Tras la denuncia penal de la coordinadora de Descentralización Gabriela Gómez contra el alcalde de Porvenir Ramiro Ayende, ayer se formuló una segunda denuncia penal, esta vez realizada por la concejal Darinka Reimundez, que tiene como base los hechos ya denunciados en una nota publicada por EL TELEGRAFO hace pocos días.
El abogado Federico Álvarez Petraglia confirmó que lleva adelante el caso por violencia privada, que establece, en caso que la Justicia condene, una pena de entre 3 meses de prisión y 3 años de penitenciaría.
“Sistemáticamente despliega hacia mi persona, una andanada de reproches y de imputaciones como que soy comunista, tupamara, asesina, y una sarta de disparates más”, establece en la denuncia Darinka Reimundez.
Relata en la renuncia los hechos ocurridos durante la sesión del 6 de marzo –número 72–, ya indicados en la nota anterior, donde básicamente se establece la controversia entre el acalde y los concejales Reimundez y Daniel Gronros.
“Ayende sistemáticamente falta a la verdad cuando comunica a los vecinos decisiones o discusiones del Concejo, atribuyéndome votos o dichos que no condicen con la realidad, con la clara intención de ponerme en entredicho con los vecinos, difamándome y generándome situaciones incómodas con las personas con quienes interactúo regularmente”, indica Reimundez en su denuncia.
Asimismo sostiene que “es hora que a estas conductas totalmente arbitrarias, agresivas y violentas de parte de una autoridad pública se les ponga un límite. No es lícito que se emplee la violencia sistemática como forma de conducir el Concejo de Porvenir. Es tiempo que las autoridades llamadas a tomar conocimiento en este tema cumplan con las responsabilidades que les caben y actúen sin demora”.
En la prueba testimonial Reimundez –a través de su representante legal el abogado Federico Álvarez Petraglia– pide que se tome declaración a diez personas, entre ellos Daniel Gronros y Gabriela Gómez. También se solicita que el Concejo de Porvenir envíe las actas de las sesiones desde marzo de 2022, y oficio a la Junta Departamental.
