Es complejo el abordaje de las personas en situación de calle, su vinculación al consumo problemático de sustancias y las consecuencias sobre su salud mental o en conductas delictivas que lo llevan al sistema penitenciario.
El Poder Ejecutivo proyecta un plan que deberá incluirse en la Rendición de Cuentas. Pero este mensaje presupuestal será el último y en el próximo año y medio que le resta al actual gobierno, los recursos serán necesarios si la meta es extender el programa en todo el territorio nacional.
Hacen falta equipos multidisciplinarios que ayuden a recomponer lazos familiares o afectivos rotos, retomar hábitos saludables de vida y de trabajo. Pero al menos por ahora, el problema es visible en las calles.
En la ciudad aumenta la cantidad de personas que deambulan por los espacios públicos, así como en Montevideo se nota el incremento de personas que duermen en la calle en improvisadas viviendas de nailon con paredes de colchones viejos.
El problema no es nuevo, ni tampoco va a solucionarlo la actual administración. Está enquistado en las comunidades, donde los vínculos de estas personas ya no saben lo que pueden hacer para ayudar. Mientras tanto, se ha vuelto común la mirada que relativiza al concepto de familia, así como el consumo de sustancias. Y se ha vuelto obligada la dependencia, tanto sea para dormir “mejor” o conseguir abrir el apetito, encontrar “paz” o lograr despertarse al otro día.
El mientras tanto es un dato que mata todo ese relato que aseguraba que se podía salir cuando la persona resolviera desvincularse del consumo de sustancias. Y nada más alejado de la realidad. Porque la escasez de camas para tratar la problemática de las adicciones es un estadística que muestra la complejidad del abordaje.
ASSE necesita unos 20 millones de dólares para aumentar las plazas de atención. El presidente del directorio del prestador público, Leonardo Cipriani, contabilizó 114 al comienzo del gobierno y hacen falta no menos de 1.100.
Para todo lo demás existe la mirada romántica y edulcorada que le ha puesto pasión, pero poca acción sobre el consumo de sustancias que requiere un seguimiento extendido en el tiempo. Y eso, por ahora no hay. Las altas antes de tiempo a los consumidores para dar lugar a otros, se vuelve peligroso. Porque una persona vuelve a la calle y allí está su problema. De lo contrario, habrá que pensar que es una batalla perdida y continuar el enfoque desde el lado discursivo.
Sin dejar de mencionar otras consecuencias, como las conductas suicidas en personas que atraviesan depresiones o consumen sicofármacos. Algunos recetados y otros no. Todos requieren de un abordaje multidisciplinario que necesita recursos y tiempo. Justamente, lo que falta en estos momentos en que la rapidez devora todo e impide ver con detenimiento.
En forma paralela, deberán contemplarse las soluciones habitacionales, porque los vínculos rotos son la consecuencia de todo lo descrito anteriormente y no tienen un lugar para volver. Y por otro lado, faltan espacios para la desintoxicación, con respuestas alternativas para quienes aún tienen un anclaje familiar o afectivo.
Incluso, por si todo esto fuera poco, hay que recomponer el vínculo con la sociedad, ya desgastado. Porque la recuperación continúa con una fuente de empleo o al retomar sus trayectorias educativas. Y las comunidades aún no están preparadas para eso.
De hecho, la “desmanicomialización” establecida en la ley de salud mental para el año 2025 no se cumplirá. Porque no hay casas de medio camino o residenciales para recibir a personas que han atravesado toda su vida en situación de aislamiento por patologías siquiátricas o por alto consumo de sustancias.
Hay personas dependientes, tanto sea por vejez como por discapacidad, que no reciben una solución habitacional porque no pueden vivir solos y no tienen un asistente o familiar que los atienda. Otros casos ya no tienen familias porque han fallecido y no cuentan con recursos económicos suficientes para costear su independencia.
Esto es apenas la punta de un iceberg bastante más profundo. Porque pasó el tiempo y las soluciones tardaron. Entonces, no será posible que una administración brinde solución a una problemática estructural. Esto llevó años de miradas para el costado bajo el argumento de los recursos escasos y ahora explota en las manos de un gobierno.
Y porque tampoco es fácil de resolverle la vida al núcleo duro que prefiere vivir así, antes de concurrir a un dispositivo de atención. Porque la vida del refugio implica hábitos de higiene y prohibición de consumo. Dos límites que no tiene la calle.
Hoy son diversos los colectivos que le exigen al Estado que se haga cargo. Pero antes de todo, estuvo la mirada displicente que justificaba las acciones por la libertad del individuo. Sin embargo, vemos ahora que es un problema para todos y, si demoran las soluciones, lo gritarán en las marchas. Porque hoy existe una marcha para “casi” todo.
En forma paralela, hay que pensar en estrategias desde dentro del sistema penitenciario que permitan a las personas que recientemente abandonaron un recinto carcelario, la nueva convivencia en sociedad. No obstante, hace un mes que la Dirección Nacional de apoyo al Liberado incorporó equipos multidisciplinarios para trabajar sobre el consumo problemático que apunte a bajar la reincidencia.
Los recursos humanos y económicos son finitos en todos los órdenes, pero la sostenibilidad de los proyectos es aún más difícil. Sobre todo en Uruguay: un país donde cada gobierno cambia las estrategias e impone su impronta. Por eso es tan difícil hablar de políticas de Estado. Tanto para esto como para otras cosas.
