La licenciada en Trabajo Social Carolina Moreira, quien se desempeña como operadora laboral en el departamento de empleo de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), expuso sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad, en la jornada organizada en Casa de Cultura por el mes de la Salud Mental.
“Más allá de lo que significa para todos el trabajo, cuando hablamos del mercado laboral es aún más complejo para aquellas personas que tienen otras historias más difíciles en cuanto a acceso a la educación y a la salud, pues se trata de un ámbito muy competitivo donde siempre se están valorando las competencias, entonces ahí nos encontramos con un mundo muy difícil”, mencionó la referente.
Y aseguró que la realidad es que las personas con discapacidad “no acceden al empleo, y eso también tiene que ver un poco con nuestro sistema educativo, que no brinda las herramientas para que esas personas tengan lo que requiere el mercado laboral. Es importante promover y dar a conocer las normativas vigentes tanto en el ámbito público como en el privado, por lo que el objetivo que tenemos es ese: crear el marco y las condiciones favorables, así como brindar un acompañamiento y un seguimiento a las personas en la inclusión laboral”.
EL MARCO LEGAL
Lo que se busca desde la institucionalidad pública es orientar a la persona que está buscando trabajo y concientizar a las empresas. “Si hablamos del marco legal público, hay que recordar la ley 18.651, que es la Ley Integral de Protección a las Personas con Discapacidad”, mencionó Moreira.
“En el artículo 49 de esa ley se plantea que una serie de organismos tienen la obligación de ocupar a personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, con una cuota del 4%. La ley se reglamentó en el 2014 y todavía no se ha llegado al porcentaje en cargos públicos, oscilando entre el 0,2 y el 1,3%, que fue el porcentaje máximo de ingreso de personas con discapacidad a la función pública”.
Según Moreira, la ley plantea también que los programas sociales cumplan con la cuota, y desde el Mides cuentan con el Programa Accesos, que es un programa sociolaboral con experiencias en algunas instituciones como intendencias o ASSE. “El año pasado, la cuota en Paysandú fue de 9%, y fue una experiencia bastante positiva para las personas, y muy desafiante para nosotros como orientadores” remarcó, y sumó que “el ámbito laboral es muy distinto a aquellos ámbitos en los que las personas con discapacidades se desenvuelven habitualmente. La persona se valora diferente a sí misma, sintiendo que brinda algo a la comunidad y no siempre es el receptor de políticas”.
EN EL ÁMBITO PRIVADO
Hablando del marco legal para los privados, está vigente la Ley 19.691, que promueve el empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado; lo que hace esta ley es plantear que las empresas que tengan más de 25 empleados permanentes están obligados a emplear personas con discapacidad. “Es una ley que plantea el empleo con apoyo y la figura del operador laboral, que ayuda a la persona a que pueda desenvolverse y promover su autonomía. También está la Ley 19.973, de Promoción del Empleo. Es una ley que otorga subsidios a aquellas empresas que quieran contratar a personas con discapacidad”, indicó Moreira.
Estar en el registro de discapacidad del Mides es necesario para poder ingresar por cuota de discapacidad a un empleo. Una vez que la persona se inscribe, se le arma un perfil laboral que es proporcionado a las empresas cuando hay vacantes.
“Una de las barreras para el acceso al empleo es que esta ley no está siendo fiscalizada, por lo que muchas empresas no cumplen con la normativa”, dijo Moreira.
Sostuvo, además, que otro problema es que en el interior se profundizan las brechas, con la mayor cantidad de llamados laborales en la capital del país”.
