Uruguay fue sede de la Conferencia Global de Plásticos, un ámbito en el que se buscó fijar una postura para avanzar en un tratado para buscar soluciones de alcance global a la contaminación por plásticos. La declaración final de la delegación de nuestro país, presentada por el director de Jurídica del Ministerio de Ambiente, Marcelo Cousillas, es una síntesis de todo lo que se espera y de cómo funcionan estos ámbitos multilaterales de diálogo, el instrumento que el mundo ha empleado para hacer frente a la crisis ambiental. Por esta vía se han logrado acuerdos y protocolos, instrumentos con los que se ha pretendido enfrentar, por ejemplo al calentamiento global, con escaso éxito, pero anteriormente al agujero de la capa de ozono, acaso con mejor suerte.
“Uruguay apoya la declaración regional realizada por Colombia, en nombre del Grulac (Grupo Latinoamericano y del Caribe, es el grupo geopolítico que reúne a los Parlamentos Nacionales de varios países de la región) y al respecto, destaca el valor que otorga al multilateralismo, como la vía adecuada para encarar y solucionar problemas de alcance global, como la contaminación por plásticos”, expresa la declaración uruguaya.
Prosigue señalando que “será fundamental que nuestras negociaciones puedan contar con una nutrida actividad intersesional y con financiamiento para ello, en la que se puedan realizar tanto reuniones técnicas, como reuniones regionales preparatorias. Pero dada la brevedad de los plazos, será necesario que tengamos lo más pronto posible, una identificación suficiente y detallada de los elementos que deberá contener un instrumento jurídicamente vinculante, de forma que la segunda sesión de esta Comité pueda seguir avanzando de forma decidida”.
Agrega que “Uruguay seguirá bregando para el resultado de este proceso sea un acuerdo ambiental internacional con obligaciones y medidas de control, que promueva la producción y consumo sustentables y la reducción y eliminación de plásticos problemáticos y sustancias peligrosas y aditivos, asegurando una transición justa basada en la economía circular, contando con Planes Nacionales de Implementación (NIP), como herramienta fundamental para la aplicación, adaptación y cumplimiento de las obligaciones que prevea el futuro acuerdo”. Este acuerdo multilateral deberá tener “un enfoque de derechos humanos”, que contemple: “el derecho de todos a gozar de un ambiente limpio, saludable y sostenible”; “el derecho a la salud, especialmente de los trabajadores y de los más vulnerables”, y también “los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia, tal como desde tiempo atrás lo establece el Acuerdo de Aarhus y, más recientemente, en esta región, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en 2018”.
Además insta Uruguay en su documento “a la comunidad científica, a la academia y al sistema de Naciones Unidas” a realizar presentaciones escritas “respecto de los efectos sobre el ambiente y la salud humana, derivados de los plásticos y de los aditivos peligrosos utilizados”.
Los que no parecen estar del todo de acuerdo con esta forma de llevar las cosas son un grupo de científicos que se han dado en llamar Rebelión Científica (originalmente en inglés Scientist Rebellion), una rama relacionada con el movimiento internacional Rebelión o Extinción, que integran expertos climatólogos y ecólogos, que ha venido llevando a cabo acciones de protesta y desobediencia civil en rechazo a lo que consideran una inacción de parte de los gobiernos del mundo frente al cambio climático.
Entre otras cosas buscan que se reconozca que “ya no es posible mantenerse por debajo del límite de calentamiento global de 1,5ºC fijado por el Acuerdo de París”, y de paso, piden “la cancelación de la deuda de los países del sur global y la descarbonización inmediata de su sector del transporte”. Para esto, en octubre, más de 100 científicos y académicos de 12 países asumieron el riesgo de ser detenidos y encarcelados en Alemania, un país que consideran emblemático por lo que significa para Europa por su peso económico y político. Se reunieron bajo el lema “Unidos contra el fracaso climático”.
Peter Kalmus, climatólogo estadounidense y miembro de Scientist Rebellion, afirmó que no ve “ninguna prueba de que los líderes mundiales se estén preparando para realizar los cambios radicales necesarios para limitar el calentamiento a 1,5 °C. Ha llegado el momento de admitir ante la opinión pública que no existe una vía real para mantenerse por debajo de 1,5°C”.
Las críticas apuntan también a los subsidios a los combustibles fósiles.
“Los científicos de la vida han documentado el exterminio de especies y la destrucción de ecosistemas con un detalle exasperante. Sin embargo, nuestras medidas, predicciones y conclusiones son ignoradas de manera abrumadora por los políticos, que tienen el poder de detener este proceso. Incluso mientras los investigadores escriben innumerables advertencias e informes sobre la emergencia biosférica, la situación empeora cada año”, refirieron en su declaración en el marco de estas protestas, justificando la acción llevada adelante y realizando un llamado a nuevas movilizaciones no violentas de desobediencia civil.
Esto puede ser un preocupante indicio de los tiempos que se vienen, en el que la academia y el mundo científico se paren firmes ante un sistema político mundial que se enfoca en alcanzar apenas acuerdos mínimos, evita afectar determinados intereses, pero no logra acercarse a las soluciones que –a juicio de los científicos– se necesitan. Un problema de muchas puntas, donde quizás la “culpa” no sea completamente del sistema político. La pregunta es: ¿hasta dónde el mundo está dispuesto a cambiar?
