El consumo problemático de sustancias en embarazadas en Uruguay está fuertemente estigmatizado e invisibilizado. Sin embargo, ocurre y se incrementa como un fenómeno nacional y global.
En el continente latinoamericano, Uruguay y Argentina mantienen un elevado nivel de consumo de cocaína –entre otras sustancias– e incluso presentan mayor consumo no médico de sicofármacos. Las últimas estadísticas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina señalaban que entre 2010 y 2017 se triplicó el consumo de cannabis, cocaína y alucinógenos en la región, en esta población específica.
Pero el énfasis de los estudios y las estadísticas se han enfocado en el consumo de las sustancias legales y “socialmente aceptadas”, como el tabaco y el alcohol. Igualmente, hay un incremento en ambos países y, de un universo de unas 1.500 embarazadas que se asistieron en hospitales públicos, el 44% en Argentina y el 53% en Uruguay habían sido o eran fumadoras en ese momento.
Los porcentajes también son considerables en cuanto al consumo de alcohol durante la gestación y un 15% reconoció haber tenido al menos un episodio excesivo en ese período.
La invisibilidad de esta población aumenta su vulnerabilidad porque el consumo crea un ámbito sujeto a perjuicios y, frente al rechazo, ocultan su consumo o interiorizan su frustración. Las campañas, en general, suelen enfocarse a los aspectos negativos del consumo y sus afectaciones a la salud física o mental –ya conocidos–, sin priorizar un mensaje con mayores contenidos a poblaciones específicas. La visibilidad del problema y sus consecuencias, en un mundo mediatizado y con un fuerte bombardeo de información, tampoco tiene una perspectiva de género en ese momento de la vida de una mujer.
No obstante, el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) maneja “la otra” estadística. Desde el año 2020, registra más de un caso por año de niños que debieron ser hospitalizados por ingesta de drogas y unas 650 mujeres declararon que consumieron en algún momento del embarazo. Por lo tanto, la estadística es incierta si vamos al hueso del asunto: ¿cuántos embarazos no intencionales existen en este universo de mujeres? Y ¿cuántas consideran que no es lo que habían planificado para sus vidas?
El impacto en el desarrollo humano y la salud mental es doble, en tanto afectará a la mujer y al niño desde el primer momento de sus vidas.
Y si la maternidad es una construcción cultural, es posible que las comunidades no estén preparadas para el debate desde ese punto de vista. Bajo estas circunstancias, serán cruciales los primeros tres años en la vida de todo ser humano y sus consecuencias en el desarrollo posterior. Porque a ese aspecto, deberán sumarse la alimentación, estimulación y afecto de un entorno que brindará contención de acuerdo a las capacidades adquiridas para contener.
Las crisis –económicas y sanitarias– son momentos coyunturales que sirven para medir esas realidades. Y los pediatras confirman cada impacto en los consultorios, tanto por problemas en el desarrollo mental, el habla o el estado físico en general de un niño.
No hay un relevamiento de datos sobre lo ocurrido durante la pandemia, tanto con el consumo de alcohol o drogas en las embarazadas. Sin embargo, a las consultas llegaban mujeres solas que se encontraban deprimidas.
En cualquier caso siempre hay que asociar los resultados a la difusión y, al menos durante la pandemia, las campañas publicitarias se acotaron a la situación de contingencia que atravesaba el planeta. En este caso, cabe recordar a modo de ejemplo que durante la primera administración de Tabaré Vázquez se instaló –junto a la prohibición de fumar en espacios públicos– una campaña de desestímulo del consumo de tabaco que tuvo eco en esta población y, de hecho, durante ese tiempo bajó el consumo de cigarrillos en las embarazadas.
En los últimos años y con la venta de cannabis para uso recreativo, ha bajado la percepción del riesgo en general. En realidad, durante el período de gestación el consumo de la madre causa un efecto en su embarazo y llega al feto. Pero también le llega el consumo de otras personas que conviven en el mismo espacio y lo transforman en un ambiente hostil.
Hace algunos días, el INAU debió intervenir y derivar a un hogar a un niño de 2 años que ingresó al Hospital Pereira Rosell por ingesta de cocaína. En este caso, su madre no es consumidora sino un familiar, y la droga estaba sobre una mesa de una vivienda en un asentamiento.
Por lo tanto, es una muestra más de la otra cara de la desigualdad no resuelta, en un ámbito de consumo problemático y sin una solución habitacional para la parte más vulnerable de esa familia. Porque ahora el organismo considera su derivación a una residencia de madres con hijos del Ministerio de Desarrollo Social o el INAU. El caso no revistió gravedad, pero es la aproximación a otras situaciones ocurridas en años anteriores, donde a la droga se suman los contextos de violencia intrafamiliar, como causantes de al menos la mitad de los motivos de los ingresos en la citada institución.
Según el presidente del INAU, Pablo Abdala, “es alarmante una circunstancia de estas características”, en tanto supone un hecho de vulneración extrema en la primera infancia.
A nivel global, entre el 1% y el 3% de la población tiene retardo mental y ese guarismo aumenta al 10% en países en extrema pobreza. En una población –como la uruguaya– donde desciende la natalidad año tras año, cada niño es un tesoro. Y los programas de atención a la primera infancia deberían quedar fuera de las discusiones electorales. Sí, es una materia de discusión de política pública que se enriquecerá conforme pasen las distintas administraciones. Pero cada gobierno deberá estar alerta frente a estas realidades de entornos vulnerables para el desarrollo futuro porque estará comprometida –e involucrada– toda la sociedad. Y acá no importa cuándo empezó el problema, sino cómo se sobrellevan las políticas de Estado.