El edil nacionalista Washington Mazondo, de la lista 2117 del Partido Nacional, denunció graves problemas de mantenimiento y seguridad en el edificio Espínola, de Sarandí 790, y cuestionó la falta de respuestas del Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda. Al mismo tiempo, adelantó que hoy miércoles integrará la Comisión Especial que será recibida por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a quien plantearán que el antiguo Sanatorio Pasteur no sea utilizado para instalar el proyectado refugio 24 horas en el centro de Paysandú.
“ES UN RIESGO ELÉCTRICO TREMENDO”
Mazondo explicó a EL TELEGRAFO que llegó al edificio Espínola a partir del llamado de una vecina y recorrió distintos sectores. “Me entrevisté con la presidenta del edificio, con un vecino, e incluso me mostraron apartamentos, los daños que hay, el riesgo que hay”, relató.
A raíz de la situación presentó una moción en la Junta Departamental.
“Lo que pido es la intervención de la Intendencia, el conocimiento del intendente, de la Dirección de Obras, para que se inspeccione la obra”, indicó, además de reclamar gestiones de autoridades y legisladores nacionales. Asimismo, quedó confirmada una entrevista con el Ministerio de Vivienda para el 20 de setiembre en Montevideo.
El edil sostuvo que existe “desidia de parte del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Nacional de Vivienda” y recordó que los problemas comenzaron prácticamente con la entrega de los apartamentos. Los adjudicatarios estuvieron tres meses sin ascensor y debieron trasladar sus pertenencias por las escaleras de un edificio de diez pisos.
“Se ayudaron entre vecinos. Es insostenible que pase eso, pero pasó”, afirmó. Posteriormente realizaron una colecta y “pagaron 20.000 dólares la reparación del ascensor”, un equipo que, según describió, había sido armado con componentes de distinta procedencia. Pero actualmente la mayor preocupación son las filtraciones. “Siguen con el problema de la lluvia, se les llueve todo. Una cantidad de apartamentos se llueven”, afirmó.
Durante la recorrida vio una cama protegida con nailon por el ingreso de agua y otro apartamento donde el agua corre por la pared hasta la instalación eléctrica. “Sale por los tomas. Es un peligro, un riesgo eléctrico tremendo. ¿Cómo no van a tomar intervención?”, cuestionó. En otro caso, “uno del octavo piso hizo un canalón adentro, en el comedor”. Y remarcó: “Eso lo vimos nosotros, porque no es que nos lo contaron, lo vimos”.
RECLAMOS Y UNA GARANTÍA VENCIDA
Mazondo indicó que los vecinos realizaron reclamos durante años. Cuestionó especialmente lo ocurrido cuando en 2021 venció la garantía de diez años de la empresa responsable de la construcción. “Los llamaron y dijeron ‘bueno, acá tienen sus reclamos, se venció la garantía’. Quiere decir que eran totalmente conscientes de la maniobra que estaban haciendo”, sostuvo.
También destacó el esfuerzo económico de las familias. Algunas cuotas alcanzan los 38.000 pesos mensuales y, sumados los restantes gastos, “es un promedio casi de 50.000 pesos”. Mazondo sostuvo que la mayoría de las residentes son mujeres trabajadoras y jefas de hogar. “Vergüenza nos da decir que estamos representando al Estado de alguna forma y que el propio Estado les esté haciendo esto”, afirmó. Agregó que en la planta baja existe un apartamento del Mides, adecuado para personas con discapacidad, que permanece sin asignar y cerrado desde hace más de dos años.
REUNIÓN CON CIVILA POR EL REFUGIO
Mazondo integra la Comisión Especial que se entrevistará hoy con el ministro Gonzalo Civila, junto a representantes de las comisiones involucradas, vecinos y el centro comercial. “La comisión lo que va a pedir es que no usen ese lugar como refugio”, adelantó.
A su juicio, el inmueble no reúne las condiciones necesarias. “Ese local no tiene las comodidades para un refugio. Fue hecho como un sanatorio para salas de internación de pacientes enfermos. No tiene espacios abiertos”, sostuvo.
También cuestionó que no se haya analizado previamente el efecto de la ubicación sobre los usuarios y el entorno. “Es una lástima que no se hiciera un estudio primario sobre el impacto que podía tener eso”, manifestó. Mazondo señaló que su posición contempla tanto las inquietudes de vecinos y comerciantes como las condiciones de quienes utilizarán el servicio. “Creo que vamos a exponer más a esta gente, no es que los vamos a proteger”, expresó.
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