Uno de los problemas estructurales que tiene el país es el déficit habitacional. Las estimaciones del gobierno aseguran que faltan unas 65.000 a 70.000 viviendas y las organizaciones sociales dedicadas al tema, lo ubican por encima de 80.000 y en crecimiento si no se aportan mayores recursos para la construcción de nuevos planes.
En el año 2018 la oenegé Techo hizo un relevamiento de asentamientos irregulares en todo el país a cargo de unos 70 voluntarios y el resultado arrojó que hace cinco años existían 656 asentamientos con unas 60.000 viviendas. El 82 por ciento de aquel total, se encontraban en Montevideo, Canelones y Artigas. En uno de cada tres asentamientos, los vecinos se agrupaban para mejorar su entorno y en Paysandú, entre otros lugares del país, ese número sube a uno de cada dos.
La organización presentaba tres propuestas. Una era la instalación de un observatorio para el seguimiento de los asentamientos y la segunda era la necesidad de implementar una política integral para abatir la emergencia habitacional. El tercer punto sugería que, tanto en Paysandú como en otros departamentos de la región, se instrumentara la inversión pública en el territorio para potenciar la autogesión porque existía una alta densidad de vivienda crítica.
Sin embargo, es una realidad que no puede cambiarse en una administración de gobierno. Actualmente son unas 200.000 personas que residen en estos espacios ubicados generalmente en los cinturones de las ciudades y varias áreas rurales. Allí coexisten elevados porcentajes de mujeres, niños y adolescentes.
El Ministerio de Vivienda fue creado en el año 1990 y desde entonces, cada gobierno marca su impronta. Con el paso de los años se han creado nuevos programas e iniciativas, algunas de ellas abiertas a proyectos privados que se incrementaron desde el segundo semestre del año pasado.
La pandemia, que no estaba en los cálculos de nadie, paralizó iniciativas que se desarrollaban en todo el territorio nacional. Enlenteció las decisiones porque el ministerio padeció recortes de recursos que se destinaron a la contingencia sanitaria. Al año siguiente se anunciaba que tanto el litoral como la zona metropolitana eran una prioridad porque registraban el mayor déficit habitacional.
El Presupuesto Quinquenal incluyó un mecanismo para construir viviendas denominado Plan por Fideicomiso, que habilita a la financiación público-privada. Así como el alquiler con opción a compra y un subsidio no reembolsable de hasta 30% de las cuotas para lograr una mayor accesibilidad, entre otros planes ya existentes.
La actual administración creó el Plan Avanzar, que es seguido de cerca por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y es notorio el seguimiento, a juzgar de las periódicas reuniones efectuadas en Torre Ejecutiva, junto a otros integrantes del Sistema Público de Vivienda. Luego de los hechos polémicos ocurridos en el ministerio, con la renuncia al cargo de Irene Moreira, del director general de Secretaría, Gabriel Albornoz y el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, se nota el pie en el acelerador.
Sin embargo la oposición y otras organizaciones afines desconfían de los resultados. Cada vez que pueden hacen hincapié en las obras ejecutadas e inauguradas en este período con presupuesto con planes votados en la anterior administración. Y esa apreciación quita el eje del problema porque, precisamente, los asentamientos crecieron en forma exponencial en las últimas décadas. Es decir, a pesar del incremento presupuestal, el problema no se solucionó.
El plan Avanzar ya cumplió un año y pretende intervenir en 91 asentamientos. Tiene unos 240 millones de dólares asignados por el Fideicomiso de Integración Social y Urbana, además de otros 240 millones de dólares presupuestados para inversiones.
A comienzos del actual período, el mandatario tuvo intenciones de pasar el Plan de Mejoramiento de Barrios desde el Ministerio de Vivienda a Presidencia, pero no fue votado por Cabildo Abierto y el Partido Colorado –los dos partidos que conforman la cabeza de la secretaría de Estado– en tanto dejaba sin objetivos a la Dirección de Integración Social y Urbana, surgida en la Ley de Urgente Consideración.
En realidad, al frente de la citada dirección se encuentra la arquitecta Florencia Arbeleche, quien es muy cercana al mandatario y fue una de las creadoras del programa de vivienda del Partido Nacional. Los nacionalistas están enfocados desde la campaña de 2014 a los asentamientos y han elaborado un plan hacia el 2029 que será difícil de cumplir.
De ese total de asentamientos que corresponden al Plan Avanzar, han finalizado las intervenciones en 10 y hay otros 42 en obra, entre los cuales hay algunos en Paysandú.
En el caso de nuestra ciudad, el compromiso es el realojo de 270 familias al final del período. La primera etapa ejecutará el realojo de 93 familias del barrio Antena 35 y 66 del Park Way. Después se puede discutir si la iniciativa prospera de acuerdo a los número oficiales. Lo que nadie puede negar es que esas personas viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, algo había que hacer para su realojo.
La vivienda es una de las cuestiones principales que crea ciudadanía. Y los referentes de todos los partidos políticos lo saben. Principalmente quienes ya han estado en el gobierno y han constatado que –por falta de políticas públicas– mucha gente ha pasado a engrosar los cinturones de las ciudades.
