Todo indica que el escenario global de la energía ha tenido un cambio radical, y que las prioridades trazadas por los países desarrollados fundamentalmente para el mediano y largo plazo han sido alteradas ante la realidad surgida de eventos de repercusión mundial como la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania, con una proyección todavía difícil de estimar.
Es cierto, desde estos eventos muchas cosas han cambiado en el globo, y el escenario se ha modificado en una diversidad de áreas, con la interrogante planteada sobre si estamos ante un nuevo ciclo coyuntural y por ende de carácter temporal o si se incorporarán nuevos elementos estructurales cuya entidad hoy todavía resulta imposible de evaluar.
Uno de los escenarios alterados tiene que ver con la energía, porque aquella Europa que parecía con un rumbo inconmovible de cambio gradual hacia la reconversión de combustibles fósiles a generadores amigables con el medio ambiente, ha puesto en marcha medidas que se han alejado de este camino para hacer frente a los imprevistos. En América Latina, a su vez hay un escenario diferente, con repercusiones de lo que ocurre en el Viejo Continente, pero sin la tónica de urgencias que ha determinado cambios tan significativos por aquellos lados.
Por una parte, tenemos que en América Latina se viene dando desde hace un tiempo una mezcla de factores tecnológicos, económicos, sociales y políticos que hacen de la región un lugar con las condiciones favorables para convertirse en un referente mundial de la transición energética justa. La iniciativa Relac (Renovables in Latin America and the Caribbean), con 15 países firmantes, estableció que para 2030 el 70% del consumo de energía eléctrica en la región vendrá de energías renovables, una meta que se entiende alcanzable.
Según el Banco Mundial, alrededor del 20% de la población mundial vive en 70 países con excelentes condiciones para la energía fotovoltaica, donde los promedios diarios superan los potenciales 4,5 kilovatio hora/kilovatio pico (kWh/kWp, las medidas de rendimiento y producción), suficientes para hervir unos 25 litros de agua. Los países de Latinoamérica que entran en esta categoría son Chile, Perú, México y Argentina. Sin embargo, el resto de Latinoamérica no se queda muy atrás, pues se encuentran en la franja de 3,5 – 4,5 kWh/kWp. En cuanto al potencial de energía eólica, Chile y Colombia llevan la delantera en el subcontinente.
Esta riqueza de recursos se ha traducido en un ritmo de inversión acelerado en los últimos años en la región. En 2019, Brasil, México y Chile formaron parte de los 20 países del mundo con mayor inversión en capacidad de energías renovables. Más recientemente, la capacidad instalada de energía renovable en América Latina y el Caribe sumaba unos 300.000 megavatios (MW). En los últimos diez años, los países con mayor crecimiento en el parque de generación a partir de energía renovable son Chile con 111%, Uruguay con 101%, México con 99% y Brasil con 66%.
Adicionalmente, la capacidad instalada actual y la futura de energías renovables hacen de América Latina una zona con alto potencial para la generación de hidrógeno verde. Este puede ser utilizado como energético en el sector industrial, uno de los más difíciles de electrificar, así como en el transporte y en la energización y calefacción de edificios. Varios países como Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, ya han publicado sus hojas de ruta en hidrógeno verde.
Consecuentemente, desde el punto de vista medioambiental, estas inversiones pueden ayudar a la región a impulsar la descarbonización progresiva y responsable de su economía y avanzar en ambas transiciones al mismo tiempo: la energética y la económica. En este sentido, la transición energética es una oportunidad para alinear los flujos financieros con el Acuerdo de París –el tratado climático más importante a nivel internacional– incluyendo el tratamiento de los subsidios, las reformas fiscales, la promoción del ahorro y las inversiones en energías limpias.
Sin embargo, los ritmos a los que avanzan los países serán diferentes, pues para aquellos que no dependan económicamente de la extracción de combustibles fósiles será más sencillo el proceso, como es el caso para El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay. En este sentido, la transición energética justa se presenta como una oportunidad.
De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, que mapea más de 3.300 casos de conflictos socioambientales a nivel global, más de la mitad de estos están relacionados con el desarrollo de infraestructura del sector energético, así como con la extracción de minerales e hidrocarburos. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en varios países latinoamericanos, el acceso a procesos de participación y a la información clara, verídica y oportuna puede dar más garantías en el desarrollo de proyectos de transición energética. Esto ayudaría a evidenciar la alineación de los gobiernos y el sector privado con las políticas ambientales que, entre otros beneficios, les permiten acceder a nuevos créditos.
Pero por regla general, más allá de los rumbos y proyectos, los flujos financieros provienen de una u otra forma siempre del primer mundo, y la coyuntura actual, tras la pandemia, inflación, guerra en Ucrania y subas de precios, ha generado un reordenamiento de prioridades, por cuanto se genera incertidumbre con crisis de oferta y demanda con fuerte impacto en el sector de la energía. Es que a partir de la guerra en Ucrania se instala no solo la necesidad de una apuesta más fuerte a como se venía trabajando, sino que el tema pasa a ser de seguridad energética, de suministro y la dependencia europea del gas ruso. Ello se da cuando además se lleva adelante la salida anticipada de Europa de la oferta nuclear interna, lo que deja al continente altamente dependiente del gas ruso. Ese es precisamente un tema clave, por cuanto la hoja de ruta hacia el origen renovable de la energía que parecía absolutamente confirmada, ha dado lugar a que las urgencias coparan la agenda, y que las necesidades hicieran desalojar del primer lugar a los orígenes renovables de la energía a tratar de contar con ella de la forma que sea, cerrando los ojos a la problemática medioambiental.
El punto es que por más ventajas comparativas y proyectos en marcha que se tengan, mientras se extienda esta incertidumbre la atención está centrada en alternativas en el corto plazo en Europa y las consecuencias del contagio a nivel global, porque los europeos han recurrido en la urgencia a lo que ya habían descartado. Ello podría significar un atraso temporal y el enlentecimiento en proyectos e inversiones en América Latina, porque el problema se extiende a los instrumentos de corto plazo utilizados para la visión de largo plazo, con prioridades alteradas.
Y si bien la región tiene la matriz energética más limpia del mundo, deberá igualmente mejorar su eficiencia para competir globalmente en sustentabilidad de la renovación y abastecer a la creciente demanda propia, apuntando a obtener más inversiones en infraestructuras modernas y eficientes, que posibiliten que la región compita con mejores garantías a nivel global para potenciar el uso de sus recursos.
