Tras la firma de un convenio con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Instituto Nacional de Colonización (INC) incorporará el cumplimiento de normas de calidad en su trabajo. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que el objetivo es transformar la organización, fortalecer la competitividad y sustentabilidad, mejorar los procesos y fomentar la innovación en las tareas cotidianas. También asistieron a la firma del acuerdo, el presidente y el director del LATU, Ruperto Long y Gabriel Murara, respectivamente, y el presidente del INC, Julio Cardozo, junto al consejo directivo de esa institución. El convenio es parte del plan estratégico 2020-2024 de Colonización para mejorar las capacitaciones de funcionarios y colonos, así como el desempeño respecto a la gestión global del organismo, eficiencia, calidad y seguridad de los servicios. El LATU apoyará la transformación en esa entidad para fortalecer la competitividad y sustentabilidad, a través de la mejora de sus procesos y fomento de la innovación.
El ministro Adrián Peña reconoció que un porcentaje importante de los colonos son productores lácteos y que, entre más de 3.000 tambos, hay 500 que tratan de forma correcta, desde el punto de vista ambiental, sus efluentes. Agregó que, si se considera que Uruguay proyecta incrementar en 50% su producción láctea, es necesario concretarlo en forma sostenible. Recordó que la cartera a su cargo colabora con los productores y trabaja en diversas herramientas. Una de estas fue acordada por Ambiente y el Instituto Nacional de la Leche, y refiere a que los tamberos certifiquen el tratamiento correcto de los efluentes, lo que le permitirá lograr mejores tasas y plazos financieros.
Cardozo expresó que en la actividad agropecuaria, y en particular las actividades lechera y cárnica, los mercados internacionales exigen estrictos controles de calidad, a lo que el instituto no está ajeno. En ese sentido, recordó que en la actualidad se hacen cargo del arrendamiento de 370.000 hectáreas propias, de las cuales un porcentaje del 30% corresponde a la lechería y el 70% restante, es agrícola-ganadero.
Por su parte, Long afirmó que el convenio contribuirá a una mejora continua en la gestión y que es una iniciativa extensible a la totalidad de la esfera pública, con el objetivo de perfilar a las instituciones como organizaciones modernas. El compromiso insumirá un total de 24 meses de trabajo e implica tres etapas.
En una primera instancia, se realizará un diagnóstico para identificar en forma temprana la situación inicial del sistema de gestión. Luego, se apoyará en la elaboración de los procesos, de acuerdo al sistema de trabajo diseñado, se implementará e intercambiará entre las oficinas regionales y se definirán indicadores globales de gestión. En la tercera fase se acompañará durante la auditoría de certificación del sistema que realice el organismo seleccionado por el instituto.