El Directorio de AFE llevará adelante acciones administrativas, políticas y penales, a raíz de los resultados que arrojó la auditoría que se llevó a cabo en el ente. El director Gustavo Osta indicó a EL TELEGRAFO que la auditoría se solicitó originalmente en el 2020, al asumir, a la Auditoría Interna de la Nación, “que estaba obviamente ocupada en organismos de otra envergadura y no se pudo. Recién en el año 2022, con el presidente Pollak, pedimos nuevamente una auditoría y se pudo llevar a cabo”.
Los resultados de esta auditoría se conocieron en agosto pasado. “Y realmente es un informe que deja en evidencia el caos administrativo en el cual heredamos la empresa luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio”, señaló. Osta agregó que queda en evidencia “una situación escandalosa, donde hay hechos de apariencia delictiva que pueden derivar en actos de corrupción”, lo que ambientó, junto con otros elementos adicionales de la gestión anterior, que se haya decidido “encaminar primero una situación correctiva” en la parte administrativa, pero también “presentar denuncias penales. Estamos trabajando asesorados y patrocinados por el doctor Jorge Barrera”.
Simultáneamente se diligenciarán acciones políticas y por esta razón fue que se lo convocó desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, a la vez que han tenido contactos también con otros socios de la coalición: “me reuní con la bancada de diputados del Partido Colorado, he hablado con el diputado Iván Posada y lo mismo haremos con Cabildo Abierto, a efectos de que tengan la información necesaria y a nivel parlamentario se definan cuáles van a ser los instrumentos, una comisión investigadora por ejemplo”.
CAOS
Osta enumeró algunos de los asuntos señalados en el informe de auditoría. “Por ejemplo, en el tema inmuebles, se estima que AFE tiene 1.500 inmuebles. Se estima porque no se tiene el número total en todo el país”. Eso, dijo, “de por sí ya es una situación anómala que nosotros hemos señalado desde el inicio de nuestra gestión” y es lo que se pretende corregir administrativamente. Pero además se constató que “algunos de esos inmuebles estaban arrendados, y algunos de esos arrendamientos hace años que no se pagan”. Para el director fue “una omisión importante de la administración anterior no encaminar el cobro de ese tipo de arrendamientos”.
Asimismo se verificaron casos de personas que ocupaban informalmente inmuebles de AFE “pero avalados por alguna jerarquía de la administración anterior, de manera ilegítima, y eso lo vamos documentando”. También se está trabajando en la regularización de estas situaciones, ajustando contratos y cobrando deudas. “Son hechos que son absolutamente irregulares, con visos de hecho delictivo, que también van a tener una derivación penal”, adelantó. “Todas estas maniobras que hemos constatado lo que hacen es generar un daño muy importante al patrimonio del Estado, y a su vez generan el riesgo de que existan arreglos –colusión le llama la Auditoría Interna–, entre la administración y esos ocupantes de algunos bienes”, agregó. Mencionó un caso de reciente conocimiento, “porque todos los días aparece una irregularidad distinta; había un par de personas que vivían en unas casitas de AFE y que le pagaban, según dicen ellas, un arrendamiento a otra persona. ¿Cómo es que había una persona que cobraba el alquiler de un inmueble de AFE, y AFE no sabía? Hay jerarquías de la administración anterior que van a tener que dar explicaciones sobre este tema”.
VIGILANCIA
Otro de los asuntos señalados por la auditoría refiere a los gastos millonarios que se hicieron en contratar servicios de seguridad “para cuidar algunas instalaciones de AFE”. Indicó Osta que en quince años “se gastaron 25 millones de dólares para cuidar parte de un patrimonio que no se sabe cuál es y que no se sabe el valor que tiene”. Recordó que en el año 2004 “AFE pagaba por año 170.000 dólares en servicio de seguridad. Esa cifra fue creciendo y hubo años que se gastó arriba de dos millones de dólares, dos millones trescientos mil dólares. En total fueron 25 millones de dólares en 15 años, para cuidar un patrimonio que no se sabe cuánto vale; sí se sabe que vale cada vez menos porque se fue deteriorando, eso lo dice el Tribunal de Cuentas”.
Lamentó el director que en el mismo lapso no se comprase una locomotora, “que es lo importante para el negocio de AFE”. Insistió en que “la auditoría nos dice luego de haber hecho este estudio que no está clara la razonabilidad del gasto realizado, y la necesidad de ese gasto realizado. Y esto es gravísimo”, afirmó.
AFE tampoco tenía forma de saber si estas horas que contrataba de vigilancia se cumplían efectivamente. “No había un sistema para controlar; obviamente no es un tema de los funcionarios, es un tema de la empresa, que en ese momento no ofrecía ese servicio y tampoco AFE lo requería”. Lo más llamativo, según Osta, es que “nos hemos enterado de que ese servicio hoy sería gratis, AFE podría haber conocido sin asumir ningún costo si el servicio efectivamente se prestaba, si eran todas las horas que se estaban facturando”. Consideró que se trata de otra irregularidad que puede derivar en una situación de corrupción “y obviamente en acciones judiciales a los efectos de que estas cosas se aclaren”.
MILLONES
El jerarca indicó que consta en el informe que “una única empresa fue la que ganó las últimas tres licitaciones y por los datos contables que tenemos nosotros, de esos 25 millones de dólares que se gastaron en 15 años, una empresa sola facturó arriba de 14 millones y medio de dólares”. Al respecto, comentó Osta, “hay una denuncia penal que ya hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas luego de una investigación administrativa sobre un funcionario y que llegó hasta el sumario. Esta es la primera parte de una etapa de investigación que se va a realizar a nivel judicial y a nivel parlamentario”.