Un grupo de dirigentes del Partido Colorado difundieron una nota pública donde alertaron “el retroceso institucional” en el país. “Los abajo firmantes, colorados y batllistas, identificados con los valores republicanos y liberales de Rivera, Suárez, Brum y los cuatro presidentes Batlle, manifestamos nuestra honda preocupación por sucesivos hechos de la vida pública que entendemos significan un retroceso institucional de nuestra República”.
Explican que “los actos delictivos llevados a cabo por el jefe de custodia presidencial parecen ir ampliándose a situaciones alarmantes de creciente gravedad, debido al daño institucional que ocasionan, por lo que entendemos que su investigación debe llevarse a cabo sin ninguna limitación ni injerencia política de ninguna clase”, señalan en referencia al caso Astesiano.
“Los errores cometidos en la contratación del exjefe de custodia conllevan responsabilidades que no pueden reducirse mediante el argumento de resguardar temas personales. En principio, las conversaciones del Presidente con su jefe de custodios deben referir a cuestiones del trabajo (esa debería ser la regla). Por tanto, la Fiscalía debe conocerlas, analizarlas y calificarlas, y, luego de eso, resolver cuáles deberán mantenerse en reserva, por ser ajenas a los hechos que se investigan”.
El comunicado agrega que “la exclusión de responsabilidad presidencial derivada de la investidura tiene el alcance y las limitaciones que establece nuestra Constitución y no puede interpretarse fuera de ellos, sin perjuicio de respetar en toda su extensión la presunción de inocencia”.
Los dirigentes manifestaron su “preocupación por la presunta utilización de herramientas del Estado para violar los derechos de no se sabe cuántos ciudadanos, en tanto resulta violatoria de la Constitución y las leyes, no puede ser desestimada calificándola como ‘manija’’”. Consideran “inaceptable que permanezcan en sus puestos los jerarcas policiales que habrían habilitado el acceso a esas herramientas en forma absolutamente ilegal: sin autorización judicial, sin que existiera ninguna investigación oficial y a personas ajenas al ámbito estatal. La actual y –coyuntural– lógica binaria, de bloques, no puede cercenar nuestra vocación republicana, que implica el apego irrestricto a la verdad y la justicia”.
La carta está firmada por Margarita Machado, Mariella Demarco, Baltasar Brum, Leopoldo Trivel, Yeanneth Puñales, Horacio Pla, Eda Machado, Anibal Gloodtdofsky, Juan Carlos Nassif, Ramiro Tafernaberry, Alejandra Caino, José Pablo Franzini Batlle, Martín Pérez Banchero, Guillermo Quintela, Ma Florencia Soca, Juan Ignacio Rivero, Santiago Bianchi, Tomas Vassallucci, Lorena Massanet y Leandro Guarteche.
