La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –que integra EL TELEGRAFO– emitió en las últimas horas una declaración en la que expresó su alarma y anticipó su rechazo al artículo 72 de la ley de regulación de medios audiovisuales que el 14 de mayo obtuvo media sanción del Senado. La norma deja en manos del gobierno la decisión de qué se considera información “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, como indica el mencionado artículo. Eso es “extremadamente peligroso para los ciudadanos y la prensa independiente”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino, editado en Córdoba, La Voz del Interior.
La SIP instó a senadores oficialistas y autoridades gubernamentales a abstenerse de respaldar la iniciativa “por considerar que vulnera las libertades de expresión y de prensa”, pero la Cámara Alta le dio aprobación.
El artículo 72 de la propuesta legislativa de la coalición oficialista, “generó cuestionamientos y rechazo en medios de comunicación, académicos y organizaciones de prensa, entre otros sectores, al considerarlo un ‘retroceso’ por sus posibles efectos negativos en el ejercicio de la libertad de expresión y por vulnerar estándares internacionales en la materia”, indica la declaración de la organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas.
El proyecto de ley retornó a la Cámara de Representantes porque el Senado le introdujo modificaciones, pero solamente se podrá aprobar o rechazar el conjunto de la ley, y no modificarla, por lo que ese artículo en esa instancia no podrá ser quitado.
Diputados podrá pedir que se convoque a la Asamblea General, pero la SIP sostiene que “dada la alineación de las distintas fuerzas políticas, la iniciativa naufragaría y continuaría vigente la actual ley de regulación de medios audiovisuales. El artículo en cuestión solo puede ser anulado por veto del Poder Ejecutivo”.
Concretamente, el artículo 72 propuesto establece: “Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
“Esta obligación –señala el texto de la norma proyectada– comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, director del portal de noticias mexicano La Silla Rota, subraya que “esta imposición a los medios audiovisuales y a sus periodistas de brindar información, opiniones y comentarios de manera seria, completa, imparcial, rigurosa, equilibrada es inadmisible”.
“La norma, a su vez, también limitaría y lesionaría el derecho a la información de los ciudadanos, ‘por todo lo cual constituye un flagrante ataque a la libertad de expresión en todos sus alcances, libertad esta que es la piedra angular para la existencia de una sociedad democrática’”, agrega la SIP, citando a Rock.
Carlos Jornet aseguró que la organización que reúne a más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami “realizó gestiones inmediatas y al más alto nivel para que el artículo 72 no fuera respaldado, ya que dejar en manos de las autoridades la decisión de qué se considera información ‘completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada’ es extremadamente peligroso para los ciudadanos y la prensa independiente”.