Por unanimidad, el Congreso de Intendentes rechazó en la víspera el proyecto de ley del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone que plantea topear las multas por exceso de velocidad a 5 unidades reajustables (UR), cerca de 8.000 pesos. El rechazo se basa en que la iniciativa es “violatoria de la Constitución de la República y socavar la autonomía departamental”, establece el Congreso en un comunicado.
“En ejercicio de su deber de sometimiento a la Constitución de la República, los Gobiernos Departamentales reivindican las competencias, procedimientos y formas constitucionales para decretar y administrar lo relativo a las multas de tránsito”, indica el texto aprobado en la sesión de ayer, de la que participó el intendente Nicolás Olivera.
Agrega que “considerando que el Congreso de Intendentes ha trabajado largos períodos para alcanzar un consenso en esta materia, en salvaguarda de la vida humana y la igualdad de cada habitante ante el sistema sancionatorio”, el cuerpo expresa “su permanente apertura a recibir y considerar iniciativas y propuestas, que con espíritu constructivo puedan realizarse en materia de tránsito y seguridad vial; que contribuyan al logro del objetivo impuesto por la Ley 20.118 del 15 de marzo de 2023, de reducir en un cincuenta por ciento la mortalidad y las lesiones causadas por los siniestros de tránsitos en el período 2021-2030”. En el plenario se indicó –caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira–, que si en la Rendición de Cuentas se aprueba el proyecto de Perrone, se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó que “lo que se hace se hace dentro de la ley”.
En tanto el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteó la importancia de defender a ultranza la autonomía departamental y las decisiones adoptadas en el seno del Congreso de Intendentes.
El intendente de Salto Andrés Lima, reafirmó que el tema central de la discusión es la autonomía departamental, mientras que intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, expresó que “estamos siempre en un trabajo de sinergia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; incluso las intendencias realizan trabajo que no les corresponde realizar y sin embargo lo hacen”. El intendente de Flores, Fernando Echeverría, aludió a una “confusión” porque el Parlamento sólo puede legislar sobre las rutas nacionales, que son jurisdicción del Ministerio de Transporte: “Las intendencias tenemos una autonomía que, por ley, no por capricho, está explícita en la propia Constitución de la República”.
“No trabajamos para los infractores de tránsito, trabajamos para que no hayan infracciones de tránsito. Ahí está la diferencia”, aseguró.
PLAN AVANZAR
La directora nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, informó que se llevan ejecutados 250 millones de dólares y hay 190 millones de dólares en licitaciones para seguir trabajando en la erradicación de asentamientos irregulares en el ámbito del Plan Avanzar del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El Plenario del Congreso de Intendentes recibió en audiencia al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, quien puso a disposición su cartera para trabajar en conjunto con las intendencias.
DESARROLLO TERRITORIAL
Por otra parte, con la presencia de autoridades de la Unión Europea en Uruguay y de la Agencia Nacional de Desarrollo se realizó la presentación del Fondo de Desarrollo Territorial 2023. Marta Ramírez de la Unión Europea agradeció la oportunidad de trabajar en conjunto con el Congreso de Intendentes en un proyecto que busca reducir el impacto que tienen los residuos en el medio ambiente.
Por su parte Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) insistió en la importancia de este fondo que tiene más de sesenta y cinco millones de pesos y alentó a los gobiernos departamentales a postular proyectos de economía circular. Los proyectos seleccionados comenzarían a funcionar a principios del año 2024.
