(EL PAÍS)
A casi 10 años de la regulación del mercado del cannabis en Uruguay, la Secretaría Nacional de Drogas fijó un cronograma de trabajo para evaluar esta ley como política pública, estudiando si cumplió con los objetivos trazados en 2013 y cómo podría potenciarse.
La propuesta fue anunciada por el director del Observatorio Uruguayo de Drogas, Héctor Suárez, en el seminario abierto sobre modelos y evaluación de las políticas de cannabis, centrado en indicadores.
De momento, el plan está dividido en cinco etapas y comenzará a ejecutarse en noviembre. El primer paso será la planificación de las actividades, seguido de una ronda de consultas a expertos y del diseño metodológico de la evaluación. Finalmente, entre marzo y junio del próximo año, dicho modelo se ejecutará y se presentarán los hallazgos en un informe preliminar.
“Vamos a hacer una propuesta de mejora”, indicó Suárez. El análisis buscará profundizar en todos los aspectos de la norma, para saber si es necesario “flexibilizarlos o no” y “qué otras alternativas se pueden proponer a la regulación” actual.
La última palabra la tendrán los políticos, a quienes los técnicos presentarán las recomendaciones. En el seminario, ante una audiencia conformada por profesionales uruguayos, argentinos y europeos, Suárez destacó que la Ley 19.172 estuvo vigente durante tras períodos de gobierno y legislativos. Por lo tanto, “no es poca cosa que la regulación se mantenga y que exista lo más parecido a una política de Estado. Para el país es un motivo de orgullo, más allá de que tengamos que sentarnos a repensar la regulación”, expresó el sociólogo.
Un aspecto a mejorar, según los expertos, es qué indicadores se toman en cuenta al medir la efectividad de la política. Este punto puede abordarse desde distintos enfoques: el sanitario, el económico; el impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana; la aplicación de la justicia con equidad y la gobernanza.
“Los datos (hasta ahora disponibles) no dicen mucho sobre los objetivos de la ley: si se están cumpliendo o no; si el alcance es bueno, regular o malo. Solo tenemos una foto con algunos resultados”, planteó Suárez.
A modo de ejemplo, el director del Observatorio Uruguayo señaló que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes –agencia de Naciones Unidas– es su momento mostró “espanto” por el incremento de la cantidad de consumidores de marihuana en Uruguay. Sin embargo, para hacer el cálculo había tomado como referencia la variación interanual de personas anotadas en el registro oficial. Y esto no necesariamente era un indicio del mayor número de usuarios, sino de quienes se inclinaban por el mercado legal.
De acuerdo a los datos del Observatorio de Drogas, actualmente hay 86.267 personas registradas como cultivadoras domésticas, adquirientes o miembros de clubes. Es el registro más alto desde que entró en vigencia la ley, pero se estima que en total representa al 34% del mercado.
CRECIÓ CONSUMO DE CIGARRILLOS ILEGALES
(TELEMUNDO)
En los últimos 15 años el consumo de cigarrillos ilegales pasó de 17% en 2008 a casi 29% este año, según un estudio encargado por la Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos a la consultora Factum.
En los departamentos de frontera con Brasil el incremento es sensiblemente mayor; el porcentaje pasó de 19% a 56% en el período estudiado. A su vez, la asociación estimó que la evasión de impuestos de esta mercadería de contrabando ronda los $ 4.600 millones anuales. El principal motivo de compra de cigarrillos ilegales es el precio, señaló el estudio. Quienes más consumen son jóvenes de entre 18 y 29 años, y las mujeres lo hacen más que los hombres. Las ferias son los principales puntos de compra, seguido de quioscos, almacenes y puestos ambulantes.
Factum señaló también que quienes compran cigarrillos ilegales consumen unos 20 por día, mientras quienes compran en forma legal consumen 16 por día.
MUJER CONDENADA POR ABUSAR DE ADOLESCENTE DISCAPACITADO
(SUBRAYADO)
Una mujer de 47 años fue condenada a dos años de cárcel por abusar sexualmente de un adolescente de 16 con discapacidad.
El hecho ocurrió en setiembre en la ciudad de Artigas, cuando el menor se dirigía a un centro de estudios. Cuando pasó por la casa de la mujer fue invitado a entrar. La madre del menor denunció el hecho ante la Policía. La mujer admitió los hechos y la audiencia fue realizada en las últimas horas. Deberá resarcir al joven con 12 salarios mínimos, estará inhabilitada a ejercer la patria potestad y el ejercicio de la función pública que implique trato con menores de edad por el plazo de 10 años.
