La Unión de Sindicatos Policiales (USIP), conformada por el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi) y la Asociación de Funcionarios de Migraciones (Afumigra), presentó en Presidencia un documento que contiene las reivindicaciones por aumento salarial, la atención a la salud mental y vivienda para los efectivos.
“El aumento salarial proyectado es de 22% para lo que resta del período de gobierno de la totalidad de los funcionarios del Ministerio del Interior. Hemos tenido una pérdida salarial importante en los últimos dos años y es uno de los reclamos mayores ante el gobierno”, explicó a EL TELEGRAFO, el dirigente del SUPU Alejandro Álvarez.
La mesa de sindicatos demanda “atención a la salud mental con sicólogos especializados en la materia policial en forma periódica en cada departamento porque tenemos hechos relevantes todos los días que exponen emocionalmente a los funcionarios. Eso requiere una atención inmediata y no está ocurriendo”.
En el punto referido a la vivienda, “el Ministerio del Interior le descuenta a los funcionarios en actividad y retirados el 1% del salario. De esa recaudación, va un 30% par a la Caja Policial y el 70% queda en el Fondo de Vivienda”.
El secretario nacional de salud laboral del SUPU, manifestó la necesidad de “una política de vivienda y que se empiece con la construcción de complejos habitacionales porque estimamos en unos 12 millones de dólares la recaudación de ese fondo en estos dos años de gobierno”.
Consultado sobre los reclamos presentados en la administración anterior sobre el mismo tema, recordó que “lo que está para atrás se encuentra bajo una auditoría y cuando averiguamos, desde el ministerio nos dijeron que no estaban claros lo números. Hay cuentas bancarias y la Corporación para el Desarrollo trabaja aún en ese tema. Lo cierto es que no hay una política de vivienda para los policías”.
Explicó que “existen situaciones concretas de efectivos con emergencia habitacional y no se ha construido ni una vivienda en lo que va del período. Algunos viven en zonas conflictivas y han recibido amenazas. Por eso, no se puede dilatar más este tema en el tiempo”. Los sindicatos denunciaron que “hay una intención del ministerio de aumentar el descuento de ese fondo y provocaría una rebaja salarial”.
Sanidad policial
En forma paralela, el Ministerio del Interior había planteado un aporte adicional de los funcionarios para cubrir el déficit anual de Sanidad Policial, que es de 254 millones de pesos. Los sindicatos rechazaron esta propuesta y denunciaron una “mala gestión” en el servicio.
Finalmente, la secretaría de Estado resolvió no llevar adelante la propuesta de crear un fideicomiso para combatir dicho déficit, así como tampoco incrementar el descuento a los efectivos.
“El Hospital Policial está en una situación compleja porque hay una mala gestión. Se sigue destinando dinero para el hospital, pero se le descuenta al policía para la atención del funcionario y su familia”, dijo Álvarez.
Ejemplificó que “los descuentos van desde 1.600 a 2.400 pesos, según el grado que ostente. Si ese descuento se incrementa, también hay una rebaja salarial que no está compensada con los aumentos salariales que hemos tenido”.
El dirigente resumió que “en esa mesa de trabajo reivindicamos derechos que logramos en dos años de trabajo. Es la misma propuesta que presentamos al Ministerio del Interior hace un mes y medio no hemos tenido una respuesta. Por eso, ante la próxima discusión de la Rendición de Cuentas, estaremos presentes en el Parlamento”.