En varias ocasiones (incluso durante la última campaña electoral) el presidente Lacalle Pou ha hecho hincapié en impulsar una reforma de la educación pública acorde con la propuesta de gobierno formulada oportunamente y que la ciudadanía votara por mayoría. Si bien es necesario y saludable que exista un contralor institucional de las decisiones de un gobierno tal como sucede con el Parlamento, lo cierto es que los presidentes deben cumplir con sus promesas electorales, ya que resulta oportuno recordar que en las elecciones no sólo se votan candidatos sino también programas de gobierno. Así como nadie hubiera tenido derecho a pedirle a Daniel Martínez que aplicara el programa de gobierno de la coalición gobernante, tampoco corresponde que el Frente Amplio le exija a Lacalle Pou ejecutar sus programas y propuestas las cuales no fueron electas en el año 2019. Sobre este punto es bueno recordar las palabras del expresidente Tabaré Vázquez durante su discurso en el año 2014 al ganar por segunda vez las elecciones nacionales: “Vamos a cumplir hasta la última coma con el programa del FA. Dentro de la Constitución y la ley todo; fuera, nada”.
La iniciativa reformista que en materia educativa impulsa Lacalle Pou y que lleva adelante el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva, ha sido rechazada y atacada desde sus orígenes por los sindicatos de la educación, incluso desde antes que se supiera al menos algo de su contenido, desde que se oponen a cualquier cambio que afecte sus grandes y antiguos privilegios que hacen recordar a los sindicalistas peronistas de la República Argentina, eternos brazos ejecutores de sus mandantes políticos partidarios a quienes guardan mayor lealtad que a sus propios afiliados. Como si fuera poco, Robert Silva cometió el “terrible pecado” de poner transparencia en el sistema de licencias médicas otorgada por ANEP, algo así como tocarle “la gallina de los huevos de oro” a cualquier sindicato ya que a través de su uso indebido y de la cuota sindical se intercambian favores entre quienes son afiliados favoreciéndolos por encima de los no afiliados, a quienes se trata como simples “carneros”. Parafraseando al escritor británico George Orwell es su obra “La rebelión en la granja” (una parodia de los gobiernos comunistas), para el Pit Cnt “todos los trabajadores son iguales, pero algunos son más iguales que otros”.
Para colmo de males, Robert Silva ha adoptado una valiente y ejemplar conducta de dar la cara y participar de reuniones para hablar de la reforma educativa que alienta el gobierno y eso constituye un pecado mortal para los sindicatos, que están acostumbrados a dominar los escenarios físicos a base de insultos, empujones, escraches y faltas de respeto en general sin dar lugar a segundas o terceras opiniones. Por esa razón tanto el cómo sus colaboradores han sido objeto de diversas agresiones (incluyendo una pintada en el frente del lugar donde vive) y lo han insultado gritándole “ladrón, cínico, estas pintado, parásito, mentiroso” a los que se sumaron los epítetos preferidos de la izquierda uruguaya: “oligarca” y “facho”. A pesar de los ataques de la patota sindical, Robert Silva sigue dando la cara y haciendo aquello para lo cual se le convocó a gobernar, contando además con la correspondiente venia del Senado de la República. Por supuesto luego de cada incidente se hace público el infaltable comunicado de los sindicatos de la educación repudiando los hechos respecto de los cuales nadie cree ni puede creer que sean ajenos, tanto por acción como por omisión.
Lo cierto es que, más allá de las “pretensiones sindicales”, las necesidades de la educación pública no pueden seguir esperando a que los sindicatos se aseguren su cuota de poder y repartan las tajadas de un sistema que se cae a pedazos. No hay más tiempo. No se pueden seguir postergando cambios que son urgentes para los sectores más desprotegidos de nuestra población y que por ello mismo deben ser atendidos aquí y ahora. Seguir postergando esas reformas es una trampa al solitario en aras de un futuro que tal vez nunca llegue o que lo haga cuando haya poco o nada para salvar. Problemas como estos deben atenderse a la brevedad, porque tal como lo expresara el expresidente argentino Raúl Alfonsín al asumir su cargo el 10 de diciembre de 1983, “La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin la capacidad de prever, pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre los seres humanos concretos y cercanos. Los problemas que debemos prever son, a lo sumo, los de las siguientes dos generaciones. Mediremos, en consecuencia, nuestros actos para no dañar a nuestros contemporáneos en nombre de un futuro lejano. Pero nos empeñaremos, al mismo tiempo, en la lucha por la conquista del futuro previsible, porque negarnos a luchar por mejorar las condiciones en que viven los hombres, y por mejorar a los hombres mismos, en términos previsibles, sería hundirnos en la ciénaga del conformismo. Y toda inacción en política, como dijo el actual pontífice, sólo puede desarrollarse sobre el fondo de un gigantesco remordimiento. La acción, ya sabemos, no llevará a la perfección: La democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones”.
Afortunadamente, la actividad sindical cuenta en nuestro país con la máxima protección jurídica, al establecerse, en el artículo 54 de la Constitución Nacional que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. A esta norma deben sumarse una gran cantidad de tratados internacionales, leyes y decretos que otorgan la necesaria protección para que la actividad sindical pueda ser ejercida como el derecho humano que es y que hace a la construcción de una democracia sana y vigorosa. Esa gran libertad conlleva, como siempre sucede, una gran responsabilidad y aquí es donde el accionar de los sindicatos de la enseñanza deja mucho que desear ya que suplanta el diálogo por el insulto, la agresión física y la falta de respeto. Mal que le pese al Pit Cnt, las responsabilidades de la educación pública en nuestro país le corresponden a la ANEP y no a los sindicatos, cuya finalidad no es el bien común sino la lógica defensa de sus afiliados. El punto es que los intereses del país en una materia tan sensible como la educación no pueden estar de rodillas ante los caprichos sindicales. El Pit Cnt debe entender que no es un partido político más –por más que en los hechos “manejan” al Frente Amplio a piacere, al punto que el expresidente del Pit Cnt es el actual presidente del Frente Amplio– ni tampoco un cuarto poder en igualdad de potestades y legitimidad que el Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Ni los sindicatos ni los sindicalistas están por encima de las leyes y de la Constitución Nacional. Ambos tienen tantos derechos como los demás ciudadanos, ni uno menos pero tampoco ni uno más.
Nadie puede sorprenderse que los sindicatos hagan uso de sus técnicas de “apriete” para tratar de amedrentar a quienes no piensan como ellos (existen muchos ejemplos lamentables de esa práctica de corte netamente fascista). Lo que si sorprende, y gratamente, es que Uruguay cuente con una voz valiente como la de Robert Silva para llevar adelante la impostergable reforma de la educación pública de nuestro país. Una voz que se escucha clara y firme a pesar de la conducta antidemocrática de los sindicatos de la enseñanza.
