Día: 13 de mayo de 2024

Las estadísticas sobre salud mental en Uruguay son críticas desde hace algunas décadas. Sin embargo, se habla –como nunca antes– durante la actual campaña electoral, de una problemática que incluye a todas las poblaciones, franjas etarias y situaciones socioeconómicas.
Incluso a nivel global, los adolescentes se manifiestan en videos de Tik Tok y artistas juveniles editan temas que se vuelven virales, donde relatan sus estados de ánimo asociados a la depresión.
En los espacios televisivos exponen panelistas y, a modo de debate, calibran el cumplimiento de la legislación vigente, basados en el presupuesto destinado a la salud mental en Uruguay.
El presidente Luis Lacalle Pou anunció el 1º de marzo de 2023, en su anteúltima Rendición de Cuentas, una inversión de 20 millones de dólares en programas de salud mental, prevención y tratamiento de adicciones. No obstante, el incremento de la demanda por atenciones a nivel nacional muestra una insuficiencia en la disponibilidad de las citas con los especialistas.
La Ley 19.529 fue sancionada en el año 2017 y desde la administración anterior no se conocen ampliamente sus alcances. En realidad, con la excepción del año 2023 –cuando descendieron los casos de suicidios e intentos de autoeliminación–, los guarismos venían en franco crecimiento. Hasta el 2022 se registraron 823 muertes o una tasa de 23,2 suicidios cada 100.000 habitantes, que significa más del doble de la media del resto de los países de América Latina.
La depresión, las adicciones o el consumo de sicofármacos son algunos de los factores que inciden. Sin embargo, existe el convencimiento de que su abordaje debe ser casi exclusivo de la Psiquiatría o la Piscología. En realidad, va bastante más allá y compromete a la acción ciudadana. Las comunidades, asociaciones con vinculaciones en diversas áreas sociales, docentes, referentes barriales y los médicos de familia, entre otros, son agentes capacitados para detectar una problemática que, además, está especificado en dicha ley.
“En el proceso asistencial se integrarán los recursos comunitarios y se procurará la participación de familiares de las personas con trastorno mental”, dice el artículo 16 del Capítulo V.
El siguiente artículo define que el espacio de atención “debe realizarse preferentemente en el ámbito comunitario, en coordinación desde ese ámbito hacia los niveles de mayor complejidad cuando sea necesario. Esta atención se realizará en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial y estará orientado a la promoción, reforzamiento y restitución de los lazos sociales”.
El artículo 18 declara que “se fomentará el establecimiento de redes territoriales de atención, las que a su vez podrán articular su labor en cada zona con otros recursos existentes que puedan aportar a la promoción y prevención en salud mental”.
La ley, clara y vigente, confirma que el abordaje “multidisciplinario e intersectorial” incluye a una diversidad de actores que van más allá de las dos disciplinas básicas. Y la evidencia señala que ese abordaje temprano obtiene mejores resultados, en tanto un docente o un médico de familia no desconoce el entorno de aquel que pide ayuda.
La aplicación de la ley impulsará, necesariamente, a un cambio cultural y ayudará a comprender que hay más protagonistas en esta historia colectiva. Significará, además, optar por el primer nivel de atención en vez de un modelo enfocado en las especialidades. Bajará costos y mejorará los resultados, pero hace falta un mayor empoderamiento.
En ocasiones, la diferencia se encuentra en la relación empática entre médico y paciente, educador y alumno o padre e hijo, pero a menudo falta tiempo. En las citas médicas, en el aula, en el equipo deportivo que entrena y con las miradas puestas en las metas prestacionales, que no siempre son satisfactorias.
La Organización Mundial de la Salud define que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es una máxima que echa por tierra cualquier división entre mente y cuerpo.
En cualquier caso, los estigmas complican el abordaje de la salud mental y la ley prevé ese aspecto. Por eso, se abre a la participación de agentes comunitarios y equipos multidisciplinarios que generan una relación de continuidad, en el entendido de que no todas las personas cuentan rápidamente lo que les sucede o si se encuentran angustiados o bajo depresión.
Los problemas de depresión que aparecen en la adolescencia o en la juventud y se desarrollan en la adultez afectan, también, al capital humano y desatan efectos económicos tanto personales como en sus entornos.
En general, la consulta tardía parte de la creencia que no se trata de una enfermedad tan aguda como para pedir ayuda. Hasta que se transforma en una enfermedad, eleva los costos de las consultas y tratamientos, predispone al estigma y demora el acceso a las citas con especialistas.
Un capítulo aparte merecen quienes padecen enfermedades severas y llegan con dificultades a los cuidados oportunos. La evidencia se demuestra en los relatos familiares y de la comunidad en general. Así como las situaciones crónicas, como resultado de las adicciones que decantan en el rompimiento total de los vínculos y la consecuencia final de la situación de calle.
Por eso, el abordaje comunitario se vuelve necesario junto al trabajo de las comisiones departamentales de salud mental, donde se incluye la diversidad de actores que relata la ley. Pero un rápido relevamiento muestra su frágil cumplimiento.