Brasilia, 18 (EFE)
La Justicia brasileña condenó en ausencia a un tercer implicado por colocar una bomba cerca del aeropuerto de Brasilia, en diciembre pasado, con la intención de impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva y mantener en el poder a Jair Bolsonaro, informaron este viernes fuentes oficiales.
La 8ª Corte Criminal de Brasilia impuso a Wellington Macedo de Souza, quien se encuentra prófugo desde el 5 de enero, una pena de seis años de cárcel en régimen cerrado, según señaló el Tribunal de Justicia de la capital brasileña.
El juez le halló culpable de “poner en peligro la vida, la integridad física o los bienes” de terceros al participar de un intento de atentado mediante la colocación de “una bomba” en un “camión de combustible” próximo al aeropuerto de Brasilia.
El artefacto no llegó a explotar por un fallo en su montaje y fue desactivado por la Policía la mañana del 24 de diciembre, cuando faltaba poco más de una semana para la toma de posesión de Lula, que tuvo lugar el 1 de enero.
En mayo pasado, la Justicia condenó, a penas de entre cinco y nueve años de prisión, a los otros dos involucrados en el suceso: George Washington de Oliveira y Alan Diego dos Santos, también seguidores del expresidente y líder ultraderechista Bolsonaro.
Según la Fiscalía, los tres se conocieron en el campamento que simpatizantes del exmandatario montaron delante del Cuartel General del Ejército, en Brasilia, luego de la victoria de Lula en las elecciones de octubre.
Desde allí exigieron una “intervención militar” para derrocar al dirigente progresista y mantener en el poder a Bolsonaro.
“El objetivo de los denunciados, según el Ministerio Público, era cometer infracciones penales que pudieran causar conmoción social para que hubiera una intervención militar y se decretara el Estado de Sitio”, indicó el juzgado.
La investigación indicó que Washington de Oliveira transportó desde su ciudad natal, en el Estado de Pará (norte), hasta Brasilia “armas de fuego” y “municiones” para distribuirlos entre los bolsonaristas acampados a fin de provocar “disturbios sociales” y, según declaró, “evitar la propagación del comunismo”.
En ese viaje también trajo explosivos y el 23 de diciembre los tres condenados y “otros manifestantes no identificados” elaboraron un plan para “hacerlos detonar en lugares públicos”.