento, especialmente en lo relativo a elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y someterlos a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades de ésta en la materia, así como ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta Departamental. En la misma línea y a texto expreso, las normas vigentes disponen que el intendente podrá determinar, previo acuerdo de la Junta Departamental, las zonas inaptas por su carácter de inundables, para la construcción de viviendas.
Lamentablemente la situación planteada en el barrio Curupí no es nueva ya que año tras año se repiten este tipo de situaciones a pesar de los esfuerzos que varias administraciones departamentales han realizado en este sentido. En el año 2016, por ejemplo, el diario Cambio de Salto publicaba la siguiente nota a la entonces funcionaria de la Intendencia de Paysandú, doctora Claudia Moroy: “No podemos eliminar de un día para el otro toda la situación irregular en estas zonas y todo lo demás, pero sí podemos tener una política clara de que no queremos que crezca el asentamiento en esta zona, o sea, que frente a las nuevas actuaciones ahí, estamos actuando, desestimulando”. La funcionaria agregó que han tenido que intervenir en casos concretos, apelando al diálogo. “En acuerdo con esta idea de que tenemos que manejar el consenso con los vecinos, hemos logrado que se desarme esa construcción y buscar opciones, que la persona pueda armarla en el predio de un familiar, frenar el avance. Porque tenemos como muy instalada esta cultura de la ocupación, porque de alguna manera hemos estado omisos en el control, entonces como no pasa nada, lo hago y en definitiva no hay una respuesta institucional fuerte. Que ahora sí la hay”, afirmó.
Por supuesto que la medida de desalojo no es simpática y mucho menos provechosa para los políticos que tienen una mirada cortoplacista y juegan “para la tribuna”, tratando de evitar los temas urticantes y diciéndole a sus votantes y a la opinión pública en general aquellas cosas que ellos quieren oír. Sin embargo, muchas veces es necesario poner por encima de todas las cosas las políticas públicas discutidas y adoptadas por autoridades electas democráticamente en base a decisiones fruto de procedimientos administrativos donde se ha respetado el derecho a ser escuchado, a presentar descargos y que por ello mismo protegen el derecho constitucional a un debido proceso administrativo. Si bien el desalojo al que nos referimos refleja un problema social y humano que nos interpela a todos y ante el cual no debemos ser indiferentes, nadie de sostener con seriedad que esa acción es arbitraria o carece de fundamento legal.
Ante este panorama, deben ser bien recibidas las declaraciones del exsecretario general de la Intendencia de Paysandú en la anterior administración, doctor Federico Alvarez Petraglia quien manifestó que “Nos llena de sorpresa la controversia que se generó en función de la ocupación por parte de algunas personas en la zona del bajo Curupí” (…) “todo el espectro político debe apoyar estas decisiones referidas a no permitir estas ocupaciones, porque de lo contrario estaríamos echando por tierra una política de Estado que debe trascender a quienes gobiernan. Esas políticas de Estado por más duras que puedan parecer hay que defenderlas cuando son las correctas, aun cuando se deba pagar un costo político el cual –creo– con gusto hay que hacerlo”. Para el referido profesional, “es responsabilidad de la Intendencia controlar que eso o bien no pase, o si pasa actuar diligentemente para su expulsión inmediata del sitio, ya que de permitir que se vuelvan a instalar implicaría tirar por tierra todo el esfuerzo que la sociedad en su conjunto realizó para que nadie más se instale en esos lugares” (…) “Mi postura es la de seguir adelante con la política de Estado definida en su momento por Tabaré Vázquez y el gobierno departamental de Guillermo Caraballo, es decir no permitir la instalación en esos sitios de ninguna vivienda”. Y si eso sucediera, “poner en marcha todos aquellos instrumentos que la normativa dispone para llevar adelante los desalojos y derrumbes que se deban hacer, lamentando que exista gente que medre con esta situación como aparentemente se pudo haber dado con algunos de los ocupantes”. Finalmente aseguró que “le den 10 días más de plazo no me interesa, lo que me importa es que no haya fisuras en las decisiones políticas que se tomaron. Hay veces en que la gente tiene razón, pero cuando no la tiene hay que decirle porque se tiene que terminar la joda”.
La posición asumida por las autoridades departamentales y los comentarios de Alvarez Petraglia resumen el meollo del asunto: por una decisión individual (aún de quienes se encuentran en una situación desventajosa y de necesidad) no pueden violentarse normas y programas gubernamentales tanto a nivel nacional como departamental. Tampoco podemos cerrar los ojos ante un mercado especulativo de quienes levantan construcciones precarias en zonas inundables para luego venderlas sin siquiera informar a sus nuevos ocupantes sobre el inminente desalojo y demolición, tal como sucedió en este caso. A esos mercaderes de la necesidad les debe caer todo el peso de la ley. De la misma forma deben ser rechazadas las declaraciones formuladas sobre este tema por la edila frenteamplista Natalia Martínez quien atacó la decisión de la actual administración departamental sosteniendo es “vergonzoso, lamentable que dejen gente en la calle sin importarles nada”, dándole de esa forma un claro tinte político partidario a una situación que constituye una tragedia humana.
Tampoco se puede ni debe desconocer los esfuerzos realizados por las autoridades de la Intendencia Departamental en materia de ordenamiento territorial tanto en la anterior administración como en la actual, y eso deja en claro una voluntad clara e indeclinable de mantener políticas públicas de largo plazo más allá del partido político que ocupe circunstancialmente la máxima responsabilidad del departamento. Se trata de un símbolo de madurez política (algo muy poco usual en Paysandú) y por ello debe ser apoyado por todos los partidos sin distinciones y por la ciudadanía en general.
