Lima, 27 (EFE)
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) calificó este lunes de “un atentado a la ciudadanía” un proyecto de ley presentado por el Gobierno ante el Congreso que, según el gremio, busca “blindar a quienes hoy están involucrados en presuntos casos de corrupción”, entre ellos el presidente, Pedro Castillo.
“De convertirse en ley, esta iniciativa privaría a la ciudadanía de informarse sobre investigaciones de presuntos casos de corrupción, incluyendo aquellos que hoy se siguen contra el presidente Pedro Castillo, sus sobrinos, el exministro Juan Silva, exfuncionarios de su Gobierno y otros Gobiernos del pasado”, sostuvo el CPP en un comunicado.
Para la asociación, la iniciativa legal que el Ejecutivo envió el viernes pasado al Parlamento, que crea el delito de difusión de información fiscal reservada sobre casos penales, es “un atentado a la ciudadanía” porque, bajo esta norma, “se sancionarían a jueces, fiscales y policías que filtren información a periodistas antes de que un proceso llegue a juicio oral”.
“Este proyecto de ley blinda a quienes hoy están involucrados en casos de corrupción, hechos que merecen ser de conocimiento de todos los peruanos”, insistió el CPP.
En ese sentido, la institución subrayó que, de haber existido esta normativa, no se hubiera alcanzado “el grado de conocimiento y acercamiento a la verdad” en el caso de corrupción Lava Jato porque, aseguró, “fue la prensa la que mantuvo a la ciudadanía informada a lo largo de todo el proceso”.
“Sin salir a la luz, las investigaciones pudieron ser saboteadas o afectadas por intereses particulares. La impunidad hubiera prevalecido”, agregó en la nota.
Por eso, el CCP hizo un llamado al Congreso a “no sumarse al juego” y frenar “esta medida oscurantista”.
El último viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el Gobierno había enviado al Parlamento esta iniciativa legislativa que penalizaría a funcionarios públicos que revelen información de procesos judiciales a terceros.
“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal, en su etapa preliminar, inicial, es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa a juicio oral, allí es público, no hay ninguna reserva”, expresó el jurista.
Torres agregó que la propuesta busca terminar “esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada” y sancionarla hasta con cuatro años de cárcel.
El anuncio atizó la polémica desde un inicio y fue criticado por varios sectores periodísticos del país, que cuestionaron que la iniciativa surja en un contexto en que la Fiscalía y el Congreso investigan a Castillo por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
