Las pérdidas anuales de más de 20 millones de dólares desde hace décadas han llevado a un total de unos 300 millones de dólares en 15 años tirados a la basura por la empresa estatal Ancap en el área de la producción de cemento, pero a la vez a ello debe agregarse también durante la Administración Sendic –cuando se compró el horno por un valor de más de 50 millones de dólares que sigue sin instalarse desde entonces– la “recapitalización” por unos 800 millones de dólares para tapar el agujero de las pérdidas de Ancap en esa gestión.
Estos déficits suman la friolera de 1.200 millones de dólares que hemos debido pagar todos los uruguayos en el período, para sostener su funcionamiento, al tratarse de una empresa estatal con baja productividad y rezago tecnológico, además de la gestión estatal que es burocrática y se maneja con torpeza, falta de visión empresarial y de incentivos, fuerte peso del componente laboral con baja productividad, como es tradicional en el área del Estado.
El problema es que contrariamente al monopolio que tiene en el área de los combustibles, Ancap debe competir en el mercado con la producción privada de cemento, y el resultado es que los empresarios del sector producen por debajo de los costos de Ancap, por lo que para poder mantenerse en el mercado la empresa estatal debe vender su producto por lo menos al mismo precio que sus competidores, a pura pérdida, y ello explica que sigan sumándose los déficits y la carga sobre los uruguayos todos, que al final somos quienes sostenemos el funcionamiento de las plantas.
Por lo tanto, estamos pagando sobreprecios en el combustible y otras cargas para que puedan seguir funcionando emprendimientos que si fuesen privados hace rato que hubieran desaparecido, lo que naturalmente nadie quiere, pese a que resulte perjudicado el interés general.
Y este interés general requiere que se corte el drenaje de recursos, de los mismos recursos que mucho se necesita en áreas del Estado que requieren mayor atención, como es el caso de la salud, de la vivienda, de la educación, de la energía, etcétera, porque la problemática es sumamente compleja cuando de lo que se trata es de evaluar la situación con una visión realista, que contemple el interés general y no solo de los directamente involucrados, como pretenden imponernos los dirigentes sindicales y organizaciones afines, incluyendo a dirigentes políticos de izquierda.
Los mismos que sin embargo no lograron convencer o no formularon reclamos con la misma intensidad que ahora para que en estos quince años quienes estaban en el gobierno del país y del ente –léase Frente Amplio– instalaran el horno que supuestamente sería la solución final pare el problema de los costos y productividad, suponiendo que haya sido comprado con este propósito ya luego de una objetiva evaluación técnica a tono con lo que se requería.
Pero la realidad demuestra que no fue así, que si hubo evaluación técnica fue muy “light” y carente de la visión empresarial que se requería, apuntando más bien a un “parche” voluntarista que a un elemento real para insertar en el esquema de producción que se necesita. La prueba está en que desde 2014 ninguno de los gobiernos nacionales de izquierda y de Ancap se animaron a invertir los 100 millones de dólares necesarios para incorporar el horno a la producción, simplemente porque eran conscientes que era inviable y sólo serviría para enterrar aún más a Ancap.
Se optó por dejar las cosas como estaban, y se dejó tirado el horno –al que incluso se le fueron extrayendo piezas para usarlas como repuestos de los equipos que están en funcionamiento– soslayando la inversión para no agregarla a las pérdidas sistemáticas del área de cemento de la empresa estatal.
La respuesta que asoma ahora, por iniciativa del actual gobierno, es tratar de lograr que los uruguayos todos dejemos de sacar dinero de nuestros bolsillos para seguir solventando las pérdidas de la empresa mientras sus competidores ganan vendiendo el cemento al mismo precio, y se consiga un socio que invierta en las plantas para hacerlas rentables, dentro de las reglas del sector privado, que es la única forma de poder competir.
De esta forma, cumpliendo una promesa de campaña electoral y en forma completamente transparente, informando periódicamente a los funcionarios, la actual administración fue trabajando en el esquema a ofrecer a los potenciales socios de Ancap, y como resultado ha aprobado recientemente el pliego de condiciones para el llamado a licitación a interesados en asociarse con Ancap, para proceder a su apertura dentro de unos meses y constatar si efectivamente ese interés se manifiesta en propuestas concretas para invertir en el emprendimiento conjunto.
En este sentido el Directorio de Ancap, obviamente sin el voto del director del FA, aprobó el pliego de asociación del negocio del portland del ente y también el organismo decidió rematar el horno comprado durante la administración que presidió Raúl Sendic, en 2014. Esta última decisión se debe a que la compra del equipo ha sido tan mal negocio que ni siquiera despierta interés en los potenciales adquirientes de la planta; un verdadero clavo que costó más de 50 millones de dólares, y hoy es chatarra industrial.
La sociedad con un privado tiene como objetivo “revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad”, mediante la convocatoria a “una asociación integral industrial y comercial para llevar adelante, en forma total o parcial, el negocio de cemento y cal, con el objetivo de revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad del sector”.
“El proceso que inició en 2021 constó de varias etapas: un data room técnico; un llamado a expresiones de interés y diálogo competitivo; y una fase de elaboración de las bases y condiciones de la convocatoria final”, apuntó el Directorio de Ancap, y con este objetivo señala que maneja tres alternativas: una asociación única con todas las plantas; una asociación con planta Paysandú –la más eficiente–; y una asociación con planta Minas, Manga y Treinta y Tres.
Además del pliego, también se aprobaron todos los contratos que regirán la asociación: “Los oferentes deberán presentar un plan de negocios que debe tener en cuenta los requerimientos de personal y las inversiones mínimas comprometidas”, en tanto que el propósito es “encontrar un socio junto con el cual pretendemos rescatar un negocio emblemático para Ancap y para el país y que, por error o por omisión, ha sido fatalmente descuidado. Salvar el negocio del cemento y la cal requiere superar la obsolescencia tecnológica de nuestras plantas, la baja confiabilidad mecánica de ciertos equipos críticos de la producción, la consecuentemente baja eficiencia de la mano de obra por tonelada producida, los costos fijos y variables de producción y, fundamentalmente, la falta de mercado a quien poder vender lo que se produzca”, indicó el directorio.
Paralelamente, Ancap se comprometió a “asegurar la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores del portland”, aspecto este que debería ser fundamental en toda negociación con los inversores, y que aparece como el elemento distorsionante en el esquema de asociación, por todas las implicancias de carácter social y económico que conlleva.
Es de esperar que el proceso tenga un desenlace satisfactorio para todas las partes, pero sobre todo para el interés del país, el de todos los uruguayos que paradójicamente nunca fuimos consultados en plebiscito si estamos dispuestos a seguir tirando dinero a un barril sin fondo, hasta el fin de los tiempos, o buscar la forma de ponerle fin, con amplitud de miras.
