(La Diaria)
El exjefe de seguridad del presidente Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, declaró este miércoles durante una hora y media ante la fiscal de Flagrancia de 12.º turno, Sabrina Flores, sobre las diferentes líneas de investigación que permanecen abiertas en la causa por la que fue condenado.
Desde la Fiscalía transmitieron que la convocatoria respondió a un pedido del propio Astesiano y su defensa y al interés de la fiscalía de volver a consultar sobre varios aspectos sobre los que ya había declarado pero era necesario profundizar.
Antes de ingresar a la Fiscalía, el abogado de Astesiano, Marcos Prieto, dijo en rueda de prensa que concurrieron para hablar de temas que ya surgieron en la prensa y se refirió a una carta que el exjefe de seguridad presidencial le escribió a su hermano Fabricio, quien lo acompañó a la Fiscalía, en la que le dice que su condena está inflada y que el abogado le había dicho que no tenían suficientes evidencias en su contra.
Prieto dijo que se trató de una carta que Astesiano le escribió a su hermano hace unos 20 días sobre el acuerdo abreviado por el que fue condenado y aseguró que cuando le dijo que “era todo humo” se refería a la línea de investigación sobre la falsificación de documentos para la entrega de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.
“Lo que le dije en ese momento es lo que demuestra la acusación fiscal que es que él no realizó ningún pasaporte para el grupo, esa era la tranquilidad que yo le daba, lo que creía que iba a pasar”, expresó.
Por su parte, Fabricio Astesiano dijo que es “una realidad que fue humo”. “Si no ahora no nos podemos explicar cómo hay tres personas que se encuentran en libertad y él es el único que está en prisión”, agregó.
Continuando con un día muy ajetreado en Fiscalía, la fiscal de Flagrancia de 16.° turno, Gabriela Fossati, pedirá a la Justicia la formalización del proceso contra el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Federico Kreimerman, por tirar una bomba de humo durante una manifestación realizada el 13 de junio en rechazo al proyecto Neptuno.
Fossati tomó declaración en la mañana del miércoles a tres dirigentes del sindicato y concluyó que existe evidencia suficiente para pedir la imputación judicial de Kreimerman por un delito de atentado especialmente agravado, con base en que el trabajador dijo que la intención de la movilización era suspender el proceso licitatorio que se abría ese día ante irregularidades detectadas por el sindicato.
Tras conversar con Fossati, el director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, transmitió la teoría del caso de la fiscal y señaló que “hubo un exceso con la intención de obstaculizar el acto licitatorio”, por lo que entiende que se trata de “una situación que debe dilucidarse en el ámbito judicial”.
FIN DE LA EMERGENCIA HÍDRICA
(EFE)
El gobierno puso punto final a la emergencia hídrica que había sido decretada el pasado 19 de junio tras una larga sequía que afectó el suministro de agua en los departamentos de Montevideo y Canelones. Así lo indicó a la prensa el presidente, Luis Lacalle Pou, quien destacó que en este momento “la calidad del agua es muy buena” y la principal reserva de agua dulce que alimenta a esa zona del país se sigue llenando.
Por otra parte, el mandatario dijo que la situación que vivió Uruguay llevó a que el Estado prestara asistencia por más de dos meses a más de 500.000 personas. En ese sentido, apuntó que el gasto por parte del Estado fue por unos 70 millones de dólares, aunque remarcó que la cifra final la informará el Ministerio de Economía y Finanzas.
El pasado 19 de junio, el gobierno decretó la emergencia hídrica en el área metropolitana. Esta decisión acompañada de diversas medidas como la entrega de partidas de dinero para la compra de agua a determinados grupos de sectores vulnerables y la exoneración impositiva para el agua embotellada. Esto llevó a que un bidón de 6,25 litros de agua pasara de costar 129 a 89 pesos.
Además, se anunció la creación del Fondo de Emergencia Hídrica y la construcción de una obra –ya finalizada– para llevar agua del río San José a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que abastece a cerca de 1.700.000 personas.
FAMILIA DE VALENTINA CANCELA DEMANDARÁ AL ESTADO
(EL pAÍS)
La familia de Valentina Cancela, la joven asesinada por su exnovio en Punta del Este, demandará al Estado, informó este miércoles uno de sus abogados defensores, Martín Etcheverry. “La intención (de la familia) es ir hasta las últimas consecuencias en la demanda contra el Estado” por el femicidio de la joven, indicó el abogado.
“(Entienden) y nosotros estamos de acuerdo (con) que no pueden haber más valentinas”, expresó. “Van a haber más valentinas porque la condición humana es esa, pero queremos que esto sirva para evitar que se cometan errores tan gruesos como los que se cometieron acá”, resaltó.
“No sé si el error fue del Juzgado, si fue culpa de una mala comunicación de la Policía con la jueza cuando le pasan los antecedentes… no sé si es culpa de esas fechas nefastas que es cuando empieza una feria judicial (cuando la madre de Valentina denunció al femicida), porque ahí entran jueces suplentes, puede haber incomunicaciones”, indicó Etcheverry. “Lo que sí está claro es que el sistema funcionó espantosamente mal en este caso”, concluyó el abogado.
El jueves pasado formalizaron al exnovio de Valentina por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, al día siguiente de que su cuerpo fuera hallado en la Playa Brava en Punta del Este. Previo al asesinato, sin embargo, hubo denuncias de violencia.
