A partir de la decisión de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) de habilitar a cinco cableoperadores a comercializar servicios de acceso a Internet por vía física a hogares y empresas, han surgido fuertes cuestionamientos desde la izquierda, por entender –por lo menos así lo dicen– de que se trata de un paso enmarcado en la política de “privatización” y “desmantelamiento” de las empresas públicas, una postura que está en sintonía con el sindicato de la empresa estatal y otros gremios directamente interesados en mantenerse ad eternum como funcionarios del Estado.
El punto es que desde la semana pasada, Antel plantea un nuevo escenario en uno de sus negocios más importantes, cuando a través de una serie de resoluciones, el Poder Ejecutivo habilitó a cinco cableoperadores (tres de Montevideo, uno de Colonia y uno de Canelones) a comercializar servicios de acceso a Internet por cable a hogares y empresas.
Es fundamental, empero, para ubicarnos en el eje de la cuestión, que las compañías ahora autorizadas habían obtenido en 2016 –durante el último gobierno del Frente Amplio– fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia a los recursos de inconstitucionalidad presentados contra un artículo de la Ley de Medios, del año 2014, que prohíbe a los prestadores de servicio de comunicación audiovisual ofrecer al mismo tiempo “servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos”.
Es decir que la resolución del máximo órgano de justicia fue emitida a efectos de reparar una ley inconstitucional aprobada durante el gobierno de José Mujica, mientras que desde el Frente Amplio no se hizo nada para corregirlo, pese al dictamen, y se argumenta que esta reciente decisión del gobierno perjudica abiertamente a Antel, que hasta ahora tenía el monopolio en este rubro, ignorando olímpicamente el hecho de que se aprobó una normativa que va contra la Carta Magna y que muchos cableoperadoress del Interior siguen perjudicados por una decisión arbitraria de su gobierno.
El argumento más retorcido proviene precisamente de la expresidente de Antel y actual intendente de Montevideo, Carolina Cosse, quien manifestó al respecto que “es una medida de legalidad cuestionable (¿?) y es antipatriótica”, olvidándose como al pasar que la ilegalidad estaba del lado de la ley que lo prohíbe, aprobada durante un gobierno de izquierda.
Consideró al respecto que “estamos siendo espectadores del vaciamiento de Antel. La empresa ha invertido en la última década fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones. Antel es la que hizo posible el Ceibal, Antel es la que sacó las castañas del fuego durante la pandemia. Es la que ha instalado la infraestructura para los trabajadores del futuro. Es una medida de legalidad cuestionable. Es lamentable que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones. Es una medida antipatriótica”.
Es no solo incongruente, sino casi una burla, en realidad, que estas apreciaciones procedan de quien ejercía la presidencia de Antel cuando este organismo “regaló” a Montevideo y sobre todo a su Intendencia Departamental del Frente Amplio el Antel Arena, por el que se pagó más de 100 millones de dólares –el doble de la primera estimación de costos– para ahorrarle a la Intendencia capitalina que tuviera que enfrentar los costos de sustituir el siniestrado Cilindro Municipal. La realidad sin discusión posible es que los clientes de Antel de todo el país pagamos con tarifas sobrepreciadas otro privilegio concedido a Montevideo desde una empresa estatal.
En la misma línea, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expresó que el decreto lo que hace es “privatizar el Internet fijo” y perjudica a la telefónica estatal.
“Privatización de Internet fijo. El Ejecutivo otorgó licencias a privados para comercializar Internet a hogares y empresas. La iniciativa perjudica a Antel y rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica. El modelo uruguayo, cimentado en nuestra empresa pública, garantizó el desarrollo del Ceibal, la conectividad educativa, el teletrabajo, el desarrollo de tecnologías de la información y las exportaciones de software. El Estado gana además 120 millones de dólares anuales. Antel ya superó los 850 millones de dólares de inversión en fibra óptica en la última década. Además, el 43% de sus ingresos anuales (U$S 410 millones) dependen del Internet fijo. Esta política es de todos los uruguayos y trasciende las divisas partidarias ¿Por qué romperla?”, cuestionó el jerarca en Twitter. En tanto, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, defendió la postura del gobierno y afirmó que “había una demanda por parte de los cableoperadores de poder brindar también servicios de transmisión de datos e Internet”.
Subrayó que las concesiones fueron habilitadas por el Poder Ejecutivo, luego de que cinco cableoperadores presentaran una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la ley N° 19.307, del 29 de diciembre de 2014.
Debido a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó el reclamo, las empresas, a partir de ahora, podrán ofrecer esas prestaciones y proporcionarles a sus usuarios mayores opciones y más libertad para elegir, informó Aramendía.
Por su lado el director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicaciones Audiovisual, Guzmán Acosta y Lara, después de cuestionar a Cosse por referirse a legalidad de la resolución del Poder Ejecutivo, le respondió a la jerarca luego de que publicara en Twitter una frase de José Gervasio Artigas en el aniversario de su natalicio este domingo y replicó: “‘Sean los orientales tan ilustrados como valientes’, José Gervasio Artigas. Hoy que sean ilustrados significa acceso universal a Internet, llevar fibra óptica a las ciudades y barrios olvidados. Incentivar la competencia mejorará la calidad del servicio y reducirá los precios”.
“Cosse está igual que Sendic (Raúl, expresidente de Ancap). Miente, dice que está vigente un monopolio de fibra que está derogado. El monopolio opera solo para telefonía fija. Así lo entendieron la cátedra de Derecho Administrativo, el TCA, la Suprema Corte de Justicia y los legisladores al aprobarse la ley 17.524”, escribió Acosta y Lara.
Indicó asimismo que Uruguay es uno de los pocos países del mundo en el que los cableoperadores no pueden brindar servicio de Internet y que “el Poder Ejecutivo del pasado gobierno no quiso cumplir con la decisión de la SCJ”.
Pero lo esencial del debate a nuestro juicio, más allá de las ideologías y el pase mutuo de facturas, es lo que más sirve a la gente, al ciudadano común, por encima de a quién pertenecen las empresas, y naturalmente, lejos de la propia conveniencia de los funcionarios de las empresas públicas que quieren que éstas sigan con sus monopolios y sin competencia, como un reaseguro de su empleo inamovible.
Y cuando se adopta una decisión de este tipo, se brindan más opciones a la gente, en competencia de más de un proveedor, lo que es una apuesta a mejorar la calidad del servicio y su precio, sobre todo cuando se podrían unificar facturas de cables e Internet en un solo paquete y reducir costos en hogares y empresas. Que es por cierto mucho mejor que los monopolios a rajatabla para tener al cliente cautivo de por vida.