Federación Ancap anunció que continuará el conflicto con el gobierno, hasta que se retire la licitación lanzada por el directorio del organismo con el fin de asociarse con un privado en el negocio del portland. El sindicato asegura que este proceso iniciado por las autoridades viola la Constitución, en tanto requiere que el Parlamento apruebe si una empresa pública puede recibir capital privado.
Dirigentes de Fancap fueron recibidos por el presidente Lacalle Pou el mes pasado en el marco de una serie de ocupaciones de las plantas, y solicitaron la suspensión del trámite, al considerar que no garantiza los puestos de empleo ni las inversiones. El directorio postergó la fecha para el llamado, a pedido de dos interesados hasta el 12 de setiembre.
Requiere inversiones
El secretario general de Fancap, Manuel Colina, dijo a EL TELEGRAFO que “el objetivo del conflicto no se modifica. Nuestro reclamo es que se retire el pliego de condiciones porque no estamos de acuerdo con la asociación y desde hace mucho tiempo reclamamos las inversiones”.
Explicó que el sindicato rechaza la asociación “porque entendemos que hay un camino que requiere inversiones y el aporte del Estado a la industria. Una prórroga para la apertura, tal como está planteada, no modifica los objetivos sino los tiempos del conflicto”.
De acuerdo a Colina, “en las plantas de portland hay dos situaciones. La primera, es una decisión de parte del directorio de la empresa de no invertir ni siquiera en lo mínimo para su operativa, con los insumos básicos”. En el caso de la planta local, “van más de 180 días en el año y el horno de Paysandú ha funcionado 27 días. No se debe a medidas sindicales, sino que no hay insumos para mantenerlo prendido y eso es una decisión de abandono de la gestión. Porque el directorio resolvió abandonar la gestión”. Según el dirigente, “como contrapartida a las medidas del sindicato, el directorio resolvió sancionar a los trabajadores con la quita de un derecho adquirido como es la compensación por turnos. Ya estaba previsto que cualquier trabajador que haga turnos rotativos debe recibir una compensación por afectaciones a la salud. Ancap lo ha hecho en forma unilateral y eso afecta al 40% de los salarios. Es una forma de amedrentar a la organización y no ha tenido efectos porque los trabajadores siguen adelante con las medidas. Pero si hoy las plantas no funcionan, es porque el directorio no quiere”.
El planteo
Colina negó que el gobierno busque una asociación con privados. “Si busco asociarme, busco un par. Y esto es una entrega. Es decir, le entrega el portland a un privado. El pliego de condiciones coloca arriba de la mesa del 70 al 90 por ciento de la industria nacional en manos del privado. Queda claro que no existe una sociedad, sino una situación muy desigual a favor del privado”.
El secretario general de Fancap asegura que “Ancap ha dicho que no entrega ni privatiza las canteras. Eso es parcial porque el ente se queda con la titularidad, pero la producción total deberá ser vendida a un solo comprador, al precio que lo compre ese privado. Es decir, se privatiza la gestión aunque no se privatiza el título de propiedad sobre el producto. Y el producto que sale, no seguiría siendo para la gente sino para el privado”.
Conflicto por el horno
La compra del horno con destino a la planta de Paysandú que nunca fue instalado fue “motivo de protesta por parte de la federación. Hubo varios conflictos por no instalar la tercera línea de producción y no es un conflicto con este gobierno, sino que lleva muchos años. Nosotros insistimos en que el horno está en perfectas condiciones para ser instalado”.
Recordó una reunión con el exdirector de Ancap en representación de Cabildo Abierto, José Luis Alonso, quien “se puso en contacto con la empresa fabricante que había arreglado otro horno similar y confirmó que con los repuestos volvía a funcionar perfectamente. Pero la intención no es expandir la industria cementera, sino sacarse de encima lo que nosotros vemos como una oportunidad”.
Comparó que “no solo en Paysandú, sino también en Minas hay capacidad real de exportación. Pero en Paysandú hay vínculos con el mercado internacional por la cercanía con Argentina y es en la planta sanducera donde se encuentra la mejor piedra caliza y más abundante”.
La cementera Cielo Azul comenzó a instalar su inversión durante la administración frenteamplista. Colina señaló que dicha empresa “compró los permisos de explotación de las canteras, contrató personal e instaló una fábrica de primera por 130 millones de dólares. Entonces, cómo puede ser que una planta que en 2014 evaluó que no podía instalar una línea de producción, hoy se encuentre a pérdida”.
El sindicalista evaluó un escenario posible, a manos del privado. “Hago otro análisis. Pongamos por caso que mañana el privado dice que lo único que le interesa es vender la piedra, porque según las condiciones del pliego lo puede hacer. Una tonelada de piedra comparado con una tonelada de portland, pierde el valor agregado. Por ejemplo, si una tonelada de piedra vale diez, una tonelada de portland puede valer cien”. En este marco, agregó que “si se instala el horno, no tendría que haber una pérdida porque produce el triple a mitad del costo. Y cuando surge la pregunta de los mercados, entendemos que es una entelequia, porque el principal consumidor del portland es el Estado, Es decir, las intendencias, ministerios y obras públicas en general”.
Ley de compras
Colina señaló que “hay que agregar un elemento que se llamó ley de compras públicas del Estado, que el Frente Amplio no dio las mayorías y lo reclamamos oportunamente. Porque ya en el año 2016 estaba planteado el cierre de la planta de Paysandú y con las movilizaciones logramos que no se hiciera. Incluso, con un plan de trabajo, logramos que en el año 2019 se llegara a ‘un empate técnico’ y así entregó Ancap el gobierno anterior. Pero desde la asunción del actual gobierno, se multiplicaron las pérdidas año tras año”.
Reconoció que “durante 40 años no se invirtió un peso en el ente, pero hasta el año 2000 había una ley que obligaba a las compras estatales y no era deficitario. Desde el año 2001, por un decreto del gobierno de Batlle, se inhabilitó esa ley y desde entonces el pórtland da pérdidas. Claro que entendemos que tenían que darle vida a las empresas privadas, sino no tendrían sentido de ser. Por eso, Cementos Artigas vivió a costa de que Ancap vendía un poco más caro. Pero hoy, Ancap no puede vender más barato porque produce muy poco y los privados mejoraron sus costos y sus ganancias”.
Puestos de trabajo
El dirigente señaló que los puestos de trabajo manejan la dinámica de la economía en cada departamento. “Si todos los salarios –que son de unos 300 o 400 trabajadores– desaparecen de la comunidad, la pregunta es qué lo va a suplantar. Porque en ningún pliego se aseguran las fuentes de empleo”.
Según Colina, “si se lee el pliego de condiciones –y me ciño a la estricta letra del pliego– el privado puede venir a cerrar las tres plantas. Puede quedarse con las llaves, invertir unos pesitos para cambiar algunas cuestiones, como remozar las oficinas y poner gerentes. Ancap está obligada a venderle a ese privado por una determinada cantidad de años y, por eso, estamos en contra de un modelo privatizador del Estado que no puede gestionar. Y que, además, estuvo mal gestionado en el pasado”.
Medidas
Fancap resolvió no hacer horas extras y “como sindicato homogéneo, abarcamos desde los barcos, a la refinación del petróleo, pasando por el transporte de combustible y otros sectores que están solidarizándose con el conflicto del pórtland para intentar torcer la medida del gobierno, pero sin dejar de abastecer al público”.
